La Asociación Protección de Consumidores del Mercado Común del Sur (Proconsumer) presentó una demanda contra Telecom Argentina por supuestos incumplimientos de los servicios que brinda a través de Flow.
La entidad defensora de los derechos de los usuarios lleva una decena de presentaciones judiciales en contra no solo de la mayor operadora de telecomunicaciones de la Argentina, sino también contra el resto de las operadoras nacionales.
En este caso, a través del Expediente 13068/2023 abierto en el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial N° 8, Secretaría N° 15, promueve una acción judicial para que la empresa cese en su supuesto incumplimiento respecto de algunos de sus servicios.
En concreto y de acuerdo al texto de la demanda de Proconsumer, se busca que Telecom Argentina “cese las condiciones, modalidades y demás circunstancias a las cuales han sido ofrecidos, publicitados y/o convenidos los servicios que ofrece, en especial el servicio de “grabar contenido” por medio de la plataforma Flow”.
De acuerdo al texto de la denuncia, que la empresa informa en la web de la Comisión Nacional de Valores (CNV), esto se debe a una supuesta violación a los Arts. 7 y 19 de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC).
El primero establece que las ofertas dirigidas a consumidores indeterminados deben indicar la fecha de inicio y finalización, así como sus condiciones y limitaciones.
En tanto, el segundo explica que los usuarios de telecomunicaciones pueden solicitar la baja de un servicio en cualquier momento y sin penalidad.
Información poco clara
Para los abogados de Proconsumer, Telecom Argentina no estaría cumpliendo con los preceptos de ambos artículos por lo cual la Justicia debería tomar cartas en el asunto.
La entidad también reclama a la empresa que deje de ofrecer a los consumidores en su plataforma digital servicios cuya información supuestamente no se proporcione de forma cierta, clara y detallada, de acuerdo al Art. 4 de la LDC que estipula que “los proveedores deben informar a los consumidores sobre las características de los bienes y servicios que ofrecen”.
Para Proconsumer, Telecom tampoco hace honor a lo que establecen los artículos 1100 y 1107 del Código Civil y Comercial de la Nación teniendo en cuenta que el primero hace mención a que “las personas obligadas a entregar o hacer algo incurren en mora cuando el acreedor les exige el cumplimiento de su obligación”.
También explica que no es necesaria la intimación del acreedor para que la mora exista y que las empresas “deben suministrar información al consumidor sobre las características de los bienes y servicios que proveen, la cual debe ser gratuita y clara para el consumidor”.
En el caso del artículo 1107 señala se refiere a la información sobre los medios electrónicos y sostiene que “si las partes se valen de técnicas de comunicación electrónica o similares para la celebración de un contrato de consumo a distancia, el proveedor debe informar al consumidor, además del contenido mínimo del contrato y la facultad de revocar, todos los datos necesarios para utilizar correctamente el medio elegido, para comprender los riesgos derivados de su empleo, y para tener absolutamente claro quién asume esos riesgos”.
Defender los intereses
Otro de los reclamos de la entidad a Telecom Argentina se basa en la necesidad de que la operadora deje de cobrar a los consumidores “sumas de dinero en concepto de los servicios mencionados en los puntos anteriores y que reintegre esos montos a los clientes así hubiesen contratado y abonado los servicios de Flow en cuestión, “por el plazo comprendido desde los cinco años anteriores a la interposición de la demanda y hasta el efectivo cese de la conducta”.
Si bien desde la compañía no hubo respuestas a las consultas de iProfesional, en el informe enviado a la CNV se asegura que “la Sociedad, con la asistencia de sus asesores legales, ejercerá la defensa de sus intereses en el marco de esta acción” que acaba de promover Proconsumer.
Perfil del denunciante
La asociación denunciante se caracteriza por llevar a cabo de manera casi permanente presentaciones de este tipo contra las principales empresas no sólo del sector de las telecomunicaciones, sino de casi todas las áreas de la economía real.
En su página web, la asociación civil explica que está integrada “por personas que se agrupan sin fines de lucro, sin participar en actividades políticas partidarias, con independencia de toda forma de actividad profesional o comercial, sin recibir donaciones, aportes o contribuciones de empresas de bienes y servicios nacionales o extranjeras”.
Agrega que “tampoco incluye en sus publicaciones avisos comerciales” y que desde 1993, trabaja “para la defensa y protección de los derechos de los consumidores y promoviendo el consumo responsable y sustentable por parte de todos”.
La entidad añade que “se encuentra de lleno dedicada a la investigación de todo tipo de contratos por adhesión: Planes de Ahorro, Automotores, Tarjetas de Crédito, Productos Bancarios, Viviendas, Medicina Prepaga, Pólizas de Seguro, Tiempo Compartido, empresas de servicios públicos, etc., llevando a cabo la representación personal del usuario consumidor desde el inicio hasta la culminación de la acción legal que se interpusiese”.
Asimismo, actúa de oficio “en salvaguarda de los derechos de los consumidores cuando sus garantías como tales se vieran afectadas (intereses colectivos), accionando ante las autoridades administrativas y/o judiciales”, tal como lo sostiene su presidente, Ricardo Nasio.