El fenómeno que denuncia un sindicato del sector se da en el contexto de aumento de la morosidad en bancos y billeteras virtuales. Señalan que las mismas plataformas les ofrecen créditos a los trabajadores cuando están apremiados, pero luego las tasas altas agravan el cuadro.
Los trabajadores de aplicaciones de reparto se han convertido en los últimos en parte cotidiana del paisaje urbano en todo el país. Verlos en sus bicis o motos con las mochilas, llevando comida o las compras más diversas forma parte de una escena económica que es parte indispensable de la creciente venta online. Sin embargo, desde uno de los gremios del sector, el Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (Sitrarepa), advirtieron este sábado que los trabajadores de aplicaciones están paulatinamente sumergiéndose en un tema de endeudamiento cada vez más serio.
El tema se da al mismo tiempo que, en la escena económica general, hay un escenario de morosidad récord en bancos y sobre todo en billeteras virtuales, situación que refleja las dificultades que enfrentan miles de trabajadores para pagar sus gastos más apremiantes, y que llevan a las familias muchas veces a apelar el crédito que puedan para poder seguir adelante. En el caso de los repartidores, señaló Sitrarepa, al no contar en muchos casos con un historial crediticio suficiente como para acceder a los bancos, algunas de las plataformas se convirtieron en una alternativa de financiamiento para quienes trabajan en ellas, pero el gremio destaca que las tasas de recupero son altas y eso ha llevado a que muchos de los trabajadores estén en problemas.
“Tenemos situaciones de compañeros que extienden su jornada laboral para devolver los préstamos”, afirmó la secretaria general de Sitrarepa, Belén D’Ambrosio, indicando que el sistema de esos préstamos genera una fuerte dependencia con las empresas. “Trabajamos entre 10 y 12 horas solo para cubrir los gastos fijos. Estos préstamos no están controlados, y deberían tener alguna regulación del Estado”, agregó en declaraciones difundidas por la Agencia Noticias Argentinas.
La dirigente explicó además que las plataformas utilizan criterios de productividad para definir quiénes pueden acceder a un crédito. Entre ellos se encuentran la antigüedad del repartidor, la cantidad de pedidos aceptados, las calificaciones de los usuarios y el desempeño durante las franjas horarias de mayor demanda. Según D’Ambrosio, la realidad económica del sector mustra que “estamos cobrando entre $1.500 y $3.000 por pedido. La comisión es independiente del valor de la compra”, señaló, y como las tasas de los créditos son altas luego se complica el pago de las cuotas..
El fenómeno también fue analizado por el Banco Central en un reciente informe sobre entidades no bancarias que otorgan financiamiento. Allí dedicó un apartado a la denominada “economía gig”, integrada por trabajadores de plataformas de reparto y transporte, y explicó que estas empresas utilizan la información que generan sus usuarios como un sistema alternativo al scoring bancario para evaluar el riesgo crediticio.
De acuerdo con el organismo, variables como la antigüedad, la tasa de aceptación de viajes o pedidos y la calificación de los clientes son determinantes para acceder a un préstamo. Los números muestran una expansión acelerada del fenómeno. Durante 2025, la cantidad de deudores que tomaron créditos a través de plataformas aumentó un 122%, y ya había crecido 177% entre 2023 y 2024.
Además, el Banco Central estimó que la deuda promedio de los monotributistas que trabajan mediante aplicaciones alcanzó los $900.000 por persona hacia fines de 2025, mientras que en el caso de los comercios adheridos el promedio fue siete veces mayor.
El informe también reveló que los trabajadores independientes representan el 54% de quienes acceden a estos préstamos y concentran más del 62% del saldo financiado. Entre las conclusiones del estudio, el organismo señaló que las plataformas “están financiando a su propia base de trabajadores”.
Las empresas sostienen que estas herramientas buscan promover la inclusión financiera de personas que no logran acceder al sistema bancario. En esa línea, Banco Galicia anunció recientemente una alianza con Rappi para ofrecer servicios de pago, financiamiento y bancarización a repartidores y comercios.
Por su parte, Pedidos Ya informó que comenzó a ofrecer préstamos a comercios en 2022 y a repartidores en 2024. La compañía aseguró haber otorgado 57.000 créditos por un total de 84 millones de dólares, de los cuales el 54% fue destinado a comercios. En el caso de los repartidores, indicó que los préstamos tienen un plazo de seis meses y no pueden superar el 30% de los ingresos generados en la plataforma.
Endeudamiento familiar y de Pymes
En tanto, el economista y empresario pyme Gustavo Lázzari consideró este sábado que “el fuerte endeudamiento de las familias y las pequeñas empresas se convirtió en uno de los principales desafíos de la economía argentina”, al advertir que la recuperación macroeconómica todavía no logra traducirse en alivio para quienes enfrentan crecientes costos fijos, elevada presión impositiva y dificultades para acceder al financiamiento.
Lázzari explicó que muchas empresas llegaron a la actual etapa económica con problemas acumulados de años anteriores, como falta de inversión, deudas y litigios, lo que impide que todas puedan aprovechar de la misma manera el nuevo escenario. “Las empresas no arrancan de cero cuando cambia un gobierno. Cada una viene arrastrando su propia historia y muchas estaban muy averiadas”, sostuvo.
El economista relató que su mayor preocupación surgió luego de una reunión con empresarios en Corrientes, donde varios le comentaron que algunos empleados solicitaban ser despedidos para cobrar la indemnización y cancelar sus deudas. “Nunca había escuchado algo así. De diez empresarios, siete me dijeron que les estaba pasando lo mismo. Ahí entendí que ya no era un caso aislado, sino un problema serio”, señaló.
Según indicó, actualmente existen millones de personas endeudadas y un importante porcentaje de pequeñas y medianas empresas presenta dificultades fiscales que les impiden acceder al sistema financiero formal.
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