Legisladores nacionales presentaron un amparo con medida cautelar para que se frene de inmediato el decreto que modificó la ley de Inteligencia. Denuncian que no hubo urgencia, que se invadieron facultades del Congreso Nacional y que se habilita la aprehensión de personas por agentes de inteligencia.
Un grupo de diputados nacionales presentó una acción de amparo contra el Estado nacional para que se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo introdujo cambios de fondo en la Ley de Inteligencia Nacional. Además, solicitaron una medida cautelar para que se suspenda de inmediato su aplicación.
La acción fue promovida por Mónica Frade, Maximiliano Ferraro y Esteban Paulón, quienes sostienen que el decreto viola el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.
En el escrito, los legisladores afirman que el DNU “no cumple con los presupuestos para su dictado, toda vez que en sus fundamentos no se invocaron razones de urgencia alguna” y remarcan que el Congreso se encontraba en sesiones extraordinarias hasta un día antes de la firma del decreto .
Según señalaron, el Poder Ejecutivo “emitió una disposición de indudable carácter legislativo, al modificar por sí mismo la Ley de Inteligencia Nacional 25.520”, lo que – a su criterio – configura “una desviación de poder y un abuso de derecho público, violatorio del principio republicano y de la división de poderes” .
Uno de los puntos más cuestionados del planteo es la habilitación de facultades de aprehensión de personas al personal de inteligencia. Los diputados advierten que el decreto avanza sobre materias expresamente vedadas a los DNU.
“El artículo cuestionado otorga atribuciones al personal de inteligencia que son propias de la Policía Judicial y de las fuerzas de seguridad, modificando de hecho el Código Procesal Penal”, sostuvieron en la presentación judicial .
En ese sentido, alertaron que la norma permite injerencias graves en la vida privada de las personas y vulnera estándares fijados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que exige orden judicial previa para este tipo de medidas.
Fusión de inteligencia y seguridad interior
El amparo también cuestiona que el DNU elimina las fronteras entre la inteligencia estratégica y la seguridad interior, unificando organismos con lógicas y finalidades distintas.
“El decreto fusiona ambos planos, otorgándoles el mismo tratamiento, lo que augura severas consecuencias”, advirtieron los diputados, quienes alertaron sobre la posibilidad de que se utilicen metodologías de inteligencia militar contra
El escrito sostiene que esta arquitectura institucional “es la antesala inmediata a la existencia de un ‘Estado policial’” y que habilita la persecución de periodistas, opositores políticos, militantes sociales y sindicales bajo el rótulo de amenazas a la seguridad .
Riesgos para la UIF y los controles democrático
Otro de los cuestionamientos centrales apunta a la incorporación de la Unidad de Información Financiera (UIF) dentro del sistema de inteligencia. Según los diputados, esa decisión pone en riesgo la autonomía del organismo y podría afectar el intercambio de información financiera con otros países.
“Subsumir un organismo concebido para mantener su autarquía bajo el sistema de inteligencia clásico generará fricciones no solo internas sino también internacionales”, alertaron, con referencias a estándares del GAFI y del Grupo Egmont .
Pedido de suspensión inmediata
Finalmente, los legisladores solicitaron al juez que ordene la suspensión inmediata de los efectos del DNU 941/2025, al considerar que su aplicación genera un peligro concreto para el sistema republicano y los derechos fundamentales.
“El no otorgamiento de la medida cautelar produciría un grave daño al sistema republicano de gobierno y a la supremacía de la Constitución Nacional”, afirmaron en escrito .
Ámbito