Jorge Pachecoy lleva 33 años en el sector de la discapacidad con instituciones de prestigio, y confirma que “se está por firman un decreto desregulando las prestaciones que brindan a la discapacidad las instituciones. Es muy preocupante el tema, porque ya está a la firma del Jefe de Gabinete y del Presidente. Allí se prevé la desregulación del nomenclador”
Aclara que “las instituciones tienen servicios específicos para cada discapacidad y está previsto un sistema de aranceles para esas prestaciones, que se forma con la intervención de una serie de organismos nacionales y las instituciones prestadoras. Luego se arriba a un arancel que se eleva al Ministerio de Salud, que fija uno único para todo el país, según la discapacidad”.
De concretarse la firma de este decreto, “esto va a ser un libre albedrío, porque lo dejan al mercado. Se les quitan el piso y el techo a las prestaciones. Por eso mañana miércoles se le presenta un petitorio a Presidente en la residencia de Olivos”.
Pachecoy pone ejemplos para una prestación pedida por una obra social, que en una institución seria y responsable puede costar 100, pero aparece una institución que “atiende en una verdulería” y da un precio mucho menor. “y entonces eligen esa opción”, donde se pierde totalmente la calidad del servicio.
La movilización de este miércoles 29 se llevará a cabo en todo el país. Y en Resistencia se hará a las 10,30 horas en Peatonal y Alberdi. Allí estará a disposición de la comunidad el petitorio.
Menciona luego la Ley de Discapacidad, número 24901, dictada hace 25 años. Desde entonces “el progreso fue significativo. Hoy tienen prestaciones de calidad, auditadas por los gobiernos nacional y provincial, y por las obras sociales”.
También refiere que en todo el país son más de 200.000 las personas con discapacidad atendidas, y son más de 100.000 las personas que están trabajando en las instituciones. “Hay entre un 10 y 12% de personas en el mundo con discapacidad. En Argentina se estima que son unos 5 millones. Con este decreto se pueden perder dos derechos: la universalidad de ser atendidas, sin distinción, y el derecho a la calidad de la atención”.
Advierte que este decreto “salió de la Agencia Nacional de Discapacidad. No queremos dar un tinte político a esto. Es independiente de cualquier signo que gobierne”, y también que “las personas con discapacidad no tienen otro servicio. El Estado no presta los servicios que nosotros damos. Solo tiene escuelas especiales, pero solamente para los más leves. Si se cae este sistema, no tienen destino”.
Lamenta Pachecoy que “para este decreto no fueron consultadas las instituciones, el sector ni las organizaciones que nos nuclean. Fue sorpresivo e inconsulto”.
En cuanto al cumplimiento de las pautas económicas, reconoce que “en el Incluir Salud, para personas que no tienen otra obra social, están al dìa. Cobramos con regularidad, aunque los aranceles están retrasados un 42% con respecto a la inflación, y es más grave lo del transporte, porque si no hay transporte no hay prestación”.
Añade que “PAMI está bastante al día, y el Insssep tiene un cierto atraso que heredó. Están tratando de regularizar, pero todavía no pueden hacerlo”, y realiza una observación en cuanto a los profesionales que actúan para las prestaciones. “La gente ignora esto. No somos una escuela común, donde un maestro atiende a 20 o más chicos. Lo nuestro es más personalizado. Por cada 2,20 persona discapacitada hay una persona que trabaja. La carga funcional es altísima. Y también son muy altos los costos de las instalaciones”.
Insiste con la movilización nacional de este miércoles y pide “que el Presidente frene esto. Estamos gestionando entrevistas con Karina Milei o con otros funcionarios, porque esto se debe resolver a un nivel político alto, como por ejemplo el Jefe de Gabinete o la Secretaria General de Presidencia.
Cree Pachecoy que de no frenarse ese decreto “el país se va a llenar de amparos. Tendrán unos 200.000 amparos, y realmente esto no se entiende. Acá se le pone el cuerpo y el corazón a estas prestaciones”.
Admite que “hay cosas del Estado que deben ser desreguladas, pero en este caso la regulación hace a la salud del sistema. Solamente hay que mejorarlo”.
Recuerda el comentario que recibió en los inicios de un médico, con un hijo discapacitado. Este le dijo que “un discapacitado en la familia discapacita a toda la familia. En lo social, en las vacaciones, en la herencia, en ver con quienes quedan cuando los padres parten. Es una cruz para toda la vida”.
Pide a la gente acompañar el petitorio de este miércoles, donde estarán todas las instituciones, sin identificación ni logos, con docentes, profesionales y personas con discapacidad, con el permiso de sus familias. ”Lamentablemente va a ser una movilización importante. Este no es un sector que hace piquetes, sino que está en silencio”, y concluye que entre las dos instituciones en las que el personalmente está trabajando, “atendemos unas 3.000 personas con discapacidad, y tenemos una planta de casi 1.300 personas. Si desregulan el nomenclador, y en consecuencia las prestaciones, retrocedemos 30 años”, finaliza Pachecoy.
La Carta al Presidente
SEÑOR
PRESIDENTE DE LA NACIÓN
LIC. JAVIER GERARDO MILEI
PRESENTE
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Nos dirigimos a Ud. a fin de hacerle llegar nuestra preocupación por un proyecto de decreto que está en Legal y Técnica de la Presidencia originado desde la Agencia Nacional de Discapacidad y que expresa lo siguiente: “Determínese que los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad mencionadas en el artículo 7 de la Ley 24.901 fijarán de forma independiente – y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad.”
Históricamente se ha tenido que luchar con los entes que financian los servicios de atención a personas con discapacidad por no reconocer los costos que implica cumplir con las exigencias que establece la legislación vigente. Además, como es el caso de las obras sociales y prepagas, han expresado de diversas maneras que no es competencia suya ocuparse de dar respuesta a las prestaciones de las personas con discapacidad, si bien lo establece la Ley 24.901, y que no cuentan con recursos para hacerlo. Por lo tanto, se nos hace muy difícil confiar que quienes han tenido este comportamiento van a establecer un arancel que reconozca los costos que permita sostener con calidad estas prestaciones.
Gracias a que dicha Ley reconoció hace más de 25 años un número importante de prestaciones para este colectivo y que su decreto reglamentario (1193/98) estableció un nomenclador común para las mismas, gran cantidad de personas con discapacidad han accedido a ellas sin importar su situación económica. Actualmente reciben esta atención unas 200.000 personas y hay alrededor de 100.000 personas que trabajan para que la misma sea posible. Este logro se vería afectado por las consecuencias que surgirían de la promulgación del mencionado decreto.
Nuestra gran preocupación es que esta medida puede generar que se rompa la universalidad y equidad de atención que ha permitido la Ley 24.901 y que ha implicado mucho esfuerzo por parte de las personas con discapacidad, de sus familiares, de los prestadores y de asociaciones de derechos humanos.
La posible diversidad de aranceles en los distintos efectores puede llevar a que los prestadores, para cubrir sus reales costos, decidan trabajar solamente con los efectores que establezcan un arancel que les permitan brindar la prestación con sus exigencias.
También puede pasar, dado que en general los entes obligados no han querido dar aumentos, que se vaya produciendo un cierre de servicios y que las personas con discapacidad no encuentren donde ser atendidas ya que el estado no cuenta con instituciones que puedan dar respuesta a las necesidades que la Ley ha reconocido.
Hoy los aranceles, sin tener en cuenta las deudas de la gestión anterior, están atrasados en un 45% para prestaciones brindadas por instituciones y profesionales individuales y en un 100% para los transportistas.
Es importante mencionar que sólo en una ocasión se logró finalizar un estudio de costos desde el Directorio del Sistema Único y no se lo tuvo en cuenta. En otras oportunidades cuando se estaba finalizando y los funcionarios del momento, al ver los números reales que implican las exigencias, decidieron no continuar con la tarea. Por lo tanto se hace necesaria una decisión política que permita contar con aranceles basados en reales costos y el proyecto de decreto mencionado va en contra de esta posibilidad.
Esta iniciativa no ha contado con la obligada consulta a las asociaciones que representan a las personas con discapacidad como establecen las normativas internacionales.
Por todo lo dicho no se llega a comprender cuál es la mejora para la vida y la atención de las personas con discapacidad que se busca como objetivo central de este proyecto de decreto y tampoco en qué puede beneficiar al estado nacional, si es lo buscado por los funcionarios responsables.
Por todo esto, le solicitamos que desestime este proyecto de decreto.
Le agradecemos su atención y quedamos a su disposición”.