Las universidades argentinas siguen a merced del fuerte ajuste de recursos impuesto por el gobierno nacional que encabeza Javier Milei. Así lo grafican datos actualizados del sector: el presupuesto universitario es el más bajo de las últimas dos décadas al punto de que, de mantenerse este rumbo hasta fin de año, pasaría de representar el 0,72%del PBI (2023) a caer al 0,43%. Así las cosas, el conflicto universitario se mantiene a la orden del día y con consecuencias concretas para toda la comunidad educativa: la inversión por estudiante es la menor desde 2005 y los salarios docentes se encuentran por debajo del nivel de 2002 (-39 puntos del pico de 2011).
Pese al reciente decreto nacional (425/25) que aumentó discrecionalmente las partidas económicas de este año, lo cierto es que para ciencia, tecnología y universidades la ampliación es marginal: “El presupuesto universitario para este año -en términos reales- es un 9% inferior al del año pasado y acumula una caída del 32% desde 2023”, señaló un informe de especialistas tributarios que alertaron que “este recorte compromete el funcionamiento de las universidades y limita su capacidad para garantizar el acceso a una educación superior gratuita y de calidad” a la vez que deja de manifiesto el cambio en las prioridades de un Estado que relega cada vez más el desarrollo educativo y científico del país.
Mientras tanto autoridades universitarias, gremios y espacios estudiantiles, alertan por la pérdida sostenida de alumnos y docentes que no puede continuar cursando o trabajando dada las malas condiciones de funcionamiento. Asimismo, mantienen acciones de protesta vía clases públicas, marchas, y paros para reclamar un mayor financiamiento, recomposición salarial y reasignación de partidas para educación en general y para la formación superior en particular. Este miércoles, la Cámara de Diputados emplazó el tratamiento de los proyectos de ley sobre financiamiento universitario al plenario de las comisiones de Educación y Presupuesto y Hacienda que quedaron convocadas para el próximo martes 8 de julio. Mientras el oficialismo se reviste y mantiene latente la amenaza de veto, algo que ya sucedió en 2024, parte de la oposición buscará avanzar en el debate de los siete proyectos que serán puestos a consideración.
Recorte de partidas e incertidumbre
Sin recursos para el funcionamiento básico y con una situación salarial cada vez más crítica, el segundo semestre universitario se presenta no sin problemas para un sector que quedó en el epicentro del recorte de partidas que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.
En los primeros cinco meses del ese año las transferencias a universidades fueron 22,5% más bajas en términos reales (considerando el impacto de la inflación) que en el mismo período de 2023. De igual manera, la inversión en capital (infraestructura, equipamiento) fue cero en 2024 y en lo que va de este año fue de apenas un 4% de lo que se había invertido en 2023. Los datos se desprenden de un informe presentado por el Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) – Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).
Advirtieron también que, desde una mirada global, el presupuesto de Ciencia y Tecnología cayó un 30% contra el mismo período en 2023, en tanto que el golpe es aún más fuerte en el caso del presupuesto de Ciencia y Tecnología en las universidades que se contrajo 87,5%.
De hecho, si bien el Poder Ejecutivo que -en un hecho inédito prorrogó a comienzos del año el Presupuesto 2023 por segunda vez consecutiva- decidió ahora ajustar discrecionalmente las partidas económicas para este 2025 (Decreto 425/25) lo cierto es que para ciencia, tecnología y universidades la ampliación es marginal. “Se amplió el presupuesto total de la Administración Pública Nacional (APN) en 31,4 billones de pesos, lo que establece el horizonte prácticamente definitivo de gasto para el año”, analizaron desde el grupo EPC en el Centro Iberoamericano de Investigación (Ciicti) y explicaron que “la ampliación en tiene la finalidad de cubrir la diferencia entre el presupuesto prorrogado y la variación inflacionaria del 2025 que excede largamente la proyectada por el gobierno (42% promedio efectivo vs. 30% proyectado)”.
En el caso de las universidades nacionales, se estipuló un incremento del presupuesto en 941 mil millones de pesos. “Con este horizonte casi definitivo esto implica que el gobierno proyecta una caída del 8,6% de la masa salarial universitaria en el año”, alertaron desde el centro de investigación.
Tras caer más de 20 puntos en 2024, la situación actual presupuestaria evidencia “un descenso de 29 puntos en dos años en la inversión en universidades, y de casi 48 puntos en el mismo período en la inversión educativa nacional total, aún si se lograra ejecutar todo el crédito vigente ampliado”, precisaron los especialistas. Hay que recordar que según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) en 2024 los gastos corrientes del Presupuesto nacional correspondientes a “Transferencias a universidades” cerraron con una ejecución presupuestaria que cayó 25,1% interanual en términos reales.
Si se compara desde el año 2023, el presupuesto universitario acumula una caída del 32%, un recorte que compromete el funcionamiento de las casas de estudio y limita su capacidad para garantizar el acceso a una educación superior gratuita y de calidad. En este escenario, la inversión por estudiante es la más baja desde 2005. “Es de $2,1 millones en 2025 cuando, en promedio, entre 2010 y 2023 se gastaba $4 millones, y ajustada por inflación, esta cifra es 53% menor que la registrada hace una década”, señaló un documento presentado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Desde dicho espacio advirtieron que la baja pronunciada en el presupuesto asignado a las universidades públicas lo ubica “en su nivel más bajo desde 2006” lo que “compromete su rol estratégico en la producción de conocimiento, la formación de profesionales y la reducción de desigualdades, y refleja un cambio en las prioridades del Estado, con consecuencias para el desarrollo educativo y científico”.
De igual manera, las becas Progresar sufrieron un congelamiento en sus montos y más restricciones en el acceso o renovación. En términos reales “entre noviembre de 2023 y agosto de 2024, la beca sufrió una fuerte caída en su poder adquisitivo, llegando a representar sólo el 40,9% de su valor real al finalizar el anterior gobierno”. Luego del aumento definido en septiembre de 2024 (pasó de $20.000 a $35.000) se recuperó parcialmente, llegando al 69,2% del valor de noviembre de 2023, para luego seguir erosionando su poder de compra. Actualmente “perdió el 43,5% de poder adquisitivo llegando a representar el 56,5% del valor que tenía 18 meses antes”, según indicaron desde el IEC-CONADU.
En esta coyuntura, si se cumplen las previsiones de presupuesto y PBI, la inversión en educación universitaria se reducirá de 0,72% a 0,43% del Producto anual.
Derrotero a la baja en salarios
La caída salarial de los docentes universitarios durante la gestión libertaria llega al 28%. En retrospectiva, se observa que la devaluación de diciembre de 2023 (118%) generó una pérdida en torno al 30% en el poder adquisitivo del salario universitario solo en los dos primeros meses. Si bien luego se observó una recuperación parcial, entre febrero de 2024 a noviembre de 2024, cuando el salario llegó a estar “sólo” 22,1% por debajo del poder adquisitivo alcanzado antes del cambio de gobierno, a partir de allí, se produjo otra fuerte disminución.
Para mayo “las y los docentes cobraron un 28,1% menos que en noviembre de 2023 y un 44,7% menos que en noviembre de 2015, último mes completo de Cristina Kirchner”, según relevó el IEC. En complemento, datos del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación indican que los salarios del personal con dedicación a la investigación en Universidades (cargo testigo de Prof. Adjunto con dedicación exclusiva y 10 años de antigüedad), descendieron un 1,5% en mayo y 29% real respecto de noviembre de 2023. A su vez están 36,3 puntos reales debajo de diciembre de 2015.
Por último, se alertó que el ajuste sostenido en la política salarial hacia los docentes universitarios revierte plenamente la recuperación que había tenido este sector entre 2003 y 2011 (+81,4% real) y acelera, por el contrario, el deterioro que habían sufrido entre 2011 y 2021 y que apenas había comenzado a revertirse en 2022. Actualmente los salarios en las universidades del país se encuentran -en sintonía con el presupuesto asignado- por debajo del nivel de 2002.
El Destape