El Gobierno asegura que aplica por “goteo” la Ley de Emergencia en Discapacidad e insistirá con cambios para acotar su impacto fiscal desde las sesiones ordinarias de marzo en el Congreso. El Ejecutivo sostiene que deriva recursos mínimos de forma mensual para no quedar en infracción, mientras prepara una estrategia parlamentaria para impulsar modificaciones.
Se trata de la respuesta de la Casa Rosada ante la intimación de la Justicia para que aplique las erogaciones desde el 4 de febrero e informe el avance de su ejecución. En Balcarce 50 admiten que cumplen con los pisos legales mínimos, pero que no tienen previsto incorporar el gasto total anual a las asignaciones presupuestarias.
Según la Oficina del Presupuesto del Congreso, la aplicación plena de la ley tiene un impacto anual de entre 0,28% y 0,51% del PBI. En los equipos técnicos del oficialismo mantienen la postura de que su implementación total deriva en que el Presupuesto 2026 incurra en déficit, junto con otros puntos del artículo XI que se cayó en Diputados.
Es por eso que la mesa política tiene lista una contrapropuesta para enviar al Congreso. El texto mantiene la declaración de emergencia, pero plantea que la prestación quede atada a parámetros previsionales: establece la pensión en 70% del haber mínimo jubilatorio y habilita su compatibilidad con trabajo formal si los ingresos no superan dos salarios mínimos.
El proyecto abarca además una compensación retroactiva para prestadores y propone un ajuste trimestral de aranceles a cargo de Salud y la Andis, con cláusula de referencia al IPC si no hay definición. Abarca también cambios a la Ley de Financiamiento Universitario.
Para las Universidades, impulsa la actualización automática por un esquema acotado: 20% de aumento en gastos de funcionamiento respecto de 2025 y actualización salarial escalonada con un 5% desde diciembre de 2025 y luego cuatro subas mensuales del 2% entre enero y abril de 2026.
El Gobierno busca negociar con los gobernadores aliados para tener los votos para sancionarla y no descarta sumarla a las negociaciones sobre los cambios tributarios de la reforma laboral. “Si quieren que nos pongamos de acuerdo, que nos voten a favor en Discapacidad y Universidades”, expresan.
TN