La detención fue resultado de una operación coordinada entre la Policía Federal de Brasil, la policía italiana y la Interpol. El operativo se desarrolló en un apartamento de la capital italiana, donde la legisladora se encontraba alojada. La Corte Suprema de Brasil había solicitado su captura y posterior extradición tras ser incluida en la lista roja de la Interpol.
Carla Zambelli, de 45 años, abandonó Brasil a inicios de junio tras conocerse la orden de arresto. Su itinerario incluyó un paso por Argentina y Estados Unidos antes de llegar a Italia, país del que también posee la ciudadanía. Zambelli adujo que la doble nacionalidad le brinda protección frente a la solicitud de extradición y manifestó que no regresará a Brasil. “No voy a volver a Brasil para cumplir pena en Brasil. Si tuviese que cumplir cualquier pena, va a ser aquí en Italia, que es un país justo y democrático. Pero estoy segura que, analizando todos los procesos de cabo a rabo, ellos van a percibir que soy inocente”, declaró en un video difundido por su abogado Fabio Pagnozzi.
En el mensaje, la diputada resaltó que su decisión de entregarse en Italia constituye un acto voluntario y que no está “huyendo” sino “resistiendo”. Remarcó también su intención de permanecer en el país europeo mientras avanza el proceso judicial y calificó su condena en Brasil como producto de una persecución política.
La causa por la que fue sentenciada deriva de la contratación de Walter Delgatti, conocido por su vinculación con delitos informáticos, para invadir el sistema electrónico del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) durante 2022. Delgatti recibió ocho años y tres meses de prisión en la misma causa. Los hechos investigados ocurrieron en medio de la polarizada campaña electoral en la que Luiz Inácio Lula da Silva resultó electo presidente, derrotando a Bolsonaro, quien aspiraba a la reelección.
A la condena por el ataque informático se suman otros procedimientos judiciales pendientes contra Zambelli. Entre las causas en su contra figura un incidente en el que persiguió armada a un militante de izquierda en San Pablo, en la víspera de la segunda vuelta electoral de 2022.
Tras la huida de Zambelli, la Corte Suprema brasileña dictó su prisión preventiva, ordenó el bloqueo de sus cuentas bancarias e impulsó la inclusión de su nombre en el sistema de alerta internacional de Interpol. Las fuerzas de seguridad italianas actuaron tras recibir información aportada por el diputado italiano Angelo Bonelli, de la coalición Alianza Verdes e Izquierda, quien facilitó la dirección en la que se hallaba Zambelli.
El Ministerio de Justicia de Brasil confirmó que la detención abre un proceso de extradición que será tramitado por vía diplomática y judicial. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva destaca la cooperación de Italia en el marco de los acuerdos internacionales de lucha contra la criminalidad transnacional y de persecución de delitos informáticos.
La situación de la diputada plantea un debate jurídico sobre el alcance de la doble nacionalidad y los tratados bilaterales entre Brasil e Italia respecto a la extradición de connacionales. El proceso deberá determinar si Zambelli enfrenta la pena impuesta por la justicia brasileña en su país de origen o si cumple una eventual condena en territorio italiano. La defensa anticipó que presentará recursos ante los tribunales italianos argumentando inocencia y persecución política.
Infobae