El fiscal federal de Resistencia Patricio Sabadini pidió ayer ampliar la investigación contra los secretarios del Juzgado Federal Nº 2 de Resistencia, Fernando Pastore, Agustín Blanco y Susana Bottegoni a quiénes les imputa una serie de delitos que habrían cometido cuando actuaron como secretarios subrogantes en el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña.
La presentación fue realizada ante el Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia, que en esta causa subroga la jueza formoseña Belén López Mace. A los tres se les imputa el delito de violación de deberes de funcionarios públicos. A Pastore y Blanco también los acusa por el delito de coacciones, al primero de ellos también por falsedad ideológica y al segundo por el uso de documento público falso.
Para el fiscal Sabadini, los imputados habrían llevado adelante una persecución contra los empleados de la Secretaría Penal del Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, especialmente contra las mujeres. Fue luego de que el juez federal Nº 2 de Resistencia, Ricardo Mianovich, desembarcara en Sáenz Peña como subrogante tras la salida del exconjuez federal de esa jurisdicción, Miguel Mariano Aranda, quién fue elevado a juicio oral acusado por liderar una presunta asociación ilícita para proteger a narcos cuando se encontraba al frente del juzgado federal de la segunda ciudad del Chaco.
Según consigna el requerimiento fiscal, desde la asunción del juez Mianovich “comenzaron una serie de irregularidades en la gestión del personal del Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, que implicaron casos de abuso de autoridad, maltrato y hasta un sumario administrativo por parte de funcionarios que acompañaron al nuevo Magistrado en su gestión”. En algunos casos, estas prácticas estarían apoyadas en razones que tendrían su origen en la causa en la que se investigó al Dr. Miguel Mariano Aranda por hechos de corrupción y que culminó con su desvinculación del cargo que ostentaba. En otros -sostiene el fiscal-, simplemente se observa un hostigamiento arbitrario, así como una persecución que, conforme constancias que conforman el presente expediente, tendrían el afán de remover a funcionarios de la localidad de Sáenz Peña de sus cargos, presionándolos para que tomasen licencia de sus actividades laborales”.
El funcionario del Ministerio Público Fiscal también señaló en su presentación que la presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Rocío Alcalá, habría estado al tanto de la situación que atravesaba el personal del Juzgado Federal de Sáenz Peña y que además en una reunión les recriminó que no hayan formalizado quejas o denuncias contra sus superiores. En ese sentido, Sabadini advirtió que “al día de la fecha, y luego de que los empleados hayan manifestado estos hechos a la jueza Alcalá, no existe constancia de apertura de sumario alguno contra los responsables. Esto permite colegir que los empleados maltratados ya desde la gestión Aranda debieron ser seguidos de cerca. Fueron librados a su suerte, especialmente las mujeres de la secretaría penal”.
De la presentación judicial, el fiscal remitió copias al Consejo de la Magistratura de la Nación, a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la presidencia de la Cámara Federal de Apelaciones y al Ministerio de Justicia de la Nación a los fines corresponda, independientemente de la causa penal en trámite en la presente jurisdicción.