La guerra es total, y está declarada. Uno de los guerreros es Nicolás Márquez, el biógrafo del presidente Javier Milei, que entendió que éste era el momento para arremeter contra su antigua compañera de andanzas Victoria Villarruel. El abogado e influencer ultraderechista salió a decir que la vicepresidenta habría recibido financiamiento para su ONG, el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), por parte de un “acusado por los sucesos de Trelew” que vive en Miami. Pese a que no lo nombró, los datos son suficientes para entender que se refiere al marino retirado Roberto Guillermo Bravo, que es reclamado desde 2008 por la justicia argentina para rendir cuentas por el fusilamiento de los presos políticos del 22 de agosto de 1972.
Márquez dio rienda suelta a su viejo encono con Villarruel, poco después de que Milei la tildara de “traidora”. Márquez y Villarruel se conocen desde principios de este siglo cuando militaban en organizaciones que reivindicaban lo actuado por la dictadura. Estudiaron juntos también en el Centro de Estudios Hemisféricos William J. Perry, una institución ligada al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pero la convivencia parece que distó de ser pacífica.
Ella, como contó este diario, dio sus primeros pasos en la Asociación Unidad Argentina (Aunar), un grupo directamente procesista que conformó Fernando Exequiel Verplatsen, exjefe de inteligencia de Campo de Mayo y último titular de la Bonaerense durante los años del terrorismo de Estado. Para el año 2000 se creó Memoria Completa, cuya cara visible era otra mujer joven que se hacía llamar Karina Mujica. Mujica y Villarruel militaron juntas en ese grupo, pero la relación no terminó bien. Mujica pasó a cuarteles de invierno cuando una cámara oculta la mostró ejerciendo la prostitución. Después, Villarruel lideró otro grupo, Jóvenes por la Verdad, a través del cual organizaba tertulias con el dictador Jorge Rafael Videla o hacía una campaña de cartas para el represor Ricardo Cavallo mientras estaba preso en España.
En 2006, se conformó el Celtyv, y Villarruel quedó como su cara pública. “Un quiosco”, lo definió con desprecio Márquez en un video que grabó en un Youtube titulado “Lo que no te contaron de Victoria Villarruel”. El Celtyv fue, en la práctica, un espacio conformado por una alianza de Aunar con representantes de grandes estudios jurídicos de la City que buscaba llevar a la práctica la idea de juzgar tanto a militares como a militantes para forzar una amnistía general y dar por terminada la historia.
En la grabación que difundió el martes por la noche, Márquez dijo que hay un “financista que vive en Miami y que fue acusado por los sucesos de Trelew”. Se cuidó de no decirle masacre, como lo consideran los tribunales argentinos. “Esto me lo contó ella y me lo contó el mecenas”, continuó Márquez, que procuró también aclarar que “no es una crítica al mecenas”.
A Bravo la Armada Argentina lo escondió en Estados Unidos después de la matanza de la base Almirante Zar. Llegó en 1973 como agregado militar en la embajada. Seis años después, en 1979, pidió la baja de la Marina. Mientras estuvo en actividad aprovechó para forjar su relación con las fuerzas armadas estadounidenses e hizo cuanto curso pudo: infantería avanzada, asalto aéreo o reconocimiento anfibio con el Cuerpo de Marina. Esas destrezas, en general, no son para alguien que colgó los botines –o, en su caso, la ametralladora–, lo que generó suspicacias sobre si Bravo puede haber vuelto durante la dictadura o si pudo haber incursionado en la represión en Centroamérica.
El 24 de marzo de 1980 –al cumplirse el cuarto aniversario del golpe– recibió una buena noticia: tenía la residencia permanente en los Estados Unidos. En septiembre de 1987, ya era ciudadano estadounidense. Para entonces, ya llevaba cinco años viviendo en Miami. Durante estas décadas, Bravo aparentemente volvió en dos oportunidades a la Argentina: en 1985, de vacaciones y en 1990, cuando murió su madre.
Por más de 35 años, Bravo fue un misterio para la Justicia argentina. En 2008, una investigación del periodista Diego Martínez en este diario probó que estaba en Miami y dedicado a los negocios. Presidió el RGB Group –que brindaba servicios a las fuerzas estadounidenses–, el RLM Services Inc, el One Fountainhead Center LLC –un negocio inmobiliario– y se dedicó también a la encuadernación a través de la firma Stafford Bookbinding. Estados Unidos siempre se negó a extraditarlo. La última vez fue en 2023. Sin embargo, un grupo de familiares le ganó una demanda civil en la que se lo encontró culpable de la masacre de Trelew.
Márquez siguió prendiendo el ventilador este miércoles, cuando participó de una entrevista con Erick Kammerath. Allí recordó una cena, ocurrida en pleno macrismo, en el Círculo de Armas en la que había coincidido un grupo selecto conformado por él, Agustín Laje, Villarruel, Carlos Maslatón, Juan Bautista “Tata” Yofre, Vicente Massot y José Martínez de Hoz (hijo), primogénito del ministro de Economía de la dictadura.
Aparentemente la velada terminó mal cuando Martínez de Hoz les propuso a Márquez y Laje conformar una ONG “de defensa de ideas”, lo que, a su entender, disparó los celos de Villarruel. La cena había sido organizada por Emilio Viramonte Olmos, que el mes pasado presentó su renuncia indeclinable como secretario administrativo del Senado.
Página/12