Diputados y diputadas del bloque Unión por la Patria presentaron una denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por «abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público», a raíz de la Resolución 10/2025 que recorta investigaciones y que, según advierten, generará una «destrucción del sistema científico». La demanda, efectuada días atrás y radicada en el Juzgado Federal N° 7 bajo el número CFP 347/2025, incluye un pedido de “no innovar” con la medida del Gobierno.
Desde el Congreso apuntan a que el Jefe de Gabinete, mediante la Resolución 10/25, elimina el financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, incumpliendo de manera ilegal las leyes 27.614 (Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación ) y la 27.738 (Plan Nacional de CyT).
«Mientras Milei habla de inteligencia artificial y nuevas tecnologías, su gobierno ejecuta el vaciamiento del sistema científico. Esta decisión es un atropello al desarrollo, la soberanía y el conocimiento de nuestro país», remarcó la diputada Blanca Osuna, de las firmantes.
Otro que encabeza la denuncia es Daniel Gollán, ex ministro de Salud de la Nación, quien apuntó: «desde el día de la denuncia seguimos recibiendo el acompañamiento de instituciones y referentes que defienden y abrazan nuestra Ciencia y Tecnología en el momento más difícil y crítico de su historia. Milei quiere destruir todo a su paso, el pueblo no lo va a permitir».
En las últimas horas, la Red de Autoridades de Instituciones de CIencia y Técnica (RAICYT) se presentó como amicus curiae para apoyar la denuncia de inconstitucionalidad de la Resolución 10/2025, que intenta anular la Ley 27.738 por decreto: «esta medida desestabiliza el sistema CyT y genera daños irreparables para el desarrollo científico-tecnológico del país».
La Resolución que originó la demanda
Con la Resolución 10/2025, el Gobierno nacional avanzó (una vez más) sobre el sector científico y universitario. Apoyado en los medios afines de siempre, vendió la medida como un ajuste hacia «piqueteros» aludiendo a la disolución de supuestos convenios con ese tipo de asociaciones, que en realidad son ínfimos, casi inexistentes, en el mapa científico nacional. Lo que sí existen son numerosos fondos y alianzas con organizaciones nacionales e internacionales, instituciones del sector y otras jurisdicciones, que se van a perder a causa de la flamante decisión del Ejecutivo: cortan las investigaciones que no estén «al servicio del crecimiento económico y desarrollo estratégico del país».
«Resulta imperioso que la evaluación de los programas se realice verificando su correlato con el Plan Estratégico definido para el 2024-2025, el cual tiene su eje en la redefinición y reorientación de las estructuras institucionales y sistemas de evaluación relacionados con la gestión del conocimiento y la promoción de la ciencia y la tecnología, con una política orientada a la generación de conocimiento y el desarrollo de tecnologías al servicio del crecimiento económico y desarrollo estratégico del país, con asiento en las temáticas de agroindustria, energía y minería, economía del conocimiento y la innovación y salud», plantea la Resolución 10 de la Jefatura de Ministros, liderada por Guillermo Francos, a cargo de la Secretaría de Ciencia.
Y continúa: «Que, en este sentido, corresponderá dar por finalizados aquellos programas cuyos objetos no encuentren asidero en el citado Plan Estratégico. Que las medidas que se adopten deberán realizarse procurando soluciones que reduzcan las contingencias presentes y futuras para el ESTADO NACIONAL y en definitiva de todos los argentinos, minimizando los riesgos y costos a su mínima expresión«.
En ese marco, aceptarán solo las que estén desarrolladas en un valor mayor al 30% de ejecución. El resto entrará «en revisión» o directamente se cerrará. Siempre y cuando no sean los temas de interés del gobierno. El cambio climático, en medio de olas de frío récord e incendios que azotan lugares como Los Ángeles, es uno de los temas considerados «no estratégicos».
Los repudios a la Resolución
Según el gobierno, ajustarán $ 1867 millones destinados a investigación en 70 programas sociales. Desde el organismo explicaron a medios amigos que esos programas «no cumplen con el grado de pertinencia y aporte efectivo al desarrollo» del área. En algunos casos hasta se exigirá la devolución del dinero destinado.
La Federación de Docentes Universitarios (FEDUN), la de Sindicatos Universitarios de América del Sur (FESIDUAS) y la Federación Latinoamericana de Trabajadores Científicos (FEDLATCI) expresaron este jueves «su más enérgico repudio a la Resolución 10/2025 emitida por el Gobierno Nacional».
«Dicha Resolución plantea la eliminación de las investigaciones científicas relacionadas con las ciencias sociales, el medio ambiente y el calentamiento global entre otras, lo que representa un ataque directo al avance del conocimiento y un grave retroceso en las políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y la soberanía científica nacional –afirman–. Esta medida refleja una postura negacionista que desconoce la importancia estratégica de la ciencia y la tecnología para abordar los desafíos globales y locales».
Millones de dólares que el Gobierno le sacó a la ciencia
Como narró Tiempo días atrás, hubo casi 70 millones de dólares menos devengados en 2024 con respecto al año anterior para Ciencia y Técnica en el país a través de créditos externos. Si en 2023 fueron 95.3596, en 2024 cayeron a 24.8086.
La mayor parte del financiamiento externo para desarrollo científico se canaliza a través de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i). Su fuente principal es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Allí se elevó esta semana una denuncia firmada por más de 2000 referentes de la ciencia –promovida por la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt)- para advertir sobre la falta de ejecución de los presupuestos y los recortes en el área.
“La ejecución de gastos de la Agencia I+D+i financiados con el crédito proveniente del préstamo BID 5293/OC-AR se redujo a partir de enero de 2024, pasando de un promedio de ejecución de 4,9 millones de dólares pagados mensuales durante el último semestre de 2023 a un promedio de 1,1 millones de dólares mensuales a lo largo de 2024. Descendió de 52,9 millones de dólares abonados en 2023 a 13,2 millones de dólares pagados en 2024”, detalló a Tiempo Jeremías Incicco, del grupo de difusión Defendamos la Ciencia Argentina, integrante de la Agrupación Rolando García y uno de los 900 ingresantes a planta del Conicet con alta frenada por el Gobierno.
Tiempo Argentino