El proyecto prevé penas de entre “3 (tres) a 10 (diez) años de prisión” al que causare un aborto sin consentimiento de la mujer y de entre “1 (uno) a 4 (cuatro) años al que lo efectuare con el consentimiento de la mujer.
En tanto, si el aborto consumado resulta en el fallecimiento de la mujer, la pena se eleva a 6 (seis) como máximo. En ningún párrafo del texto se menciona la figura de “persona gestante” que en la actual ley se contempla.
Además, proponen cambiar el artículo 86 que se refiere a los especialista a cargo de los abortos: “Sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo. El aborto causado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta y con el fin de evitar un peligro inminente para la vida de la madre no es punible, siempre que el peligro no pueda ser evitado por otros medios”.
Como si el proyecto en sí no fuera polémico, los libertarios decidieron que, para embarazos originados por una violación, “eliminar el causal de no punibilidad por entender que la misma ha sido sistemáticamente interpretada como una justificación de la práctica”.
“Sin embargo, dichos casos quedan comprendidos en la redacción propuesta para el artículo 88 del CP, que autoriza al juez a eximir a la mujer de la pena en atención a las causas que la llevaron a abortar y a su comportamiento posterior, manteniendo así el carácter delictivo de la conducta. En efecto, creemos que no existe ninguna razón, por dramática que sea, que justifique el descarte de una vida inocente”, indica.
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