En diálogo con CIUDAD TV, la diputada nacional de UxP del Chaco, Julieta Campo, presentó en el Congreso un proyecto que establece topes del 30% y 20% sobre ingresos para el pago de deudas y exige que las plataformas digitales de crédito operen bajo las mismas reglas que los bancos.
La diputada nacional por Unión por la Patria del Chaco Julieta Campo presentó en la Comisión de Defensa al Consumidor un proyecto de ley orientado a regular el endeudamiento de las familias argentinas, con especial foco en el crédito otorgado por billeteras virtuales. La iniciativa, denominada “segunda oportunidad para hogares endeudados”, busca que el Estado funcione como árbitro en la renegociación de deudas y establece topes sobre el porcentaje del ingreso que puede destinarse al pago de compromisos financieros.
Campo describió el problema como estructural y con dos dimensiones bien diferenciadas. Por un lado, el destino de las deudas: “La gente no se está endeudando para comprar una casa, comprar un auto o para comprar algo que le sirva a largo plazo, sino que el destino de la deuda es sobrevivir, es comprar alimentos, es pagar la luz en cuotas”. Por el otro, la masificación del crédito a través de plataformas digitales que operan sin las mismas regulaciones que los bancos tradicionales: “Las billeteras virtuales operan como un banco, pero sin las reglas de un banco”, señaló, advirtiendo que algunas de ellas cobran tasas de hasta el 180% sobre el capital prestado.
Según datos que la legisladora citó durante la entrevista en CIUDAD TV, nueve de cada diez familias argentinas están endeudadas, y el 70% de ellas reconoce tener dificultades para afrontar sus pagos. El indicador que más preocupa, subrayó Campo, no es el nivel de endeudamiento en sí sino el aumento de la morosidad, es decir, la imposibilidad concreta de cumplir con los compromisos asumidos. En el Norte Grande, agregó, esa tasa es significativamente más alta que el promedio nacional.
El proyecto propone un procedimiento digital, ágil y accesible para que las personas puedan inscribirse y renegociar sus deudas. Para los trabajadores formales, la iniciativa establece que no podrá destinarse más del 30% del salario al pago de deudas; para quienes perciban asignaciones, jubilaciones o pensiones, el tope sería del 20%. “Hay una relación desigual entre el que pide y el que presta, y hay algunos que se están aprovechando de esa situación”, sostuvo Campo al explicar la razón de esos límites.
La diputada fue enfática en que la propuesta no implica que el Estado absorba deudas privadas ni que se estatice la usura de las empresas que abusan de su posición. El rol del Estado, insistió, es el de intermediador: facilitar que quien tiene voluntad de pagar pero no capacidad pueda hacerlo en plazos e intereses razonables, con seguimiento del cumplimiento y posibilidad de rescindir el acuerdo ante incumplimientos. También indicó que ciertos bienes deben ser inembargables, como la vivienda familiar y los recursos básicos indispensables para la vida cotidiana.
“La gente se endeuda de sobremanera sin saber cuáles son los intereses”
En Chaco, explicó Campo, el mayor nivel de endeudamiento de las familias es con Naranja X: “Está claro que la gente se endeuda de sobremanera con esta aplicación sin saber cuáles son los intereses”. Esa opacidad en la información sobre tasas, combinada con la facilidad de acceso al crédito digital, es lo que vuelve el problema “incontrolable”, en sus palabras. La legisladora reclamó que si estas plataformas “otorgan créditos, tarjetas y demás productos del sistema financiero, tiene que haber reglas y alguien debe controlar”.
Para elaborar la propuesta, el equipo de Campo estudió experiencias internacionales como la ley de segunda oportunidad de España, el modelo alemán y, en particular, el programa “Desenrola Brasil” impulsado por el gobierno de Lula, que fue tomado como referencia en materia de renegociación compulsiva, aunque con diferencias de fondo: mientras en Brasil el Estado participa directamente, la iniciativa chaqueña reserva para el poder público un rol de árbitro, no de parte. También mencionó el caso de México como ejemplo de regulación de billeteras virtuales bajo las mismas reglas que la banca tradicional.
El impacto del sobreendeudamiento excede, según Campo, la dimensión económica. La diputada vinculó el fenómeno con el deterioro de la salud mental y con situaciones de crisis personal, y evocó el testimonio de integrantes de la organización Los Ángeles del Puente, quienes trabajan en la prevención de suicidios en Resistencia: “Lo que ellos transmitían es que la gente no es que se quiere tirar del puente por amor o por celos, son deudas, son problemas económicos”. Campo apuntó además a la dimensión simbólica del endeudamiento, que genera culpa y erosiona la autoestima: “Hay un sistema que no solamente te empuja a tomar deuda, sino que además te hace sentir culpable, porque te hace creer que la culpa es tuya”.
La legisladora también trazó un paralelo entre el endeudamiento de las familias y el de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, argumentando que las exigencias del organismo —ajuste en jubilaciones, salud y educación— empujan a la población a endeudarse para cubrir necesidades básicas que el Estado deja de garantizar. “Las familias argentinas están tan endeudadas como nuestro país”, afirmó. Para Campo, el proyecto es una respuesta urgente a una emergencia concreta, pero “de fondo lo que no funciona es el modelo económico”.