A través de dos decretos firmados este domingo 12 de noviembre, el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, el Poder Ejecutivo promulgó dos leyes aprobadas por el Parlamento chaqueño que regulan el proceso de concurso de antecedentes y oposición para la regularización del personal de la administración pública provincial que actualmente se encuentran contratados y que se prevé se extienda desde 2023 a 2030. Los decretos también llevan la firma del ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons.
Vale recordar que los decretos originales fueron judicializados por abogados de la Unión Cívica Radical y el juez Civil y Comercial Nº 17 de Resistencia, Orlando Beinaravicius, dictó medidas cautelares que los dejaron sin efecto. Las medidas se encuentran apeladas por la Asesoría General del Gobierno del Chaco.
Paralelamente, el fiscal de Estado, Roberto Herlein, se presentó ante el Superior Tribunal de Justicia pidiendo que se declare la inconstitucionalidad del decreto 2656/23. En tanto, la UPCP y el ministro Pérez Pons también recurrieron al STJ del Chaco para que anule las resoluciones que dejaron sin efecto los decretos de pase a planta, cuyo proceso era uno de los acuerdos entre el Poder Ejecutivo y los gremios UPCP, ATE y UPCN que fueron incorporados al Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Provincial que se encuentra en plena vigencia.
A la hora de resolver sobre los decretos judicializados, ahora el STJ deberá tener en cuenta que los mismos ya fueron convertidos en ley. Es decir, ya fueron refrendados por otro de los poderes del Estado, por lo que podría declarar abstractos los planteos teniendo en cuenta que no hay materia para resolver. En ese caso, deberían ponerse en marcha los mecanismos que establecen las leyes flamantemente promulgadas por el Ejecutivo.
Cabe consignar, además, que en varias sentencias referidas a pases a planta en la administración pública provincial el máximo órgano judicial del Chaco viene sosteniendo el criterio convencional y constitucional de que los ingresos deben estar precedidos por concursos de antecedentes y oposición tal como lo establecen las leyes promulgadas.