“Arco Social” es una asociación civil que tiene como objetivo “combatir la corrupción en tiempo de libertad”. Su titular, Alejandro Díaz Pascual, es quien radicó la denuncia en Comodoro Py donde menciona “maniobras de desvalorización de activos” de YPF por un total de US$ 1.800 millones, “con la finalidad de lograr su posterior venta a precios inferiores a los del mercado y sin cumplir con los procesos legales, afectando de ese modo el valor patrimonial de la compañía mayoritariamente estatal, y sin efecto generando una afección a las arcas del Estado”.
A su vez, consideró que la situación se vincula con una supuesta maniobra ilícita en la empresa ENARSA, que derivó en una investigación a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal Correccional Federal N°8.
Allí fueron denunciados, entre otras personas, el presidente Javier Milei y de su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la adquisición de 44 millones de metros cúbicos de GNL en forma directa y con sobreprecio a Petrobras, sin realizar una licitación pública y con la presencia de “evidentes conflictos militares”.
Entre los fundamentos de esta nueva presentación, señaló que el presidente de YPF, Horacio Marín, “llevó adelante la desvalorización de activos de la compañía, lo cual coincidió llamativamente con la puesta en venta de los mismos”. Estrictamente, hizo referencia a la intención de la empresa de desprenderse de áreas de producción de petróleo convencional, para concentrarse en la explotación de Vaca Muerta. La compañía adelantó que hay por lo menos 60 empresas interesadas en adquirir dichas operaciones.
En ese marco, detalló que a través del “Proyecto Andes”, la empresa “le encomendó al Banco Santander el proceso de venta de 55 áreas de explotación de petróleo y gas convencionales, para lo cual la compañía con participación mayoritaria estatal realizó un recorte de US$ 1.800 millones en la valuación de activos”. Sobre esto, afirmó que las transacciones significarían un saqueo por parte de la actual gestión del patrimonio de la petrolera de bandera.
Sobre el asesor presidencial, Santiago Caputo, recordó que está “estrechamente ligado” al vicepresidente de de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing de YPF, Guillermo Garat, y lo señala por intentar “influir en las decisiones corporativas de la empresa”.
Como conclusión, el denunciante pidió que YPF informe sobre la desvalorización de los activos de la compañía vinculados a 55 áreas de explotación de petróleo y gas convencionales en Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego y que informe sobre los posibles compradores. Además, requirió que se le solicite al banco Santander que remita toda la documentación sobre el acuerdo comercial.
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