El proyecto fue aprobado en general por 149 votos contra 100. Reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, fija penas de hasta 15 años para delitos graves y contempla partidas por más de $23.700 millones para su implementación.
La Cámara de Diputados aprobó en general por 149 votos a favor y 100 en contra el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. La iniciativa, impulsada por el oficialismo, obtuvo así media sanción y será girada al Senado para su revisión.
El proyecto fue respaldado por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Producción y Trabajo, entre otros espacios aliados. En tanto, fue rechazado en bloque por el peronismo y la izquierda.
El oficialismo logró así avanzar con una de las reformas centrales en materia de seguridad, promovida por la ministra Patricia Bullrich, tras un año de negociaciones en un plenario de comisiones que reunió más de veinte iniciativas y la exposición de especialistas.
Qué cambia con el nuevo régimen penal juvenil
El nuevo Régimen Penal Juvenil no solo baja la edad de imputabilidad a los 14 años, sino que también establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros.
La prisión efectiva quedará reservada a delitos con escalas penales altas. Para los casos con condenas menores a 10 años, el proyecto prevé penas alternativas, como amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos.
Además, se habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de las partes y consentimiento expreso de la víctima.
Otro eje central es el reconocimiento expreso de los derechos de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley garantiza que puedan ser informadas, escuchadas, contar con patrocinio jurídico, recibir asistencia psicológica y participar en instancias relevantes del proceso, incluyendo mecanismos restaurativos.
Institutos especiales y prohibición de convivencia con adultos
El texto pone especial énfasis en la creación de institutos específicos para menores, donde se garantice el acceso a educación, atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal deberá estar especializado en infancia y adolescencia.
Asimismo, queda terminantemente prohibida la convivencia con detenidos mayores de edad, uno de los puntos que fue ajustado en la redacción final para evitar ambigüedades, según explicó la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado.
El régimen entrará en vigencia seis meses después de su reglamentación, plazo destinado a adecuar instalaciones y estructuras en el ámbito federal y provincial.
Debate político y tensiones en la oposición
El peronismo logró mantenerse unido en el rechazo al proyecto en la votación en general. Aunque en la previa trascendió que sectores del Frente Renovador estaban dispuestos a acompañar en particular el artículo que fijaba la baja a 14 años -en línea con un antecedente legislativo de 2015-, finalmente no acompañaron, luego de que el oficialismo propusiera votar por capítulos y a mano alzada.
Desde el inicio del debate, Rodríguez Machado sostuvo que el régimen vigente, sancionado en 1980, “no previene, no resocializa y no repara” y deja a muchos jóvenes en un “limbo” sin debido proceso ni políticas efectivas de reinserción.
En contraposición, Juan Grabois cuestionó el enfoque del proyecto: “La edad la pueden bajar a cero años. No es un problema de bajar o no bajar la edad”, afirmó, y planteó que el eje debería estar en la salud mental y los consumos problemáticos.
En la misma línea, el diputado Juan Carlos Molina se preguntó: “¿Qué pasa como sociedad que estamos discutiendo bajar la edad para meter a los pibes en una cárcel y no mejorar la educación?”.
Desde el oficialismo, Santiago Santurio defendió la reforma al señalar que, si bien “no va a ser la solución definitiva”, constituye una respuesta para que los jóvenes que cometen delitos graves “respondan por sus actos” y no queden impunes.
Presupuesto y reclamo de las provincias
En la última versión del proyecto, el Gobierno incorporó un artículo que prevé $23.739.155.303 para la implementación del nuevo régimen, de los cuales $3.131.996.784 serán destinados al Ministerio de Justicia y $20.607.158.518 a la Defensoría General de la Nación.
El agregado se realizó luego de que varios gobernadores advirtieran que no acompañarían la iniciativa si los costos recaían exclusivamente en las provincias.
Miguel Ángel Pichetto apoyó la baja de la edad a 14 años, pero advirtió: “Sin inversión en establecimientos adecuados y educación, es solo humo para la tribuna”.
Presencia de familiares de víctimas
El debate fue seguido desde los palcos por familiares de víctimas de delitos cometidos por menores, entre ellos integrantes de Madres del Dolor y familiares de casos resonantes como Jeremías Monzón, Joaquín Sperani y Uma Aguilera.
Con la media sanción en Diputados, el proyecto de baja de imputabilidad a los 14 años abre ahora una nueva etapa en el Senado, donde se definirá si la Argentina modifica finalmente un régimen penal juvenil que rige desde hace más de cuatro décadas.
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