Con el ampuloso título de “Argentina no negocia con terroristas”, el ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona se refirió a las y los integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu que el lunes fueron condenados por los delitos de usurpación y resistencia a la autoridad. Lo hizo porque su cartera anunció la suspensión de los acuerdos que había firmado esa Lof en 2023, que involucraba tierras en Parque Nacional Nahuel Huapi, y los acusó de ser criminales “autodenominados mapuches”. Además, el gobierno de Javier Milei cerró del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (ReNaCi) e intenta disolver el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
“Durante 6 años, grupos autodenominados mapuches han usurpado y atentado contra el patrimonio de los argentinos, ignorando la ley y la autoridad. La solución del gobierno anterior fue regalarles tierras. Eso se terminó, anulamos ese acuerdo”, expresó Cuneo Libarona en un posteo en su cuenta de la red social X, al referirse a las mesas de diálogo que tuvieron lugar durante los meses finales de la administración de Alberto Fernández, pero que ya la justicia patagónica había ignorado al iniciar el juicio a ocho miembros de esa Lof ubicada en Villa Mascardi, que terminó ayer con la condena de siete de ellos.
El desconocimiento del acuerdo firmado el 2 de junio de 2023 en la Tercera Mesa de Diálogo –de la que participaron el ex secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla, Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, Adolfo Pérez Esquivel, Cristina Camaño, Carolina Varsky, Andrea Reile, organismos de derechos humanos y organizaciones indígenas– no fue notificado a los integrantes de la Lof Laken Winkul Mapu. Sin embargo, desde la comunidad indicaron que la mención de “autodenominados mapuches” en el comunicado de Nación viola “el principio de autodeterminación de los pueblos que está consagrado en los convenios internacionales, en la Constitución y en leyes provinciales como la de Río Negro”.
“La personería jurídica no puede ser una excusa para no respetar los derechos comunitarios, los gobiernos tanto nacional como provincial no pueden exigir una personería para garantizar un derecho, cuando son ellos los que otorgan las personerías”, se quejó el referente de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo. En teoría, a partir de ahora las provincias deberán ocuparse del registro de las personerías jurídicas de las comunidades.
Cuesta del Ternero
Hoy se conocerá la sentencia en otro juicio contra una comunidad mapuche cercana a El Bolsón, en Cuesta del Ternero. Se trata de seis integrantes de la Lof Quemquemtreu imputados del delito de usurpación, para quienes la querella del empresario Rolando Rocco y la fiscalía de Betiana Cendón solicitaron un veredicto condenatorio. El 21 de noviembre de 2021 allí fue asesinado Elías Garay, un joven de 29 años que había sido parte de la recuperación territorial. El 14 de diciembre de 2022 el Tribunal de Bariloche condenó por el crimen a Diego Ravasio y a Martín Feilberg, empleados de Rocco. Romina Jones, integrante de esa Lof, destacó en aquel momento que “lo importante, y lo que creemos que sienta un precedente, es que hayan culpado a ambos”. Hoy Jones, prima de Facundo Jones Huala, está sentada en el banquillo de los acusados.
Un mes antes del asesinato de Garay, el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura había realizado un informe en el que verificó las violaciones a los derechos humanos denunciadas por la comunidad. El comisionado Gustavo Palmieri y el abogado del Comité, Ignacio Di Giano, mantuvieron un encuentro con integrantes de la Lof, que realizaban un acampe entre los retenes de control policial de acceso al paraje. “Las acciones llevadas a cabo comprenden una acción de protesta por su derecho al acceso a tierra ancestral”, dice el informe al que accedió Página12. “Luego de las acciones desplegadas por las fuerzas de seguridad, entre la noche del día 24 y las primeras horas del día 25 de septiembre, perdieron contacto directo con miembros de su Lof, quienes se encontrarían en los cerros”, describieron los mapuche ante el Comité. Esta situación resultaba preocupante “pues, al existir un impedimento de ingreso a las tierras donde se ejerce la medida de protesta, desconocen el estado de salud de sus pares a quienes no pueden acercarles ni alimentos, medicación, o ropas abrigo”.
También mencionaron que “el operativo de identificación realizado por la policía fue violento en términos de violencia física, simbólica y material; hubo uso excesivo de la fuerza al momento de detener a quienes no se identificaron, por ejemplo, arrojándolos al suelo boca abajo, colocándole los agentes sus miembros inferiores en espalda o cabeza, ejerciendo presión hacia el suelo, luego de haberles sujetado las manos por la espalda”. En sus conclusiones, el Comité señaló que “se ha podido confirmar la existencia de restricciones sobre las personas que participan del reclamo incompatible con los estándares internacionales y nacionales aceptados para estas situaciones, las cuales además afectan a integrantes de comunidades que deben ser especialmente protegidas”. El organismo expresó que “de los hechos narrados resulta alegaciones de violencia material y simbólica”, como la destrucción del rewe (altar sagrado).
Página/12