En un duro comunicado de prensa emitido de forma unánime, los directores del Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible del Chaco denunciaron públicamente el accionar del actual gobierno provincial frente al Fondo Estímulo Productivo. Los funcionarios de carrera acusan a la gestión de turno de difundir “afirmaciones falsas o inexactas” con el fin de estigmatizar a los más de 600 trabajadores de la cartera.
El eje de la disputa reside en la naturaleza del Fondo Estímulo Productivo. Mientras que funcionarios actuales lo han calificado en medios de comunicación como un “privilegio” o un pago separado de los haberes, los directores aclararon que este concepto es remunerativo y forma parte integral del salario mensual desde el año 2015.
El fondo fue sancionado por voto unánime de la Legislatura bajo la Ley 2398-I y, al ser remunerativo, es la base para el cálculo de aportes jubilatorios y obra social. En este sentido, los directores alertan que el Ministro no ha firmado la resolución de liquidación correspondiente a este mes, lo que implica una reducción abrupta e inmediata del sustento de cientos de familias.
“El salario no es un rumor: es sustento de vida”, afirmaron los directores, rechazando que el concepto sea un “premio discrecional”.
Desmentida sobre la recaudación
El comunicado también aborda las declaraciones oficiales que sugerían irregularidades en el manejo de fondos intangibles. Los directores explicaron que la ley define al fondo como un “reflejo” del 80% de lo recaudado por el Ministerio, pero que el pago efectivo se realiza mediante la fuente de Rentas Generales, tal como sucede con los sueldos de los propios funcionarios y asesores políticos.
Asimismo, subrayaron que durante más de una década el Tribunal de Cuentas de la provincia ha controlado estas rendiciones sin objetar su legalidad o regularidad.
Reserva de acciones legales
Los profesionales del Ministerio, quienes enfatizaron que su postura no es partidaria sino técnica, calificaron el accionar oficial como un “abuso de poder” y una “violación de la buena fe”.
“Ninguna resolución puede ‘derogar de hecho’ una ley, ni suprimir por vía administrativa un derecho salarial”, sentencia el documento. Ante la falta de cumplimiento de la ley vigente, los directores han hecho expresa reserva de iniciar acciones legales contra el Estado provincial para proteger sus haberes y la estabilidad institucional del sector productivo.