El debate por el Caso Loan debió reiniciarse por dos situaciones protagonizadas por los imputados. Alejandro Vecchi, que representa a la familia del niño, calificó lo ocurrido como una “desprolijidad”, aunque advirtió que la prioridad es evitar cualquier motivo que pueda derivar en la nulidad del proceso.
El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio, cuando tenía 5 años, tendrá su reinicio tras dos audiencias este miércoles 24 de junio, después de que el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Corrientes decidiera comenzar el debate nuevamente a raíz de una situación generada por uno de los 17 acusados en la causa que reúne dos expedientes.
El martes pasado comenzaron a ser juzgadas las 7 personas del caso principal, imputadas por la sustracción del pequeño y su posterior ocultamiento, y las otras 10 procesadas por diferentes delitos mediante los cuáles habrían intervenido en maniobras destinadas a alterar o entorpecer la investigación por su desaparición. El protagonista de la situación que llevó a la suspensión del debate fue Federico Rossi Colombo, que forma parte del segundo grupo.
El psicólogo tucumano no se presentó presencialmente al comienzo del juicio, fue declarado en rebeldía y horas después apareció conectado por Zoom con un abogado diferente al que lo había representado hasta este momento. Esto generó tensión y derivó en una serie de discusiones que llevó a los jueces Fermín Amado Ceroleni, Simón Bracco y Eduardo Belforte a postergar las audiencias y otorgar tiempo para que su nueva defensora pudiera interiorizarse en el expediente.
En el segundo día ocurrió algo parecido: Alan Cañete, que también es parte de los imputados por entorpecimiento, llegó una hora tarde. Para el abogado Alejandro Vecchi, que junto a Belén Russo Cornara representan a los padres de Loan, los sucesos constituyen una “desprolijidad” que perjudica a las víctimas, pero reconoció que el tribunal no tenía muchas alternativas para garantizar la validez futura del juicio.
“La suspensión del juicio es un desastre para el querellante y para la víctima, porque Loan está vivo y hay que encontrarlo urgente ya que puede sufrir algún tipo de problema, estar necesitando atención médica o sufriendo algún tipo de enfermedad”, afirmó el letrado en diálogo con PERFIL. “Por eso cualquier suspensión del juicio es terrible, tremenda y mala”, añadió.
A pesar de esto, Vecchi remarcó que la prioridad debe ser evitar que el debate quede expuesto a cuestionamientos procesales que puedan derivar en la anulación de todo lo actuado más adelante. “Lo peor que podría pasar es que este juicio se anule por algún vicio introducido por algunos de los imputados, que pareciera ser que están para interrumpir, dilatar e introducir cuestiones como estas”, sostuvo.
En ese sentido, el abogado apuntó especialmente contra Rossi Colombo, acusado de falso testimonio y otras maniobras vinculadas al grupo de personas que llevaron poco después de la desaparición de Loan a testigos, mayores y menores de edad, al hotel “Despertar del Iberá” en condiciones irregulares.
“Este psicólogo o falso psicólogo, no sé qué es, esperó hasta el último día primero para que le pidan la captura, y después para presentarse sin abogado y que el tribunal le ponga uno. Por el Código Procesal hay que darle 72 horas para que el letrado tome conocimiento de la causa”, cuestionó.
Con garantías, pero rápido
El abogado penalista, conocido por participar de casos de alto impacto, como la representación de la familia de José Luis Cabezas en el juicio por el asesinato del fotógrafo de la revista Noticias, dijo que claro que comparte la necesidad de respetar las garantías y la defensa de los acusados, aunque reclamó celeridad en la causa que lleva más de dos años sin resolverse y tiene un menor desaparecido.
“Es una cosa gravísima lo que hizo Rossi Colombo, pero nosotros no podemos perder la oportunidad de que el juicio se haga rápido, con debido proceso y todas las garantías constitucionales para los imputados. Pero que se haga rápido”, afirmó. Luego, recordó que junto a la familia había recomendado un esquema mucho más intenso de audiencias.
“Habíamos propuesto que se haga en 45 días corridos, habilitando días y horas inhábiles, como hicimos con el caso Cabezas: sábado, domingo, lunes, martes, feriados, no importa, se trabaja todos los días. Pero el tribunal es el que marca la pauta”, mencionó. Asimismo, indicó que el problema radicaba en el cronograma de los jueces y sus otros casos, ya que solo Ceroleni es de Corrientes (Bracco es de General Roca y Belforte de Formosa).
Los acusados en el caso Loan
El arranque del juicio se da a tres días de haberse cumplido los dos años de la desaparición de Loan, cuya Alerta Sofía está aún vigente. Según la reconstrucción de los hechos, el niño, que ahora tendría 7 años, desapareció durante un almuerzo realizado en la casa de su abuela paterna, Catalina, en el paraje Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio.
Había llegado con su papá, José y después de comer fue llevado junto a otros chicos a recolectar frutas a un naranjal junto a otros tres adultos, entre los que se encontraba su tía, Laudelina Peña. “En el rango horario de las 13.52 y las 15.26 se consumó la sustracción del menor para luego dar lugar a su ocultamiento hasta el día de hoy”, indica la hipótesis fiscal.
Por estos hechos están imputados la ya mencionada Laudelina; su esposo, Antonio Benítez; Daniel Oscar Ramírez y su pareja Mónica Millapi; el matrimonio conformado por la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y el exmarino Carlos Pérez; y el exocomisario de 9 de julio, Walter Maciel. De acuerdo a la acusación, intervinieron de manera coordinada para sustraer y ocultar al nene, un delito que prevé entre 5 a 15 años de prisión.
Los otros imputados están en el expediente paralelo: Federico Rossi Colombo, Nicolás “El Americano” Soria, Elizabet Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Gabriel Núñez, Valeria Liliana López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Daniel Rubio, varios de ellos acusados de hacerse pasar por miembros de la “Fundación Dupuy”, que lleva el nombre de Lucio Dupuy -el niño asesinada por su madre y la novia de ella en La Pampa en 2021-, para supuestamente ofrecer asesoramiento.
Este grupo está acusado de montar una presunta organización que habría retenido a menores y testigos, manipulado declaraciones e intentado instalar hipótesis alternativas con el fin de desviar la investigación. “Esto tiene que juzgarse en un solo juicio porque los ‘falsos Dupuy’ son parte de la estrategia de obstaculización”, analizó Vecchi.
Entre otros delitos, enfrentarán cargos por privación ilegítima de la libertad, estafa por defraudación a la administración pública y encubrimiento. A algunos se los acusa de suministro de estupefacientes, resistencia a la autoridad, falso testimonio y usurpación de títulos.
La investigación fue llevada adelante por el titular de la Fiscalía Federal de Goya, Mariano de Guzmán, junto con los cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mángano y Marcelo Colombo. En el juicio, los representantes del Ministerio Público Fiscal son Carlos Schaefer y Tamara Pourcel.
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