El extitular de Vialidad era el super-testigo que esperaba la fiscalía. Repitió falsedades que ya se descartaron en el juicio por las rutas de Santa Cruz. Se quedó sin respuesta varias veces.
El testigo estrella de este martes en la causa Cuadernos, el ultramacrista, extitular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, repitió en el juicio una larga serie de falsedades que ya se desmintieron en el juicio conocido como Vialidad. Por ejemplo, que se pagaron obras que no se hicieron. Era la gran acusación al principio de la causa y naufragó de tal manera que ni siquiera figuró en la condena. Es más, Iguacel mandó a hacer una auditoría y la conclusión fue que no se pagó nada que no se hubiera construido y que era falso que las rutas no llevaran a ninguna parte. Pero no fue el único agujero del testimonio: Iguacel trastabilló varias veces en su declaración. Dijo que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner las constructoras se cartelizaron y cobraron un sobreprecio de 40 por ciento, pero cuando le preguntaron si hizo la denuncia, admitió que solo hizo entre 10 y 12, cuando las obras realizadas eran más de 500. Respecto a si reclamó judicialmente ese 40 por ciento, tampoco tuvo contestación alguna. Incluso alardeó de una denuncia, por la autopista Richieri, pero resulta que la causa fue sobreseída.
La jornada resultó muy extensa, aunque todo estaba centrado en la presencia de Iguacel, porque un punto clave del juicio Cuadernos es que los empresarios pagaron coimas por las licitaciones viales que ganaron. Al principio nomás del testimonio, el exfuncionario dijo que le habían contado que los adelantos que se pagaban por las obras estaban todos destinados a pagar coimas a los gobiernos kirchneristas. Cuando le pidieron alguna precisión, solo dijo que se lo contó Sergio Passacantando, gerente de administración de Vialidad. A preguntas del defensor de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, Iguacel volvió con una afirmación falsa: que las obras en tiempos de Mauricio Macri salieron más baratas y eso probaba los sobreprecios. En las pericias que se hicieron sobre distintos tramos, quedó claro que se pagó menos porque ya se habían hecho buena parte de las obras. O sea, no se empezaba de cero. Y, en general, el gobierno del PRO frenó la gran mayoría, casi la totalidad, de lo empezado. Solo se avanzó con la Ruta 3.
En esa parte del testimonio, Beraldi le nombró a todos los empresarios de la construcción —casi todos alineados con el macrismo— e Iguacel señaló que la gran mayoría integraba la cartelización. Cuando le preguntaron por qué no los denunció, solo pudo contestar que hizo 10 o 12 denuncias, del total de 500 obras que se habían hecho. Hubo un momento en que el exfuncionario se quedó sin palabras. “Ud. acaba de decir que una de sus denuncias fue por la Autopista Richieri. En concreto, denunció a la empresa Aecsa del Grupo Indalo. ¿Ud sabía que en esa causa se dictó el sobreseimiento por inexistencia de delito?”, le preguntó Beraldi. “Sí”, respondió Iguacel. “¿Y por qué no lo dijo?”, cerró el abogado de CFK. El exfuncionario no tuvo respuesta.
Iguacel también trastabilló cuando sugirió que la trama de corrupción se armó con la designación de Passacantando mediante decreto, “algo que no ocurrió en toda la historia”. El abogado del exfuncionario le leyó decretos anteriores, de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, designando gerentes de Vialidad, con lo cual Iguacel tampoco tuvo respuesta: “Es lo que me dijeron”, se limitó a decir.
Tampoco contestó ante preguntas de Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de Roberto Baratta, cuando relató que hubo un empresario que fue a su oficina “a continuar con prácticas ilegales”. “¿Ud. hizo la denuncia?”, inquirió la letrada. “Sí, pero no me acuerdo del nombre del empresario”. Tanto Gómez Alcorta como otro abogado, Zenon Ceballos, recordaron que Iguacel estuvo procesado por el escandaloso caso de los peajes de la Panamericana, uno de cuyos accionistas era Mauricio Macri. En ese caso, el peaje subió de 4 pesos a 75,50 y Macri, supuestamente, vendió su parte después del aumento y una renovación asombrosa del contrato con la empresa española encabezada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Las operaciones de la familia Macri se hicieron a través de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Liechtenstein y la supuesta venta —las acciones se multiplicaron por 40 gracias al aumento del peaje— se hizo a una sospechosa empresa, sin antecedente alguno. De todas maneras, la Cámara Federal M (por macrista) terminó revocando el procesamiento.
Los aprietes y maniobras asombrosas de la causa —dijeron que los cuadernos se quemaron y después reaparecieron, justo antes de las elecciones— frustraron una real investigación sobre el llamado Club de la Construcción, integrada por empresas principalmente ligadas al macrismo. El objetivo nunca fue saber la verdad, sino la persecución de los gobiernos kirchneristas.
Página/12