No conforme con ignorar la Ley de Financiamiento Universitario, la administración libertaria realizó un nuevo ajuste sobre el presupuesto de las Facultades, el Conicet y la educación pública, que sufrió un recorte de 78.000 millones. También redujo un 60% la asignación para infraestructura universitaria y fulminó la inversión en desarrollo atómico y espacial. Los increíbles ajustes que afectan a las casas de estudio y a organismos como el Conicet, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Otra repudiable provocación oficial a horas de la movilización nacional por la Universidad pública. Becas de investigación, proyectos nucleares, compras de libros, digitalización e innovación tecnológica. Además de los gastos comunes que mantienen en pie a las Universidades nacionales, el Gobierno volvió a pasar la motosierra por gastos dedicados al desarrollo estratégico del conocimiento.
Un recorte que responde a un pedido expreso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y que ocurrió en la previa de la cuarta marcha federal en la que las casas de estudio de todo el país que este martes reclamarán por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario que actualiza por inflación los salarios y las cuentas corrientes para que las aulas sigan en funcionamiento.
Entre transferencias a universidades, educación y ciencia y tecnología, el Gobierno recortó gastos por casi $110.000 millones, según se desprende de la Decisión Administrativa 20/2026 publicada en el Boletín Oficial, como parte de lo solicitado por el jefe de los ministros al titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo. De acuerdo a fuentes oficiales, se trata de una medida tomada para “atender la exigencia de cubrir leyes que no tienen un respaldo financiero”.
Se refirieron así a la normativa vigente que el Ejecutivo suspendió de hecho luego de idas y vueltas en el Congreso y que este martes motivó una movilización bajo la consigna de la crisis presupuestaria.
Un retroceso histórico: peores niveles que en 2002 y 1976
En el caso de los gastos dedicados a la ciencia y la tecnología, el panorama es el de un virtual desmantelamiento de la matriz de investigación. La Función Ciencia y Técnica (FCyT) acumula una caída de ejecución del 39,3% en el primer cuatrimestre frente al mismo período de 2023, perfilando un retroceso real del 47,7% para el cierre del trienio, señaló la entidad que estudia los gastos del área.
Este hachazo sostenido ubicará al presupuesto del sector en apenas un 0,149% del PBI, lo que representa el nivel más bajo de toda la serie histórica iniciada en 1972.
Para dimensionar la magnitud del ajuste, la asfixia actual perfora incluso los pisos de financiamiento registrados durante la peor etapa de la crisis de 2002 (0,177%) y el inicio de la dictadura en 1976 (0,194%). Los números oficiales, además, sepultan por completo el cumplimiento de la suspendida Ley de Financiamiento del sector, que obligaba al Estado a alcanzar una inversión del 0,520% del PBI para este año.
Además del desplome del 40,3% en el poder adquisitivo de salarios y becas del CONICET desde noviembre de 2023, los fondos destinados a mantener activos los proyectos están al borde de la parálisis: la Agencia I+D+i (principal fondo sectorial de inversión) sufre una brutal caída del 86,3% en los últimos tres años. A esto se suma el ahogo a organismos de punta, con recortes que alcanzan el 61,2% para la CONAE – clave en la participación nacional dentro de la misión aeroespacial Artemis de la NASA – y cercanos al 47% para la CNEA y el INTA.
La postal del apagón científico se agrava al revisar la caja diaria: del escaso presupuesto ejecutado en concepto de transferencias, el 43,3% figura hoy como “deuda flotante”. Es decir, de los pocos fondos aprobados para sostener al sistema, casi la mitad se encuentra impaga.
Perfil/Página 12