Los gremios educativos vinculados a la CGT avanzan en la organización de una medida de fuerza nacional para después del 19 de julio. Denuncian que el salario mínimo permanece en $500 mil desde hace un año, rechazan las ofertas realizadas por el Gobierno y cuestionan que el tema salarial haya quedado fuera de la agenda oficial.
Mientras varios referentes de la CGT participan en Ginebra, Suiza, para exponer denuncias contra el Gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Buenos Aires avanza otra discusión que promete escalar en las próximas semanas. Los sindicatos docentes nucleados en la central obrera comenzaron a delinear un plan de lucha que podría incluir un paro nacional una vez finalizado el Mundial de Fútbol, previsto para el 19 de julio.
La iniciativa es impulsada desde la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, conducida por Sergio Romero, titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA). El eje del reclamo es la situación salarial del sector, ya que el salario mínimo docente continúa fijado en $500 mil, sin modificaciones desde hace un año.
En los gremios educativos crece el malestar porque consideran que los ingresos quedaron por debajo de la línea de pobreza. Según remarcan, durante este año se realizaron seis reuniones de la Paritaria Nacional Docente convocadas por el Gobierno, aunque ninguna terminó con acuerdos. La última se llevó a cabo hace dos meses.
Desde las organizaciones sindicales recordaron que la propuesta oficial consistía en elevar el salario mínimo a $650 mil en marzo y a $700 mil en abril, una oferta que fue rechazada por considerarla insuficiente. Tras esa negativa, sostienen que no hubo una mejora de la propuesta por parte de los funcionarios nacionales.
La tensión aumentó luego de que el Gobierno convocara para el próximo martes, a las 9.30, al Consejo Federal de Educación, integrado por el responsable educativo nacional y los ministros de las 24 jurisdicciones. Sin embargo, los sindicatos advirtieron que entre los ocho puntos incluidos en el temario no figura la discusión salarial.
Frente a ese escenario, Romero y otros dirigentes comenzaron a debatir el inicio de un plan de lucha que también incorporará reclamos vinculados a las universidades nacionales. Al mismo tiempo, se ampliaron las conversaciones con otras organizaciones del sector para construir una medida de alcance federal.
“La educación está en crisis por los salarios de pobreza, pero también por la quita de inversiones en el sector y los recortes en ciencia y en las escuelas técnicas, y por eso esta situación amerita una respuesta contundente de la comunidad educativa”, afirmó Romero.
El dirigente también describió situaciones que, según señaló, reflejan el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores de la educación. “Hay docentes que van a comer a las escuelas con sus alumnos porque no tienen plata, como en Misiones”, sostuvo. Además, agregó que, aun en provincias donde los gobernadores otorgaron aumentos, “los salarios siguen siendo de miseria”.
Con el objetivo de fortalecer la convocatoria, la conducción educativa de la CGT abrió conversaciones con la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y con distintos gremios universitarios. La intención es coordinar una protesta de gran magnitud en todo el país.
Romero también anticipó que aguardará la finalización de la conferencia anual de la OIT para plantear ante la conducción de la central obrera la necesidad de avanzar con nuevas medidas contra la administración de Javier Milei. “Ante esta realidad, la CGT está obligada a tomar medidas por su historia de lucha”, expresó.
En paralelo, los sindicatos sostienen que cuentan con respaldo judicial para avanzar con una huelga. Aunque la Ley 27.802 de Modernización Laboral establece la obligación de garantizar el 75% de los servicios mínimos en el ámbito educativo durante una medida de fuerza, continúa vigente una resolución de la justicia laboral que suspendió la aplicación del artículo que declaró a la educación como servicio esencial.
Por ese motivo, las organizaciones consideran que mantienen intacta la posibilidad de convocar a un paro nacional sin las restricciones previstas en esa norma. El cuestionamiento judicial al artículo 101 de la ley fue impulsado por UDA y terminó con una sentencia favorable dictada por el titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 74, José Ignacio Ramonet.
Tras ese fallo, Romero había celebrado la decisión judicial al sostener: “La Justicia nos dio la razón y nos garantizan los derechos históricos”. En la misma línea agregó: “Esencial es garantizar salarios dignos y condiciones adecuadas para el proceso educativo y no restringir derechos colectivos que justamente buscan resguardar esas condiciones”.
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