Una disposición oficial avanzó con la eliminación de más de 900 prestaciones del organismo técnico. El argumento apunta a eficiencia y menor intervención estatal, pero en paralelo crecen las tensiones internas por recortes operativos, caída de convenios y dificultades para sostener la actividad diaria.
El INTI avanzó con una medida que redefine su funcionamiento y deja sin efecto una parte sustancial de su oferta tecnológica. La decisión se formalizó a través de una disposición que establece la cesación de servicios sistematizados incluidos en un anexo, en base a un análisis interno que evaluó demanda, cobertura y alineamiento estratégico.
El documento sostiene que la revisión se dio en un contexto de cambios en el sistema productivo y crecimiento de capacidades privadas. Según se detalla, “una gran cantidad de servicios no han tenido demanda efectiva, o poseen oferta privada”, lo que llevó a considerar que se trataba de un uso ineficiente de recursos estatales.
En ese sentido, desde la órbita técnica se planteó que mantener esas prestaciones podía generar distorsiones en el mercado. “Se dedican recursos a ofrecer servicios que no son demandados o que son ofrecidos por empresas privadas”, advierte el proyecto, al tiempo que remarca que esa situación puede afectar la competencia e incluso desalentar inversiones.
La decisión implica, en los hechos, la baja de más de 900 ofertas tecnológicas que el organismo brindaba al entramado productivo. El recorte no aparece como un hecho aislado sino como parte de una secuencia más amplia de modificaciones que se vienen aplicando desde mediados de 2024, con una reducción progresiva de líneas de trabajo.
El esquema también incluye antecedentes recientes que profundizan el cambio de perfil del instituto. En octubre de 2025 se eliminaron competencias del Servicio Argentino de Calibración y en diciembre, mediante la Resolución 213/25, el organismo dejó de intervenir en áreas como metrología legal, calibración y aprobación de instrumentos de medición.
Desde la conducción se plantea que la medida no implica una retirada del Estado sino una reorientación. “No implica una retracción de su rol institucional, sino una reorientación hacia funciones donde su participación resulta más relevante”, se indica en los fundamentos. Sin embargo, hacia adentro del organismo, el impacto se traduce en un escenario más complejo.
En paralelo al recorte de servicios, también se registran dificultades operativas que afectan el funcionamiento cotidiano. La falta de pago de viáticos limita la posibilidad de que los equipos técnicos realicen visitas a empresas, una instancia clave para el desarrollo de asistencia y servicios.
A esto se suma la paralización de vínculos institucionales. No se impulsan nuevos convenios y varios de los existentes quedaron suspendidos o directamente sin continuidad. El cuadro general alimenta un clima interno de tensión que incluso abre la puerta a posibles medidas de protesta.
Otro punto que generó ruido es la ausencia de precisiones presupuestarias en la disposición reciente. A diferencia de otros actos administrativos, en esta oportunidad no se especifica el monto de la reasignación de partidas, lo que refuerza la percepción de un ajuste más profundo en curso dentro del organismo.
La decisión se inscribe en la política general del gobierno de Javier Milei, que apunta a reducir la intervención estatal en áreas donde existe oferta privada. En ese marco, el INTI aparece como una de las estructuras alcanzadas por una estrategia de reconfiguración que impacta de lleno en el entramado industrial y tecnológico del país.
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