Esta semana el asesor presidencial (sin designación oficial), Federico Sturzenegger, aseguró desde Miami (Estados Unidos) que “en las tres o cuatro semanas posteriores a la emisión del DNU, el precio de los alquileres cayó 20%”. Según el exfuncionario macrista, a un mes y medio de que entrara en vigencia el DNU 70/2023 que derogó la Ley Nacional de Alquileres “se volvió a armar el mercado” lo que equivale a plazos, monedas y condiciones totalmente desreguladas para pautar un contrato.
Sin embargo, estimaciones privadas contradicen sus dichos al reflejar aumentos récord para el mes de enero de 2024 (en torno al 21%) a la par de la inflación de ese mes (20,6%). Además el panorama se agrava si se tiene en cuenta que el 25% de los contratos firmados desde el DNU fijan actualizaciones de precios cada tres meses (solo tomando el primer trimestre de este año representaría una suba aproximada del 60% o unos 180.000 pesos más en ese lapso) sumado a que la familia inquilina ahora debe hacerse cargo también de gastos extraordinarios, recargos en el caso de finalizar antes el acuerdo y, sobre todo, enfrentar permanentes ofertas en dólares.
Según la Encuesta Nacional de Inquilinos, los hogares destinan el 32% de sus ingresos a pagar el alquiler y las expensas (sin considerar impuestos y servicios públicos) porcentaje que tras la derogación de la ley y la desregulación general de precios impulsada por el gobierno de Javier Milei, subió diez puntos y se ubicó en 42%.
Si se toma como referencia un salario mínimo al valor de enero 2024 ($156.000) y el precio medio de un monoambiente en CABA ese mes ($280.000) dicho ingreso representó solo el 56% de un alquiler y en el caso de uno de dos ambientes ($350.000) apenas el 44% del valor (contando solo el alquiler).
Mientras este miércoles el jefe de Estado celebró en la red social X una noticia que indicaba que los argentinos tienen que “vender dólares” ahorrados para sumar unos pesos y así tratar de llegar a fin de mes, a la par que aumentó el peso del alquiler en el bolsillo laburante, también se profundizó la problemática del alto endeudamiento familiar: el 53% de quienes alquilan están endeudados y ese número creció solo en el primer mes de gestión libertaria hasta llegar al 56%.
Asimismo, dentro del grupo de hogares inquilinos endeudados, el 33,2% no tiene sólo un acreedor, es decir que contrajo deudas con tarjeta de crédito, familiares, plataformas y otras modalidades informales.
Aumentos al ritmo de la inflación
De acuerdo con el Monitor de Alquileres del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) en enero de 2024 los inquilinos se enfrentaron a “altos valores de entrada que, si bien con los ritmos de inflación actuales se licúan rápidamente, constituyen una barrera significativa para ingresar en un nuevo alquiler”, a lo que se suma “la incertidumbre sobre los precios futuros de las tarifas y la desregulación de los precios de los combustibles, que afectan el costo de vida de la población”.
En detalle, la mediana de los monoambientes en Capital Federal fue de $280.000 (+12%), en el caso de ofertas de departamentos de dos ambientes de $350.000 (+16,7%) y de los de tres ambientes $500.000 (+6,4%), sin incluir expensas, que alcanzan en promedio el 9,7% del costo del precio. Esto representó subas del 305,8%, 337,5% y de 316,7% en los últimos doce meses, muy por arriba de la inflación mensual.
El Centro de Estudios midió también lo sucedido en Rosario, con aumentos interanuales de 202,3%, 190,9% y 185,7%, según cada tipo de unidad e indicaron que “los jubilados que tienen un ingreso de $160.713 deben gastar el 80,9% del mismo en el alquiler de un departamento monoambiente medio, sin incluir expensas ni servicios y los trabajadores que perciben el Salario Mínimo Vital y Móvil ($156.000) destinan el 83,3% de su ingreso al pago del alquiler de un monoambiente”.
Por otro lado, desde la agrupación Inquilinos Agrupados sostienen que “la actualización del precio del alquiler está siendo cada 2, 3 o 4 meses (el 87% tiene subas menores a seis meses)” y según la Encuesta Nacional Inquilina realizada en enero por la Federación de Inquilinos Nacional, también se redujo el plazo de duración de los acuerdos, que dejó de ser en torno a los 3 años (predominaba en el 72% de los contratos) para dar lugar a la imposición de contratos cortos con un lapso de duración menor a 6 meses (25% de los casos).
De esa manera, a nivel general más de la mitad de los contratos se firman a un año o menos de plazo. “Transcurridos sólo tres meses de alquiler el precio aumentará alrededor de un 60%. Quien hoy paga $300.000 a los noventa días tendrá que pagar (si puede) $480.000”, ejemplificaron.
eldestapeweb.com