Para un país que se erige como el tercer productor de alimentos, desmantelar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) parece cuanto menos una locura, una más de este Gobierno. Pero este desguace no es un tema de cordura mental, es como “todo” en la administración libertaria, un negocio que favorece a empresarios amigos.
Al negocio inmobiliario que implica la venta de miles de hectáreas que el INTA utiliza para investigación y producción de cooperativas y el despido de miles de trabajadores se suma la entrega total de la estrategia y el direccionamiento de futuros desarrollos científicos.
El plan de la nueva conducción del INTA, en manos de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), es usar los recursos estatales que sustentan al organismo para investigaciones en producciones agropecuarias rentables y abandonar el desarrollo y la experimentación en economías regionales.
La Asociación, de excelente sintonía con la gestión libertaria desde sus inicios, desembarcó en el organismo con Nicolás Bronzovich (productor de Balcarce) y ahora presidente del INTA y María Beatriz Pilu Giraudo, como vicepresidenta.
AAPRESID compite directamente con la propuesta del INTA (apoyo a la agricultura familiar, pequeños y medianos productores, sustentabilidad, ocupación federal del territorio, entre otros). Pero lo que no tenía AAPRESID (lo conseguirá a partir de la privatización del INTA), que sí tiene el organismo, son campos experimentales propios para llevar sus actividades de investigación.
Para hacerlo debe asociarse con instituciones públicas (“sistema chacras”). Es por eso que con el desembarco de Bronzovich (o de AAPRESID) se lanzó un programa de desguace y entrega del know how a privados que pretende desarrollar entre lo que resta de este año y el primer semestre de 2027.
De todo el programa el principal beneficiario es AAPRESID, tanto intelectual (dado que compite por servicios de investigación al mundo rural) como material (quedándose con edificios, campos y hasta investigadores). Detrás de esta asociación están firmas de la talla de ACA, Banco Galicia, CASE, Syngenta, Xarvio, YPF Agro, VOLKSWAGEN, Aceitera General Deheza (AGD), Atanor, Macro, BASF, Bayer, Bunge, Corteva, Galicia, John Deere, Santander, SpeedAgro, Agrometal, Bioceres, Comafi, Bosch, Telecom, Flybondi e ICBC, entre otros integrantes y patrocinantes.
En algunos puntos relacionados a la competitividad agropecuaria, INTA y AAPRESID coinciden en hacer investigaciones, pero no coinciden en el apoyo público a la agroecología y a temas de sustentabilidad social y ambiental relacionados con la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.
Ahora, que la presidencia y vicepresidencia la ocupa AAPRESID, empieza un proceso de desguace de capacidades del INTA: recursos humanos, edificios y campos experimentales. A su vez comienza una furiosa censura utilizando el eufemismo de investigación con “asepcia”. Algo similar había ocurrido en el CONICET, y que forzó la renuncia del director por Sociedad Rural por “persecución por ideas científicas”.
“Desde AAPRESID, con Bronzovich y Giraudo, el INTA fue cooptado. Está casi intervenido. No solamente han llegado ellos, sino llegaron otros personajes que están metiéndose y averiguando y buscando información en las diferentes direcciones del INTA; y todo de mala manera, medio de ‘prepo’, vulnerando la gobernanza del organismo”, detalló a El Destape el secretario general de la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA), Mario Romero.
“A lo largo de la historia – el organismo cumplió 68 años de existencia -, los directores nacionales han llevado adelante su propuesta de gestión con sus directores nacionales asistentes. En esta oportunidad viene esta gente y quiere manejar el INTA como si fuera una empresa privada, sin respetar por ahí las reglamentaciones y sin conocer el funcionamiento”, detalló el secretario general de APINTA que esta semana envió este jueves una carta documento a la Agencia de Administración del Bienes del Estado (AABE) por la venta de terrenos del INTA.
En cuanto al negocio inmobiliario, el plan prevé la enajenación, subasta, concesión, venta y permiso de explotación de 27.000 hectáreas experimentales utilizadas para producción e investigación. A esto se adiciona el despido de 1.500 directivos e investigadores, a través de retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, no renovación de contratos temporales y reducción de becarios, entre las distintas modalidades.
-¿Cuál es la dirección que se pretende darle al INTA?
-(Romero) Esto está muy direccionado al agro-negocio y a los grupos concentrados. Van a investigar los temas que le interesan a ellos, van a patentar, por ejemplo, semillas, y las van a derivar a las empresas de las que ellos son CEO. Esta gente que está ahí adentro representa a semillero, a empresas que están dedicadas a la venta de esto. En resumen, van a terminar impidiendo que el pequeño productor pueda de alguna manera acceder a innovación tecnológica que hoy le otorgarían los centros de investigación del INTA.
-¿Los privados financiarían esas inversiones?
-No, quedaría el direccionamiento de la investigación en manos privadas, pero con fondos del Estado, que van a ser usufructuados por las empresas y que se lo van a vender a los productores que quieran acceder a esa tecnología. Pero el dinero lo va a seguir poniendo el Estado. Todo lo que quieren hacer es con la guita nuestra. Con la nuestra, como dicen ellos. O sea, ni siquiera es que lo privatizan con el objetivo de no gastar un mango en investigaciones.
-¿Cuál es el riesgo de que la iniciativa sea privada?
-Acá hay un direccionamiento a un sector concentrad: soja, maíz y, por ahí si le interesa tener a la Sociedad Rural adentro, harán algo de carne vacuna para exportación para cumplir la cuota Hilton y conseguir alguna otra salida de exportación.
-¿Cómo afecta al consumidor y al pequeño productor local?
-Nos afecta en que no se van a desarrollar otros cultivos, otros alimentos u otras mejoras en productos agropecuarios. Vamos a ver que van a arruinar a las economías regionales y van a ir a contramano de la descentralización de la producción.
El Diario Ar