Manuel García-Mansilla –el juez de la Corte Suprema que llegó a la cima del Poder Judicial por una designación a dedo de Javier Milei– fue uno de los férreos detractores de anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que produjo el Congreso a mediados de 2003 como parte de un renovado compromiso con la búsqueda de verdad y justicia. El abogado llegó a comparar la decisión de ambas cámaras con las prácticas del régimen nazi.
En la noche del 21 de agosto de 2003, el Senado dio por anuladas las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), que impedían el juzgamiento de quienes habían cometido crímenes durante la última dictadura. Dos semanas después, García-Mansilla publicó un texto en la portada de la revista El Derecho, que edita la Universidad Católica Argentina (UCA) y que, por entonces, tenía en su comité editorial a Guillermo Yacobucci, actual juez de la Cámara Federal de Casación Penal. El título del artículo de García-Mansilla se preguntaba: “¿El Congreso tiene facultades para anular una ley?”.
García-Mansilla –que acababa de terminar una maestría en la Universidad de Georgetown– expresaba su profundo rechazo a la ley 25.779 sancionada por el Congreso, a través de la cual se declaraba nulas las normas pro-impunidad. Decía que lo que había pasado en el Parlamento era sumamente grave. “La gravedad, entonces, consistiría en que el Congreso estaría invadiendo esferas propias del Poder Judicial, con evidente afectación del principio de separación de poderes”, escribió entonces.
“Lo que primó –continuó– fue la voluntad política para obtener un resultado determinado, sin hacer la menor consideración ni análisis acerca de la imposibilidad de que el Congreso tenía de arrogarse la facultad de anular una ley. Esa actitud se asemeja peligrosamente al decisionismo schmittiano, donde lo político es lo único que cuenta, aún frente a ese vallado insalvable protector de las libertades republicanas que es la limitación establecida en la Constitución Nacional para el ejercicio de los poderes del gobierno. Es sobradamente conocido qué régimen encontró su justificación en Karl Schmitt”. Hacía referencia al nazismo.
Lo curioso es que García-Mansilla, que defendía la potestad de los jueces para decidir sobre la validez de esas leyes, en ningún apartado del texto hace referencia a que ya habían sido declaradas inconstitucionales por el juez Gabriel Cavallo en 2001, decisión que fue convalidada por la Cámara Federal de Comodoro Py ese mismo año.
El texto de García-Mansilla fue invocado en 2010 por la Cámara Federal de San Martín al declarar la inconstitucionalidad de la ley que declaraba nulas el Punto Final y la Obediencia Debida. El fallo fue motorizado por Florencio Varela, defensor de genocidas y secretario del Menor y la Familia durante la dictadura.
La postura de García-Mansilla frente a las causas de lesa humanidad genera preocupación. Así lo hizo saber la senadora de Unión por la Patria (UxP) Juliana di Tullio el 28 de agosto pasado, cuando el abogado se presentó ante la Comisión de Acuerdos del Senado para defender su nominación a la Corte. Di Tullio le preguntó cuál era su postura.
“La persecución de delitos aberrantes, como son los delitos de lesa humanidad, es una jurisprudencia internacional que comenzó con el Juicio de Nüremberg. Es una jurisprudencia que considero válida. La Corte Suprema tiene un largo recorrido jurisprudencial en esta materia y coincido con los fallos de la Corte”, respondió.
En ese mismo momento, dijo que consideraba que los delitos cometidos por particulares en los años ‘70 estaban prescriptos –en una sintonía distinta a la de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que contó que lo tenía como especialista de consulta en temas constitucionales. García-Mansilla, además, consideró que una ley contra el negacionismo podría ser inconstitucional.
García-Mansilla ya desarrolló cierta experticia en decirle una cosa al Senado y hacer otra. Ya lo hizo cuando le aseguró a la senadora Anabel Fernández Sagasti que él no asumiría en comisión en la Corte Suprema. No solo asumió sino que también juró en una ceremonia secreta. La situación de García-Mansilla en el máximo tribunal es endeble. Se están reuniendo voluntades en el Senado para convocar a una sesión especial para rechazar su pliego. Pretenden, de esa forma, forzar su salida del Palacio de Justicia. Por el contrario, el Gobierno insistirá con que tiene estabilidad en el cargo hasta el 30 de noviembre, como ya anticipó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Diferencias e intenciones
En realidad, los fallos de la Corte en esta materia no son coincidentes con lo que planteó García-Mansilla en su texto de septiembre de 2003. En 2005, el máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en el caso en el que se investigaba al integrante de la Policía Federal Argentina (PFA) Julio Simón por los secuestros, tormentos y desaparición de José Liborio Poblete y Gertrudis Hlaczik, que posibilitaron el secuestro y apropiación de la hijita de la pareja, Claudia Victoria.
En ese momento, la Corte declaró la validez de la ley 25.779, a contramano de lo que sostenía García-Mansilla. “El contenido mismo de lo declarado por la ley 25.779 coincide con lo que los jueces deben declarar con relación a las leyes referidas. Diferente sería la cuestión, si la nulidad declarada por ley fuera contraria a derecho”, escribieron entonces los supremos. “La ‘ley’ solo es apta para producir un efecto político simbólico. Su efecto vinculante para los jueces solo deriva, en rigor, de que la doctrina que consagra es la correcta: la nulidad insanable de las leyes 23.492 y 23.521”. completaron.
No es en la única materia que García-Mansilla tiene posturas distintas a la que sostiene la Corte. Por ejemplo, en 2014, escribió que “no existen ineludibles razones normativas que obliguen a un juez federal a renunciar a los 75 años”. Nueve años después mostraba otros matices, sobre todo porque se estaba discutiendo si la jueza Ana María Figueroa debía seguir en la Cámara Federal de Casación. “Más allá de las críticas que se pueden hacer sobre el fallo ‘Schiffrin’ y la normativa destinada a implementarlo, lo cierto es que hasta tanto no sea dejado de lado por la misma Corte Suprema, no puede ser desconocido”. Al momento de objetar su postulación, la ONG Poder Ciudadano trajo a colación esta postura de García-Mansilla y se preguntó si no ponía en evidencia sus intenciones de modificar precedentes arraigados y que hacen a la seguridad jurídica.
Los bufetes de la concordia
García-Mansilla declara que en agosto de 2010 se sumó a Liendo & asociados. Allí, dice, se dedicó a hacer litigio estratégico ante el sistema interamericano de derechos humanos. El estudio jurídico –que, en realidad, pasó a llamarse así en 2013– está integrado por Carlos Gustavo y Horacio Tomás Liendo. Ambos son hijos de Horacio Tomás Liendo, ministro de Trabajo del dictador Jorge Rafael Videla.
Para el momento en que García-Mansilla se sumó al bufete, los hermanos Liendo ya habían firmado una carta pública destinada a Ricardo Lorenzetti, por entonces presidente de la Corte Suprema. Se presentaban como integrantes de Justicia y Concordia, una asociación que se había conformado en agosto de 2009, y que condenaba el proceso de justicia. Entre otras cosas, afirmaban que “a los militares y fuerzas de seguridad, empleados para combatir el terrorismo, se les han negado derechos y principios que rigen, desde siempre, para todos los ciudadanos”. También rubricaron esa declaración Carlos, Fernando, Juan y Martín Bosch. Años antes, García-Mansilla había recalado en el estudio Uriburu-Bosch.
Justicia y Concordia es la organización que impulsa la apertura de la investigación por la bomba en la sede de Coordinación Federal y que promovió un hábeas corpus colectivo para procurar la salida de las cárceles de los represores que aún siguen presos.
Página/12