El titular del Tribunal Superior de la Justicia de Santiago del Estero, Federico López Alzogaray, fue denunciado por el Instituto de la Democracia Interamericana (IID) por el delito de despojar de sus bienes a un campesino de la localidad de Forres a través de un juicio irregular. Por eso, una misión del Comité de Derechos Humanos del organismo viajó a la Argentina para presentar un informe ante las autoridades judiciales federales.
“Tras una amplia investigación, que incluyó una visita a la zona, la recepción de testimonios y el análisis de documentos legales, hemos podido constatar las irregularidades y violaciones a los derechos humanos de esta familia en Argentina”, afirmó Armando Valladares, presidente del IID y exembajador de EEUU ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. “Lo más grave es que estos hechos se produjeron bajo un ropaje de legalidad, utilizando el sistema judicial para vulnerar los derechos de un campesino”, expresó.
Según la conclusión de la investigación elaborada por el IID, el campesino del municipio de Forres, Manuel Asencio Ardiles fue despojado de parte de sus tierras a través de un juicio reivindicatorio plagado de irregularidades.
De acuerdo con la pesquisa, aprovechando su posición de poder, López Alzogaray presentó la demanda y dictó una medida precautelatoria que obligaba a Ardiles a abandonar su propiedad. El caso fue denunciado como un ejemplo de la impunidad que reina en la provincia. El informe describe cómo Ardiles y su familia fueron hostigados y amenazados por empleados del magistrado y desalojados de forma brutal.
López Alzogaray alega la titularidad sobre el bien que ocupaba Ardiles mediante una cédula real de 1803 emitida a favor de su familia, en tanto el campesino aseguraba que heredó el predio de su padre, que lo había inscripto hace más de 50 años. Ardiles falleció y su familia continúa el reclamo.
Luego de una exhaustiva investigación, el IID concluyó que López Alzogaray incurrió en violaciones a los artículos 1-7, 10 y 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y a los artículos 1 (inciso 4), 5, 8, 9, 11, 17 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“El Derecho debe ser una herramienta de protección para los ciudadanos, no una vía para su despojo”, reclama en el documento Marcel Feraud, secretario del Institute for the Interamerican Democracy, organización que nuclea exdiplomáticos de la región, con sede en Miami, Estados Unidos.
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