La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PHC), dependiente del Ministerio Público Fiscal (MPF), informó que desde el 2006 fueron condenadas 1.173 personas en 316 sentencias dictadas en todo el país.
“Este 2023 se cumplen 17 años desde la primera sentencia en causas de lesa humanidad luego de la reapertura de las investigaciones judiciales que fueron interrumpidas por las leyes de impunidad y los indultos, y 47 años desde el inicio del contexto represivo en el que se cometieron los crímenes”, señaló el organismo dependiente de la Procuración General de la Nación.
En ese sentido, en el relevamiento se destacó que el proceso de juzgamiento iniciado con los primeros debates realizados en 2006 permitió juzgar a 1.357 personas, de las cuales 1.173 resultaron condenadas y 184 absueltas, en 316 sentencias.
Según el informe, la oficina a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos, analizó las principales estadísticas del proceso de juzgamiento: “hoy el 18% de las personas sometidas a proceso se encuentra detenida, la mayor parte de ellas en arresto domiciliario”.
Por otro lado, las demoras en los procesos se producen en la etapa recursiva, “lo que implica que menos de la mitad de las sentencias se encuentre firme. Hay 62 causas en condiciones de celebrar el debate, pero solo 3 tienen fecha de inicio”, amplió.
Además, la Procuraduría destacó que “desde 2006 fueron requeridas por el MPF para su investigación 3.744 personas y que actualmente hay 685 causas en trámite”.
Por tal motivo, “continúa siendo significativo el número de personas que atraviesa el proceso de juzgamiento y aún no han obtenido sentencia (50%). De ellas, 394 se encuentran procesadas, 146 con falta de mérito y 94 sobreseídas”, indicó.
A su vez, “hay 510 personas que tienen pedido de indagatoria sin que ésta se haya desarrollado, y 92 personas imputadas ya fueron indagadas sin que se haya resuelto su situación procesal”.
Del universo total de personas bajo investigación, “1.485 (40%) atraviesan el proceso de juzgamiento en libertad, mientras que 674 (18%) están detenidas en su mayoría bajo arresto domiciliario, (77%); en dependencias de los servicios penitenciarios federales o provinciales (14%) o en la unidad penal que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo (9%)”, amplió.
Por otro lado, se registran 36 prófugos en causas en trámite en diferentes jurisdicciones.
En cuanto a las sentencias, la Procuraduría informó que “durante 2023, tribunales de todo el país dictaron sentencia respecto de 72 personas acusadas, 56 de las cuales fueron condenadas”.
Además, “se iniciaron 26 juicios orales, de los cuales 13 continúan en curso. En tanto, 62 causas tienen dictada la elevación a juicio y solo tres de ellas tienen fecha de inicio de debate”.
Por otro lado, 115 de las 316 sentencias dictadas desde 2006 a la fecha, se encuentran firmes y 171 (54%), posee aún alguna instancia recursiva pendiente para al menos una de las personas que tuvo sentencia, tanto ante la Cámara Federal de Casación Penal o la Corte Suprema de Justicia.
En ese sentido, la PCH explicó que “el promedio general de tiempo de tramitación desde la presentación del requerimiento de elevación a juicio hasta la confirmación definitiva por parte de la Corte es de cinco años y nueve meses”, y que en 2023, “el promedio se acrecentó en seis meses” con respecto al año anterior.
La Cámara Federal de Casación revisó durante 2023 unas 24 sentencias definitivas, de las cuales confirmó 13, en 7 dispuso un reenvío al tribunal de origen para que dicte nueva sentencia y las restantes cuatro corresponden a revisiones de segundas y terceras sentencias, luego de haber sido reenviadas al tribunal de origen.
La Procuraduría concluyó que “los datos muestran que aún resta avanzar en la confirmación de sentencias de la mayor parte del universo de personas condenadas y absueltas”, puesto que 387 de las 1.173 condenadas y 40 de las 184 absueltas tienen sentencia firme.
“Se observa además que, del universo de condenados, 270 (23%) falleció previo a que la sentencia se encuentre firme, y 26 (14%) en el caso de los absueltos”, detalló.
Por último, señaló que “si bien se registró una constante en la cantidad de pronunciamientos dictados año a año que incluyen como delitos autónomos las distintas formas de la violencia sexual, continúa siendo un 16% las sentencias que abordan de esta forma aquellos crímenes: de las 316 dictadas desde 2006, 51 contemplan delitos por violencia sexual que damnificaron a 238 víctimas (201 mujeres y 37 varones)”.
Télam