Según el sitio Minuto Uno, la resolución del magistrado provocó un revuelo en el Poder Judicial de nuestra provincia por las ”graves acusaciones del fiscal Patricio Sabadini, quien apeló duramente la decisión judicial”.
La resolución cuestionada se relaciona con la entrega definitiva de dos inmuebles decomisados (en una causa de lavado de activos) al Ejecutivo chaqueño y al Ministerio de Seguridad de la Nación. Pero la decisión más cuestionada fue la entrega definitiva de una camioneta Hilux al presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, organismo para el que el juez había trabajado, según consignó el fiscal.
Según el escrito de apelación, el Juez dictó una resolución en la que “de manera arbitraria, irregular y no menos sorpresiva, realizó una disposición definitiva de los bienes”. Según Sabadini, ”la decisión fue dictada en contra de las leyes, de manera arbitraria y sin cumplir los recaudos formales para ordenar una inscripción definitiva”.
Destacó el fiscal que tampoco se notificó a la Unidad de Información Financiera (UIF).
La entrega de la Hilux al Tribunal de Cuentas
El juez justificó su decisión en diversas razones: “La exposición al sol es un factor de deterioro, pero también estos secuestros (de vehículos) provocan infinidades de enfermedades y daños al suelo y medioambiente”.
“La acumulación de vehículos genera proliferación de roedores portadores de hantavirus, y otras enfermedades, como dengue, imposible de combatir ya que las fumigaciones no alcanzan las superficies por las superposiciones de aquellos, y la entrada restringida en los lugares vallados, convirtiéndose en grandes contenedores de agua de lluvia estancada”.
El fiscal, en su apelación sostuvo que si bien hubo una presentación reciente del presidente del Tribunal de Cuentas, Juan José Fuentes Castillo, que data del 23 de abril del corriente, en la misma se solicitó la posibilidad de entrega en calidad de depositario judicial, no definitiva de vehículos.
Duras críticas al juez
“Apartado destacado merece la actitud extrajurisdiccional tomada por el Magistrado en el destino de los bienes decomisados, que lo deberían obligar al mismo a replantear si su tarea debe ser jurisdiccional u optar por una carrera política aunque por fuera del poder judicial”, cuestionó el fiscal Sabadini.
“Ser juez y dedicarse a la actividad política son incompatibles en una República”, fustigó el fiscal. Sabadini remarcó que a la hora de evaluar el destino de los bienes en cuestión, el juez ni siquiera tomó en cuenta la posibilidad de asociación u ONG, o sectores vulnerables o carenciados o de salud.
Por el contrario, “decidió de modo discrecional y definitivo” la entrega al Gobierno de la Provincia del Chaco y a un organismo, “en el que incluso el magistrado prestó funciones antes de ser juez federal como lo es el Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chaco, por lo que la irregularidad se advierte aún más relevante”.
Minuto Uno