La instancia constitucional más alta del país lo considera una vulneración “desproporcionada” a la libertad de expresión de los menores.
El Consejo Constitucional francés anuló este viernes la prohibición del uso de las redes sociales a los menores de 15 años, al considerar que esta medida supone “una restricción desproporcionada” de su libertad de expresión. La prohibición figuraba en el artículo primero de la ley destinada a proteger a los menores de los riesgos en las redes sociales, aprobada en julio con el apoyo de los partidos franceses de centro, derecha y extrema derecha.
La autoridad constitucional se pronunció en respuesta a un recurso interpuesto en el momento de su aprobación por diputados de Francia Insumisa, socialistas y ecologistas. En su dictamen, el Consejo reconoce “la exigencia de proteger el interés superior del menor”, pero señala que una prohibición tan amplia “podría aplicarse a servicios de comunicación en línea cuyos riesgos para la salud y la seguridad de los menores (…) no están demostrados”.
Aunque la ley preveía algunas excepciones, en particular para las enciclopedias en línea y los repertorios educativos o científicos, estas siguen siendo demasiado “limitadas”, a ojos del Consejo Constitucional. “Al no haber determinado las condiciones y los límites en los que deberá justificarse dicha excepción, el legislador no previó las garantías legales necesarias para asegurar el cumplimiento de estos requisitos constitucionales”.
La prohibición de las redes sociales a los menores de 15 años responde a un compromiso del presidente Emmanuel Macron y es una de las escasas medidas de calado de su segundo mandato. Fue aprobada en la Asamblea Nacional el 21 de julio –con 279 votos a favor y 8 en contra– y el presidente había pedido al Ejecutivo que hiciera todo lo posible para su entrada en vigor en septiembre, al inicio del año escolar.
Macron pide una nueva redacción
Tras el anuncio del Consejo Constitucional, el presidente francés asumió que no será posible cumplir su plazo y encargó al primer ministro, Sébastien Lecornu, “una [nueva] redacción jurídicamente sólida” del artículo censurado, “lo antes posible”.
El nuevo texto deberá “tener en cuenta la decisión del Consejo Constitucional, así como el marco europeo”, explicó el Elíseo en un comunicado este viernes, añadiendo que “la determinación” del jefe de Estado “sigue siendo total” para llevar a buen puerto esta reforma “de aquí a la primavera de 2027”.
El actual Gobierno había respaldado la ley —que nació de una proposición parlamentaria iniciada por una diputada macronista— y había afirmado su voluntad de querer proteger mejor a los más jóvenes de los efectos nocivos derivados del uso de las plataformas, una medida que habían reclamado numerosas asociaciones de defensa de la infancia y con un fuerte apoyo en las encuestas.
Según un estudio publicado en julio por el Arcom, el organismo regulador del sector audiovisual y digital francés, más de dos tercios de los menores de entre 10 y 14 años están también a favor de esta prohibición.
El texto de la ley había sido objeto de múltiples negociaciones entre la Asamblea y el Senado. La cámara alta había propuesto incluir una “lista negra” que estableciese claramente las redes sociales sujetas a la prohibición, con el fin de reducir su ámbito de aplicación. Sin embargo, la versión definitiva aprobada en julio en la Asamblea terminó descartando esta idea, ante el temor de que no se ajustase a la legislación europea.
Así, en su versión final establecía la exclusión de los más jóvenes de las principales redes sociales, pero también de su posible aplicación en funciones similares (canales para compartir, comentarios, chats…) en otros sitios web como YouTube, de las aplicaciones de mensajería (WhatsApp, Messenger…) y en determinados videojuegos en línea.
Verificación de la edad
En su resolución, el Consejo Constitucional también expresa su preocupación por las posibles consecuencias para la privacidad de la generalización de un sistema de verificación de la edad para todos los usuarios.
La ley establece que las plataformas implanten uno o varios mecanismos para ello en el momento del registro, sin detallar, sin embargo, su aplicación técnica. “Al no determinar las condiciones y los límites” de esta verificación de la edad, “el legislador no previó las garantías legales” necesarias para el derecho a la intimidad, advierten los miembros del Consejo Constitucional.
“En nuestro recurso, denunciábamos una medida desproporcionada que no cumplía su objetivo. Los jueces nos dieron la razón. La obstinación presidencial fue mala consejera”, reaccionó el viernes el diputado socialista Arthur Delaporte, uno de los impulsores del recurso, en la red X. “Ahora, ante los peligros que plantean algunas redes sociales y su impacto en los jóvenes, lo que hace falta es actuar con rapidez a escala europea, basándonos en la regulación de las funcionalidades más nocivas”.
La Comisión Europea anunció en julio su intención de establecer un acceso “progresivo y gradual” de los menores a las redes sociales. Un comité de expertos recomendó prohibir el acceso a los menores de 13 años, si bien cada país podrá fijar su propia edad mínima.
elDiarioAR