La jueza federal Sandra Arroyo Salgado fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura por las detenciones “ilegales” y allanamientos a edificios públicos en la causa contra militantes peronistas que dejaron un pasacalle y bosta equina frente a la casa del diputado oficialista José Luis Espert, en San Isidro. La denuncia por “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones” fue presentada por el senador Mariano Recalde y la diputada Vanesa Siley, que a su vez integran el organismo encargado de controlar a los miembros del Poder Judicial. Anoche, la magistrada le concedió el arresto domiciliario a la primera de las cinco personas detenidas, Alexia Abaigar.
Arroyo Salgado quedó en la mira por tener a su mando una causa promovida por Espert y respaldada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el marco de la persecución a opositores y periodistas desatada por el gobierno de Javier Milei.
La jueza es cuestionada por las detenciones “arbitrarias” e “ilegales” de cinco militantes peronistas, un hombre y cuatro mujeres –dos funcionarias públicas–, que fueron alojados e incomunicados en el Servicio Penitenciario Federal de Ezeiza, un penal de máxima seguridad, decisión que no se condice con la ínfima gravedad de la contravención por la que fueron acusados. Lo que hicieron “como máximo podría representar una contravención municipal”, puntualiza el comunicado sobre la denuncia de Recalde y Siley, ambos diputados de Unión por la Patria (UxP).
“Presentamos una denuncia contra la juez federal Sandra Arroyo Salgado por mal desempeño de sus funciones, por la DETENCIÓN ILEGAL de militantes peronistas, en su mayoría mujeres, por un hecho que como mucho representa una contravención municipal”, expresó Recalde en un posteo de su cuenta personal en X. “ES UNA VERGÜENZA. Queremos que el Consejo investigue el accionar de la jueza y se apliquen las sanciones correspondientes”, agregó, y exigió “Libertad YA a Alesia Abaigar, Eva Mieri, Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes”.
Recalde cuestionó la “arbitraria detención de militantes políticos que se expresaban de una manera que cualquiera puede discutir pero que sin ninguna duda no es un delito y mucho menos que merezca la cárcel, como están sufriendo ahora las compañeras, en su enorme mayoría mujeres”. Y además, agregó: “vamos a trabajar para que se apliquen las sanciones correspondientes, porque en este caso, sí, el que las hace las tiene que pagar”, declaró en la vereda del Consejo. Por su parte, Siley señaló que “la actitud de la jueza configura claramente un desvío de poder, que es una de las causales de mal desempeño, por eso tiene que ser investigado por el Consejo de la Magistratura”.
La acusación en el Consejo se tramitará mientras la Cámara Federal de San Martín revisa las órdenes de detención dictadas por Arroyo Salgado, pedidas por Espert y ejecutadas por las fuerzas de seguridad que responden a Bullrich. “Estamos hablando de allanamientos con violencia en horas de la madrugada, perturbación en la vivienda, no solamente de las personas que fueron detenidas sino además de todas sus familias”, agregó Siley. “No tenemos conocimiento de los delitos porque es un expediente que tramita bajo secreto de sumario. Es un deber para nosotros realizar esta denuncia y esperamos darle pronto tratamiento en las comisiones que están a cargo de este Consejo de la Magistratura”, completó.
Una de las detenidas es Alexia Abaigar, que ayer obtuvo el beneficio del arresto domiciliario. La directora de Sensibilización y Promoción del Ministerio de la Mujer bonaerense fue detenida el 25 de junio y llevada a Ezeiza luego de pasar una noche en la alcaidía de los Tribunales de San Isidro.
Otra de las presas es Eva Mieri, presidenta del bloque de concejales de UxP en la localidad bonaerense de Quilmes, militante de La Cámpora y secretaria general del Partido Justicialista (PJ) de ese distrito. Fue detenida luego de sendos allanamientos en su domicilio y en despachos de la Municipalidad de Quilmes ordenados por Arroyo Salgado. La intendenta Mayra Mendoza cuestionó duramente a la magistrada, al señalarla como parte del aparato de “persecución a la militancia política” del gobierno nacional. “Lo que pasa es que no hay democracia en Argentina. Hay un modo que ya se conoce en este país de los años más oscuros”, advirtió la jefa comunal en referencia los allanamientos durante la madrugada en oficinas de la Municipalidad de Quilmes y distintos domicilios particulares.
También están privadas de su libertad las militantes Aldana Muzzio y Candelaria Montes. Junto a ellas, el único hombre acusado es Iván Díaz Bianchi. Se estima que continuarán en esa misma condición al menos hasta la semana próxima, cuando la Cámara revise los argumentos de Arroyo Salgado para dictarles prisión en una cárcel de máxima seguridad por arrojar bosta y colgar un pasacalles contra la vivienda del diputado más protegido por el presidente Milei.
Página/12