Se trata de Nicolás Gabriel Soria, Elizabet Noemí Cutaia, Alan Juan José Cañete, Leonardo Daniel Rubio, Delfina Taborda, Pablo Javier Noguera, Pablo Gabriel Nuñez, Verónica Paola Machuca Yuni, Valeria Liliana López y Federico Rossi Colombo.
A todos ellos, la magistrada les dictó el procesamiento por considerarlos coautores penalmente responsables de los delitos de privación ilegítima de la libertad, atentado y resistencia a la autoridad, falso testimonio agravado, estafa calificada, violación de medios de prueba y de secreto profesional.
Soria, el más conocido entre todos los detenidos, que se hacía llamar “El Americano”, solía presentarse como agente de la CIA y en otras ocasiones como integrante de Interpol, por lo cual se le sumó el procesamiento de “usurpación de títulos de honores” además de una acusación de “suministro gratuito de estupefacientes”.
Junto a los abogados Elizabet Noemí Cutaia y Alan Juan José Cañete habían aislado en un hotel de la localidad de 9 de Julio a los tres hijos de Laudelina Peña y Camila Núñez, tía del niño, mientras se desarrollaba la investigación.
Las actuaciones de este proceso paralelo se iniciaron cuando Soria trató de impedir que personal de seguridad entrara al hotel donde se alojaban, cuando los efectivos policiales tenían la orden de trasladarlos a sus domicilios particulares.
Los argumentos de la jueza para ordenar la prisión preventiva
En su extenso fallo, la jueza Pozzer Penzo señala: “El caso concreto y visible de la obstaculización de este grupo emerge del día en que Prefectura pretendió realizar un acto habitual como es el reconocimiento de quienes estaban en el interior del denominado ‘hotel’, aunado a que contaban con una orden judicial al estar menores adentro”.
Lo que no se pudo llevar a cabo: “Las acciones que ellos habrían desplegado para evitar que narren lo percibido por sus sentidos de forma llana, sin intromisiones de terceros o ‘coucheos’… Por la casi inmediata intervención que tuvieron desde estar junto a los padres, a la abuela Catalina, a los familiares direccionando o intentando direccionar sus declaraciones sean por medios o en la justicia resulta sobradamente probado”.
“El impacto es que este ‘entrenamiento’ realizado fuera del marco legal que impide estas acciones, el efecto es directo a la recolección de prueba y el impacto generado es dificultar el descubrimiento de la verdad real de los hechos como sus autores”, concluye la magistrado en un fallo de más de 500 páginas trascendido o este sábado.
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