Economistas coordinados por Roberto Feletti sostienen que la reducción del gasto público pone en riesgo el consumo interno y advierten que el Gobierno redujo en dos años el peso del Estado nacional en un equivalente de casi US$ 50.000 millones. Asegurando que la próxima etapa del ajuste fiscal podría impactar de lleno sobre las provincias y los municipios.
Este trabajo, elaborado por economistas y profesionales vinculados al senador bonaerense Roberto Feletti lanzó fuertes críticas al rumbo económico del gobierno de Javier Milei, al sostener que la administración libertaria busca consolidar un “cambio estructural” de la economía argentina basado en un modelo exportador centrado en agro, energía y minería, con menor participación del Estado y un alineamiento estratégico con Estados Unidos para garantizar cadenas de suministro de recursos naturales.
Un ajuste que pretende caer sobre las provincias y los municipios
Según el informe, el Gobierno redujo en dos años el peso del Estado nacional desde niveles históricos cercanos al 25% del Producto Bruto Interno (PBI) hasta el actual 15%, lo que representa un recorte equivalente a casi US$ 50.000 millones. “Esto implica una retirada de la inversión social y la inversión pública inédita” mencionan.
“El ajuste comenzó por el sistema previsional, las universidades, la obra pública y los programas sociales. Ahora llega el turno de las provincias y de los municipios”, advierte el documento elaborado en el marco de un convenio entre la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTreF) y el Senado bonaerense.
Los economistas que participaron en el armado del documento ponen el foco especialmente sobre el impacto que podría tener el denominado Pacto de Mayo, donde se estableció como meta que el gasto consolidado del sector público – Nación, provincias y municipios – no supere el 25% del PBI.
De acuerdo con el análisis, si el gasto de la administración nacional permanece en torno al 15% del producto, las provincias deberían reducir su participación al 10%, muy por debajo del promedio histórico del 15% del PBI que actualmente destinan junto a los municipios.
Esa diferencia implicaría, según el informe, un ajuste adicional equivalente a US$ 25.000 millones sobre las administraciones provinciales.
Los autores sostienen que el impacto podría sentirse especialmente en áreas sensibles como salud, educación, seguridad y servicios sociales, que dependen mayoritariamente de las provincias. Además, advierten que el deterioro podría profundizarse en un contexto de caída de la actividad económica y de posible aumento de tarifas por cambios en el régimen de zonas frías.
“La motosierra es una herramienta a la que el gobierno de Milei quiere hacer funcionar 24 horas, siete días de la semana”, señala el informe, que además cuestiona la sustentabilidad del programa económico oficial.
Una paradoja incómoda
Uno de los capítulos centrales del informe aborda el crecimiento del sector energético y la expansión de Vaca Muerta. Allí aparece lo que los autores definen como una “paradoja incómoda”: mientras la Argentina parece haber encontrado una vía para aliviar la histórica restricción de dólares mediante el desarrollo de hidrocarburos no convencionales, los autores del informe consideran que las ganancias derivadas de ese proceso podrían quedar concentradas en sectores exportadores sin traducirse en mejoras para el conjunto de la población.
Según datos relevados en el estudio, las exportaciones energéticas superaron en 2025 los US$ 11.000 millones, con un crecimiento cercano al 40% respecto al año anterior. Además, el petróleo no convencional ya representa el 69% de la producción total.
Situación social y laboral
El informe también dedica un apartado a la situación social y laboral. Allí se destaca que la desocupación alcanzó el 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, equivalente a 1,1 millón de personas desempleadas, mientras que el empleo registrado acumuló una pérdida de 526.000 puestos entre noviembre de 2023 y enero de 2026.
Al mismo tiempo, advierte sobre el crecimiento de los trabajadores ocupados que buscan otro empleo por insuficiencia de ingresos y deterioro de las condiciones laborales.
En este ámbito, el informe cuestiona la ausencia de una política de ingresos que permita recomponer el poder adquisitivo y el consumo. En ese punto, los economistas trazan paralelos con la experiencia del gobierno de Mauricio Macri y sostienen que tanto entonces como ahora se buscó recomponer la rentabilidad empresaria mediante ajustes sobre tarifas, tipo de cambio y salarios.
Según el documento, la administración libertaria impulsa una reconversión económica que prioriza la valorización financiera y el modelo exportador por sobre el mercado interno. Además, señala que la experiencia del último gobierno del Frente de Todos demostró que los subsidios y mecanismos de asistencia indirecta no alcanzan para sustituir una recuperación sostenida de los salarios.
“Las iniciativas de distribución de la renta naufragan cuando la política de ingresos no se armoniza con la política de precios”, sostienen.
En el plano internacional, el documento vincula el programa económico libertario con la estrategia geopolítica impulsada por Donald Trump en Estados Unidos. Según esa mirada, Washington busca recuperar capacidad industrial y garantizar acceso privilegiado a recursos naturales estratégicos de América Latina.
“El ‘Make America Great Again’ busca utilizar como palanca de competitividad el acceso preferencial a insumos básicos del hemisferio”, sostiene el texto.
El equipo que participó del informe está integrado, además de Feletti, por Antonio Mezmezian, Horacio Rovelli, Érica Pinto, Fabiola Vela Velázquez, Diego Perrella, Graciela Tilca, Delfina Salerno y Nair Cisneros.
Perfil