Así como pasó con el “IPC del Congreso” en el kirchnerismo, se difundirá el cálculo de inflación con la canasta suspendida. Un riesgo político y económico.
El gobierno ya está constatando en carne propia el costo de haber pospuesto la aplicación del nuevo IPC para el momento en que -según la definición de Toto Caputo- “el proceso de desinflación esté consolidado”. Y ese costo es la pérdida de credibilidad, algo potencialmente grave para un presidente que, como Javier Milei, ha declarado que la baja de la inflación es la “job description” que le encomendó el electorado.
Ni bien se conoció la noticia de la salida de Marco Lavagna del Indec y la justificación de Caputo, comenzó a verse en los medios y las redes sociales una catarata de críticas por parte de economistas de todas las tendencias, que le reprochaban a Caputo el haber supeditado un cambio metodológico a una cuestión de oportunismo político.
Peor aun, dirigentes políticos vinculados al kirchnerismo, que en su momento habían avalado tácitamente la falsificación estadística que se hizo en el Indec entre 2007 y 2015, no perdieron la oportunidad y también se sumaron a la acusación de que “la inflación la dibuja Caputo”.
La polémica recién empieza, e implica varios riesgos y situaciones políticamente incómodas para el gobierno. Una situación altamente probable es que economistas independientes empiecen a publicar todos los meses el IPC calculado sobre la base de la nueva canasta cuya aplicación quedó en suspenso.
El lunes, después de las declaraciones de Caputo, corrieron versiones en el sentido de que, con el cambio estadístico, el IPC de enero daría una cifra superior al 2,8% de diciembre -se habla incluso de hasta un 3,4%-, mientras que, según adelantó el propio ministro, con la metodología vigente habrá un IPC de 2,5%.
El cálculo con la metodología nueva no es difícil de hacer: basta con tomar las mismas variaciones de la canasta del Indec pero cambiando las ponderaciones. Así, por ejemplo, el rubro “vivienda, electricidad, gas y otros”, que se calcula como un 9,4% del presupuesto familiar, pasaría a tener una ponderación de 14,5%.
De la misma manera, la categoría “comunicaciones”, donde se incluye la conexión a internet y telefonía móvil, pasaría a significar un 5,1% de la canasta, lejos del 2,8% que se refleja hoy. En sentido contrario, el rubro de alimentos, tradicionalmente el de mayor peso en el presupuesto familiar, pasaría del actual 26,9% a un 22,7%.
Estos cambios llevan inevitablemente a una suba del IPC en un momento de la economía en el que los servicios están aumentando más rápido que los bienes. Dicho en palabras de Caputo, todavía no se completó el cambio de precios relativos -sobre todo, por la necesidad de una mayor suba de tarifas de servicios públicos, algo imprescindible para que no se ponga en riesgo el equilibrio fiscal.
El potencial de un índice paralelo
Hasta ahora, se han hecho esos cálculos, aunque no han tenido gran difusión. En 2024, según estimó la consultora Equilibra, el IPC acumulado habría dado 179,8% en vez del 117,8%. Mientras que en 2025, el dato de la inflación habría resultado en 32,1% en vez del 31,5%.
La mayor diferencia del primer año de la gestión Milei obedece a que fue un momento de fuerte suba de tarifas -aumentaron un 248% frente a 94% del rubro alimentos-. Al aplicar una canasta con mayor ponderación de bienes que se servicios, ese “tarifazo” se ve atenuado en el promedio. Pero si se hubiese aplicado la nueva metodología, el IPC habría reflejado con mayor fidelidad el impacto en el presupuesto familiar.
En 2025, en cambio, los aumentos fueron más uniformes entre los rubros de la canasta, por lo que no hay una diferencia significativa entre la metodología vieja y la nueva.
Pero, para 2026, hay posibilidades de que la situación se torne más parecida a la de 2024. Todavía hay un margen de suba de los servicios públicos y precios regulados, que había estado relativamente contenido en el último trimestre y que empezará a sentirse a partir de febrero.
Es decir, hay probabilidad de que en 2026 el IPC con la nueva canasta arroje cifras más altas que las de la metodología vigente.
Crisis política a la vista
Y la oportunidad política está al alcance de la mano para cualquier crítico del gobierno: elaborar todos los meses un “IPC blue” que refleje cuál es la inflación “paralela” a la del relevamiento oficial.
No sólo es fácil de hacer, sino que resulta tentador desde el punto de vista político. Y, por cierto, tiene un antecedente histórico con la “inflación del Congreso”. En el mandato de Cristina Kirchner, un grupo de diputados opositores, liderados por Patricia Bullrich, elaboraban un promedio de la inflación estimada por una serie de consultoras, e informaban todos los meses. En general, el número del Congreso daba más del doble del registro oficial del Indec.
Y ese índice adquirió popularidad, al punto que se lo usó como referencia de ajuste de precio en varios rubros. El propio Axel Kicillof, siendo ministro, mostraba estadísticas en las que incluía la “inflación Pato Bullrich”.
No era el único indicador alternativo. Otro de peso era el elaborado por los asesores económicos de la central sindical CGT. Para no entrar en polémica con Cristina, lo presentaban como “inflación de la góndola”, dando a entender que no necesariamente se mantenía la misma ponderación de la canasta del Indec. Lo cierto es que también ese índice daba más del doble del oficial, y se usaba de hecho en las negociaciones de ajuste salarial.
¿Qué pasaría ahora si se demorase varios meses la aplicación de la nueva canasta del Indec porque el gobierno considera que “no se completó el proceso de desinflación”, pero al mismo tiempo se hiciera público un indicador alternativo que gozara de mayor credibilidad que el IPC oficial?
A juzgar por el antecedente histórico, sería un problema político grave. Si fuera cierto que el IPC de enero daba 3,4% con la nueva metodología, entonces se daría la situación de que, al inicio de marzo, Caputo anuncie un ajuste de las jubilaciones de un 2,5% -la inflación que adelantó que midió el Indec con la canasta vigente- mientras los jubilados reclamarán que se les reconozca casi un punto más.
De la misma manera, los sindicatos, tanto en el plano privado como público, empezarían a negociar los ajustes salariales tomando como referencia el “IPC blue”, algo que Caputo se negará a homologar en la secretaría de Trabajo, como ya hizo en los últimos dos años, cuando consideró que había aumentos no justificados por la inflación. En otras palabras, es el preludio de una mayor conflictividad sindical.
El riesgo de que vuelva “el rulo”
También puede haber consecuencias a nivel financiero, porque el debate sobre el atraso cambiario ya no tomará en cuenta el IPC oficial sino el paralelo. De la misma manera que ocurre con las jubilaciones, el techo de la banda de flotación se movería en marzo un 2,5%, mientras el mercado reclamaría un corrimiento al 3,4% de velocidad.
El riesgo, en ese caso, sería que el dólar del mercado paralelo -en sus versiones MEP y “contado con liqui”- empiece a seguir al IPC alternativo, alejándose paulatinamente del tipo de cambio oficial.
Si esa fuera la reacción del mercado, entonces la brecha entre el oficial y el paralelo, que ahora es nula para el MEP y de 2% para el CCL, podría dispararse rápidamente encima del 5%, regenerando así los incentivos para especular con el “rulo” cambiario.
Como advirtieron varios economistas, esa situación tornaría más costoso el desarme de las restricciones aun vigentes en el cepo cambiario, porque sería inevitable un salto de la cotización al momento de la flotación del peso.
No paran ahí los inconvenientes: una inflación “paralela” que vaya en alza pondría en riesgo la argumentación oficial sobre la política de “ancla monetaria” y daría credibilidad a los analistas que afirman que, en realidad, continúa habiendo emisión monetaria pero disimulada bajo nuevos métodos.
IProfesional