Fabián “Pepín” Rodríguez Simón se encontró con un escollo para su regreso a la patria. El fiscal Guillermo Marijuan apeló la decisión de la jueza María Servini de eximirlo de prisión después de haber estado más de tres años prófugo en Uruguay. La Sala II de la Cámara Federal deberá decidir si convalida la resolución de Servini y allana el camino para que el operador judicial de Mauricio Macri retorne al país.
El martes, el abogado de Rodríguez Simón, Gustavo de Urquieta, se presentó en Comodoro Py para avisar que su defendido quería volver y, por ende, ponerse a derecho. Según “Pepín”, con el cambio de gobierno, se habían terminado sus temores de ser “perseguido”.
Marijuan rechazó la pretensión de eximirlo de ir a la cárcel. El fiscal dijo que se lo investigaba en una causa grave en la que están involucrados funcionarios del más alto nivel –entre otros, el propio Macri. A “Pepín” se lo acusa de haber presionado, durante el gobierno de Cambiemos, a Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del Grupo Indalo –propietario del canal C5N– para desapoderarlos de sus bienes.
A contramano de lo que planteó Marijuan, la jueza Servini le concedió el miércoles la exención de prisión. Dijo que era una muestra de “cuán errado” estaba Pepín cuando planteó que era víctima de una persecución en la Argentina. La magistrada dispuso que para quedar libre el operador debería abonar una caución de 3.120.000 dólares y que no podría ausentarse de su domicilio por más de 24 horas y que debería presentarse mensualmente en el juzgado.
Marijuan hizo que el regreso de “Pepín” quede en suspenso porque apeló la resolución de Servini. El fiscal le recordó a la jueza muchos de los argumentos que ella misma había dado cuando dictó la captura internacional y ordenó la extradición de Rodríguez Simón.
“Pepín” se fue del país el 8 de diciembre de 2020. Ya estaba siendo investigado por los aprietes al Grupo Indalo, pero no avisó en el juzgado que viajaría. Se trasladó en medio del aislamiento obligatorio por el Covid-19.
Recién en marzo de 2021, cuando lo llamaron a indagatoria, “Pepín” avisó que estaba trabajando en Uruguay y que volvería el 15 de mayo. Explicó que estaba asesorando a inversores argentinos radicados allí y que estaba con un emprendimiento turístico en la zona de Rocha.
Servini puso una nueva fecha de indagatoria. Pero “Pepín” no apareció. La jueza se enteró a través de una entrevista en el canal La Nación+ de que el operador no iba a presentarse porque había iniciado los trámites para que le otorgaran el asilo como refugiado –asilo que no consiguió.
Marijuan remarcó que a “Pepín” lo investigan por amenazas –que tiene una pena de dos a cuatro años de prisión– y por extorsión –que tiene una pena de cinco a diez años de prisión. “La escala prevista para los delitos por los cuales fue convocado a brindar declaración indagatoria no permite la concesión de la exención de prisión del imputado”, escribió el fiscal.
“No desconoce el suscripto que existen en nuestro ordenamiento legal distintas medidas menos lesivas que el encarcelamiento para asegurar los fines del proceso, mas, las circunstancias descritas hacen considerar fundadamente que ninguna de ellas resultaría suficiente para evitar el riesgo de fuga”, añadió Marijuan.
La Sala II de la Cámara Federal porteña –integrada por Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah– es la que deberá revisar la resolución de Servini recurrida por Marijuan.
La otra sala de la Cámara Federal tiene que decidir si convalida el cierre de otra causa en la que estaba acusado “Pepín”: la de la mesa judicial macrista, donde se describían aprietes a jueces y fiscales que no comulgaban con el gobierno de Macri. En el caso de Rodríguez Simón, él estaba acusado de haber amenazado a la procuradora general Alejandra Gils Carbó para que renunciara a su cargo.
Página/12