El coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), Ricardo Lasca, entrevistado por momarandu.com, cuestionó el nuevo esquema de concesiones de rutas y peajes impulsado a nivel nacional y sostuvo que el sistema representa una continuidad agravada del modelo implementado durante la década de 1990.
Lasca afirmó que el peaje aplicado sobre rutas existentes constituye en realidad un impuesto al tránsito que alcanza al conjunto de la sociedad, incluso a quienes no utilizan vehículos particulares. “Es una nueva estafaal y es peor a los 90”, expresó Lasca, quien además señaló que el mecanismo se aplica sin caminos alternativos y se suma a otros tributos vinculados con los combustibles.
Lasca afirmó que el nuevo esquema contempla la incorporación de 54 nuevas estaciones de cobro a las más de 40 que ya funcionan, lo que llevaría a establecer puntos de pago aproximadamente cada 90 kilómetros. Para ejemplificar el alcance de la medida, mencionó que en determinados corredores nacionales de varios cientos de kilómetros los usuarios deberán atravesar múltiples estaciones de cobro durante un mismo recorrido. “O sea, si tiene 300 km va a haber pagar tres peajes”, señaló, al describir un sistema en el que la cantidad de pagos estaría vinculada con la extensión de cada corredor concesionado.
El coordinador del CONADUV también cuestionó el alcance de las obligaciones previstas para las empresas concesionarias. Según explicó, los contratos contemplarían principalmente tareas de mantenimiento como corte de pasto y bacheo, sin incluir obras de infraestructura vial de mayor escala.
“O sea, no va a haber obras de envergadura, hacer autopistas, autovías, multitochas para evitar los choques frontales de los más preocupantes, no es simplemente inversión cero, riesgo cero”, sostuvo. En ese sentido, planteó que las concesiones no incorporarían obras destinadas a transformar las características estructurales de las rutas.
Otro de los cuestionamientos formulados por Lasca estuvo dirigido a las empresas que participarían de las concesiones. El dirigente sostuvo que algunas de las compañías beneficiadas se encuentran vinculadas al proceso judicial conocido como la causa de los cuadernos y criticó que se les otorguen nuevos corredores. “Encima premian a empresas incumplidoras, gente coimera”, afirmó.
También insistió en que el costo del peaje no recaería exclusivamente sobre quienes utilizan las rutas, debido a que los gastos de transporte se trasladan a otros bienes y servicios. “Usted compra un pasaje de micro y está pagando el peaje. Usted compra un kilo de hierba y está pagando el peaje”, ejemplificó.
Cobro y reclamos judiciales
Lasca sostuvo que el sistema no reúne las características que, a su criterio, debería tener un peaje tradicional, debido a que se cobra sobre rutas existentes y sin una vía alternativa de circulación. En ese marco, afirmó que se trata de “un impuesto al tránsito” y cuestionó su compatibilidad con el principio constitucional de libre circulación.
“Esto es un invento de la década menemista inédito en el mundo que es en rutas existentes para con estos impuestos sin camino alternativo”, manifestó. Para el coordinador del CONADUV, el concepto de peaje debería estar asociado a la construcción de una obra, al posterior cobro de una tarifa y a la existencia de una alternativa vial.
El dirigente informó que la organización presentó acciones judiciales contra distintos aspectos del sistema y mencionó denuncias penales relacionadas con el manejo de fondos destinados a la infraestructura vial. Entre los antecedentes citados incluyó amparos por inconstitucionalidad presentados en Entre Ríos y Chaco, además de una acción promovida en la provincia de Buenos Aires.
Sobre los resultados de esas presentaciones, sostuvo que algunas fueron rechazadas o no avanzaron y señaló que una de ellas fue apelada. “Hay ya denuncias penales por malversación de fondos viales. Hemos hecho unos amparos por inconstitucionalidad”, indicó.
Lasca también cuestionó la justificación de las nuevas concesiones basada en la existencia de inversión privada. Según explicó, las tareas previstas no implicarían la realización de grandes obras con recursos de las empresas y sostuvo que, ante accidentes, la atención continuaría dependiendo de servicios públicos. “¿Qué inversión hacen estos señores? Ninguna”, afirmó.
En relación con el puente Rosario-Victoria, señaló que la concesión prevista tendría una duración de 20 años y cuestionó el incremento de la tarifa aplicado al momento de la nueva concesión, al considerar que se trata de una infraestructura que ya fue construida y amortizada.
El coordinador del CONADUV indicó además que las tarifas no serían uniformes entre los distintos corredores, sino que variarían según la ruta concesionada. Mencionó como referencia un valor de aproximadamente 15.500 pesos para determinados tramos de la Ruta Nacional 3 y cerca de 5.000 pesos para el cruce del puente Rosario-Victoria.
A partir de esa diferenciación, cuestionó la ausencia de una tarifa común para el conjunto del sistema. “Ahora, las tarifas varían de acuerdo a los corredores”, explicó, en contraste con el esquema anterior, que según recordó mantenía valores unificados.
Fondos viales y destino del impuesto
Uno de los principales reclamos planteados por Lasca estuvo relacionado con el impuesto a los combustibles y su utilización. El coordinador del CONADUV estimó que ese tributo recauda alrededor de 3.500 millones de dólares anuales y sostuvo que esos recursos podrían destinarse a la construcción y mantenimiento de infraestructura vial sin necesidad de recurrir al cobro de peajes.
“De impuesto a los combustibles se recaudan por año 3,500 millones de dólares. Con eso se podrían hacer 2,000 km de autovías nuevas por año libre de peaje”, afirmó. También señaló que el uso de esos fondos para infraestructura permitiría atender distintos componentes del sistema de transporte.
Lasca cuestionó que los recursos provenientes de los impuestos vinculados con los combustibles tengan destinos diversos. Mencionó entre ellos el Fondo Hídrico, fondos destinados a jubilados, el FONABI y fondos fiduciarios, y sostuvo que existen además otros mecanismos de asignación financiera.
Lasca también hizo referencia a declaraciones recientes del vocero presidencial sobre el destino de determinados recursos. “Va al fondo hídrico, a los jubilados, LOS fondos fiduciarios y encima lo dijo el vocero presencial el otro día”, expresó.
El dirigente vinculó el debate sobre los peajes con la situación de los caminos rurales y con el transporte de cargas, especialmente en regiones productivas. En el caso de Corrientes, destacó el impacto que los costos de circulación pueden tener sobre el traslado de madera de eucalipto y pino, debido a las características físicas de esa carga y a las distancias que deben recorrer los productores.
“Lo saca del mercado esto directamente, porque encima usted corta un Ponte de eucalipto de pino y se aleja de más de 200 km y no puede llevar la madera porque encima no tenemos ferrocarril”, sostuvo, al reclamar una política integral para el transporte terrestre, ferroviario y fluvial.
Infraestructura y política de transporte
Lasca planteó que las rutas deben ser consideradas una inversión vinculada con la generación de actividad económica y no únicamente como un gasto estatal. “El camino genera riquezas. Usted usted hace un camino para generar riquezas. El camino no es un gasto, es una inversión beneficiando a toda la comunidad en su conjunto”, afirmó.
En ese marco, sostuvo que la infraestructura vial tiene incidencia sobre el transporte de cargas, la actividad productiva y el funcionamiento de las economías regionales, y reclamó que los recursos existentes sean destinados al desarrollo y mantenimiento de la red.
El coordinador del CONADUV también reclamó una política de Estado para el transporte que contemple de manera conjunta las rutas, los ferrocarriles y las vías navegables. Según sostuvo, la falta de una estrategia integral obliga a mantener soluciones parciales frente a problemas que involucran el traslado de personas y mercancías. “Esto es política de estado, no es un chiste”, afirmó.
En el cierre de la entrevista, Lasca también se refirió a la ausencia de un defensor del pueblo a nivel nacional y sostuvo que el cargo permanece vacante desde hace 17 años. “Hace 17 años que no hay defensor del pueblo a nivel nacional”, afirmó, al señalar que esa institución debería intervenir en defensa de los intereses de usuarios y consumidores.
El dirigente vinculó esa situación con las dificultades para canalizar institucionalmente los reclamos relacionados con los costos de circulación y con las condiciones de prestación de los servicios asociados a las rutas.
El coordinador del CONADUV concluyó su intervención con un cuestionamiento a la acumulación de costos que afrontan quienes utilizan un vehículo, al mencionar los peajes, las fotomultas, los combustibles, las patentes y otros conceptos. “No hay derecho a que tengamos que estar padeciendo esto. No es justo esto”, sostuvo.
En relación con el aumento de los gastos asociados al uso de los vehículos, cerró con una expresión irónica sobre las dificultades para afrontar esos costos. “Así que andaremos en una de ligencia, no lo sé qué quiere que le diga”, manifestó.
Momarandu