La abogada del Ministerio de Justicia de la Nación y docente Clara Cantero analizó en diálogo con CIUDAD TV la problemática del bullying y las nuevas formas que adquiere el acoso escolar. Destacó la importancia de los protocolos de convivencia, la articulación entre instituciones y familias, y la necesidad de brindar más herramientas de capacitación a los docentes. “El conflicto debe abordarse de manera multifactorial”, afirmó.
Clara Cantero, integrante del Ministerio de Justicia de la Nación y docente, explicó que actualmente trabaja en el área de Acceso a la Justicia, donde se atienden consultas a demanda y se desarrollan mediaciones comunitarias. En ese ámbito, señaló que se observa un incremento de familias que se acercan a buscar orientación sobre cómo intervenir frente a situaciones de acoso escolar o bullying. “Es cierto que está más visibilizada la temática del acoso escolar”, indicó.
Cantero recordó que el Ministerio de Educación de la Nación, en coordinación con las provincias, cuenta con protocolos específicos para abordar estos conflictos. “Existen las Guías de procedimiento para situaciones complejas de la convivencia escolar, y me parece muy importante que estudiantes, familias y docentes sepan que cuentan con estas herramientas”, sostuvo.
En su análisis, la abogada remarcó que el acoso escolar tradicional ha cambiado su dinámica: “El acoso físico directo, como conocíamos siempre, ha modificado sus campos de acción y las consecuencias que conlleva ser víctima o victimario. Hoy se trasladan a otros espacios, incluso fuera del horario escolar.”
La corresponsabilidad de la comunidad educativa
Consultada sobre los marcos legales vigentes, Cantero señaló que el país “cuenta con legislación suficiente, aunque no siempre efectiva”, debido a que “la realidad va superando lo que la ley intenta regular”. Sin embargo, subrayó que los casos pueden ser abordados de manera efectiva mediante la articulación entre políticas públicas y redes institucionales.
También destacó la importancia de que cada escuela adapte las medidas a su realidad: “Todas las medidas que pudiera cada centro educativo adecuar a sus necesidades y características del estudiantado son apropiadas dentro del marco de la Ley de Convivencia Escolar”.
Uno de los obstáculos frecuentes, mencionó, es la falta de acompañamiento de los adultos responsables. “A veces los progenitores no se presentan a la escuela o no firman los acuerdos de convivencia”, ejemplificó.
Respecto al uso de dispositivos electrónicos, consideró que los centros pueden establecer restricciones al uso del celular durante el horario escolar, pero advirtió: “Esta problemática muchas veces se profundiza fuera de la escuela. Hay que preguntarse hasta dónde llega la responsabilidad del centro educativo y qué medidas deben tomar las familias.”
La intervención institucional y la ciudadanía digital
Cantero remarcó que el sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes debe tener un rol activo. “Es fundamental fortalecer a las familias y acompañarlas cuando surgen situaciones de violencia o ruptura de la convivencia escolar”, explicó.
En este sentido, recordó la importancia de los acuerdos de convivencia escolar que se firman al inicio del ciclo lectivo. “Son marcos de referencia para actuar ante conflictos, junto con la legislación vigente”, agregó.
Además, mencionó los canales de asistencia disponibles, como la línea 102 y la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, para realizar intervenciones con equipos profesionales.
La abogada advirtió también sobre los riesgos del uso de redes sociales por menores de edad: “Cuando abrimos un perfil, no leemos los términos y condiciones. Todas las redes dicen ser para mayores de 13 años, pero vemos muchos niños y niñas menores usándolas.”
En ese marco, destacó la necesidad de fortalecer la ciudadanía digital: “Muchas veces los adultos tampoco sabemos cómo adecuarnos al uso de redes ni entendemos las consecuencias e implicancias que tienen.”
Formación docente y abordaje multifactorial
Cantero explicó que los casos graves llegan a instancias judiciales, pero la mayoría se resuelven dentro del sistema educativo mediante procedimientos administrativos. “Las escuelas deben actuar según las resoluciones del Ministerio de Educación, llamar a los padres, labrar actas, y dar intervención a los equipos interdisciplinarios”, detalló.
Además, subrayó que la capacitación docente es una herramienta clave: “Lo más importante en este tipo de situaciones son las capacitaciones. Muchas veces los conflictos surgen por falta de herramientas de los docentes, no por desidia o falta de conocimiento.”
“Así como el conflicto es multifactorial, la respuesta también debe serlo. Los obstáculos suelen ser institucionales o de recursos, pero el objetivo debe ser dar una respuesta rápida y lo menos lesiva posible para los niños, niñas o adolescentes implicados”, concluyó.