El fiscal general advirtió que un sitio web que imitaba el diseño del diario Clarín difundió información e imágenes apócrifas sobre una supuesta cuenta con fondos no declarados a su nombre. La publicación promocionaba una plataforma automatizada y solicitaba datos personales y depósitos de dinero a los usuarios.
El titular de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales Federales porteños, Diego Luciani, formuló ayer una denuncia penal ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo del fiscal general Horacio Azzolin, por una maniobra que utiliza una noticia falsa sobre su persona como señuelo para promover una supuesta plataforma de inversión y captar datos personales y dinero de potenciales víctimas.
En la presentación, Luciani solicitó la adopción urgente de medidas para preservar la prueba, investigar los hechos e identificar a las personas responsables. También requirió que se evalúen las medidas necesarias para impedir la continuidad de la maniobra y alertó sobre el riesgo de que usuarios desprevenidos sean víctimas de una estafa.
Según expuso en la denuncia, el fiscal general recibió ayer a través de la aplicación de mensajería WhatsApp una publicación del sitio rondapa.live que imitaba las características de formato, diseño y tipografía del portal de noticias de Clarín y que incluía la firma del periodista Mariano Boettner.
La nota, titulada “Escándalo en Argentina: a un fiscal federal le descubren fondos no declarados por más de 2 mil millones de pesos”, afirmaba falsamente que Luciani poseía una cuenta con esa suma de dinero no declarada, que habría sido detectada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
De acuerdo con la denuncia, la publicación sostenía que esos fondos provenían de los rendimientos obtenidos mediante una supuesta plataforma automatizada basada en inteligencia artificial denominada “Nuntron”. Además, incluía imágenes y capturas apócrifas atribuidas al BCRA, al Banco de la Nación Argentina (BNA) y a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Luciani señaló que la maniobra afectaba su reputación, dado que lo vinculaba falsamente con supuestas operaciones ilegales destinadas a obtener un enriquecimiento indebido. “Como puede observarse fácilmente, esta operación de desprestigio afecta mi buen nombre y mi honor porque señala que llevé adelante maniobras ilegales para enriquecerme indebidamente, lo cual es absolutamente falso”, sostuvo en la denuncia.
También destacó que la utilización de la identidad visual y del nombre de un medio de comunicación de amplia difusión buscaba otorgar apariencia de veracidad a la publicación y favorecer su propagación.
La “fake news” como “anzuelo” para captar dinero y datos personales
En la presentación, el fiscal general advirtió que la publicación podría constituir un “anzuelo de fraude financiero” o un esquema de inversión fraudulenta, en el que la información falsa sobre su persona sería utilizada como recurso para inducir a los usuarios a registrarse en la plataforma y realizar depósitos. En ese sentido, sostuvo que “a través de la calumnia o la injuria, la nota busca captar datos personales y depósitos de dinero de las víctimas, para estafarlas”.
Según detalló, el contenido incluía testimonios atribuidos a supuestos empleados de Clarín que afirmaban haber obtenido ganancias y retirado dinero luego de invertir en “Nuntron”. Al respecto, Luciani cita el siguiente tramo de la falsa noticia: “Intentábamos retirar los fondos y, francamente, esperábamos algún tipo de trampa. Comisiones ocultas, demoras, cuenta bloqueada —estábamos seguros de que algo así iba a aparecer—. Sin embargo, el dinero llegó a las cuentas bancarias de nuestros periodistas en pocos minutos”.
La nota también mostraba imágenes de presuntos depósitos y simulaba comentarios de usuarios que aseguraban haber obtenido importantes beneficios o recibido fondos en sus cuentas. Además, la publicación presentaba un formulario con una serie de pasos para realizar una inversión. Entre ellos, solicitaba ingresar el nombre, una dirección de correo electrónico y un número de teléfono, y requería efectuar un depósito inicial de 300.000 pesos. También indicaba que un asesor se comunicaría con las personas registradas para confirmar sus datos. Para Luciani, esos elementos constituían incentivos dirigidos a que los usuarios invirtieran dinero en la plataforma y, eventualmente, fueran víctimas de una estafa.
Por último, indicó que el sitio incluía un logo presuntamente falsificado. Por eso, solicitó que se adopten medidas urgentes para preservar el contenido, investigar el funcionamiento de la maniobra y determinar quiénes se encuentran detrás de las acciones denunciadas. El fiscal general también consideró necesario alertar a la población sobre esta modalidad de fraude y acompañó a la denuncia una copia de la publicación y la información obtenida a partir de una consulta sobre el registro del dominio.
Tanto desde la Fiscalía General N°1 ante los TOF como desde la UFECI advirtieron que cualquier persona que reciba este mensaje lo desestime y que quien haya sido víctima de esta o de otra estafa similar realice la correspondiente denuncia al correo electrónico denunciasufeci@mpf.gov.ar.
Antecedentes de otras estafas
Esta no es la primera vez que el nombre o la imagen del fiscal general Luciani son utilizados en maniobras fraudulentas. En octubre de 2023, la UFECI y la Fiscalía General N°1 ante los TOF de Capital Federal advirtieron sobre la circulación de un correo electrónico apócrifo, atribuido a la Policía Federal Argentina, que informaba falsamente a sus destinatarios que eran investigados por delitos sexuales por disposición de Luciani. El mensaje buscaba generar temor para obtener datos personales y, posteriormente, exigir el pago de una suma de dinero bajo la apariencia de un supuesto “arreglo amistoso” que permitiría cerrar la investigación.
En noviembre de 2024, la UFECI también alertó sobre otras modalidades de ciberestafa difundidas a través de WhatsApp, en la que se utilizaba el nombre de Azzolin y la fotografía de Luciani en el perfil de un usuario que se identificaba con otro nombre y enviaba un falso escrito judicial. Mediante amenazas de una supuesta condena por hechos de índole sexual, los responsables exigían el pago de dinero y procuraban que las personas destinatarias respondieran los mensajes y proporcionaran información personal.
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