Una se presentará este jueves y representa a unas 60 familias daminificadas por la decisión nacional que generó un profundo malestar en Avellaneda, donde son 160 los grupos familiares que sufrieron el despojo a manos de Patricia Bullrich. Desde el municipio ya se comprometieron a brindarles asistencia. El defensor del pueblo local, Daniel García, de hecho, será el que encabece la presentación.
Sucede que el gobierno nacional, además de no construir vivienda, despoja a los beneficiarios de las que fueron construidas por la gestión anterior.
Las viviendas en cuestión se encuentran en el edificio Sagol, cercano a la estación de tren y llamado así en honor al primer intendente del distrito tras la recuperación democrática de 1983, el radical Luis “Chino” Sagol. Son departamentos de uno, dos y tres ambientes, construidos con el programa Procrear, reiniciado cuando el actual intendente, Jorge Ferraresi, ocupó la cartera nacional de Hábitat.
Armando Bertolotto fue concejal y actualmente preside el Frente Renovador a nivel local. Es uno de los dirigentes que se hace eco del reclamo de los despojados, que tienen muchos recursos para acreditar el daño y la arbitrariedad. sufrida ante los tribunales.
En diálogo con Buenos Aires/12, el experimentado dirigente explica que “si querían hacer vivienda para los efectivos, en Avellaneda hay muchas opciones, muchos predios disponibles. Ante esa realidad, es inevitable pensar que primó un ánimo de vendetta política”.
“Esa construcción es el fruto de un enorme esfuerzo político y de gestión”, afirma. “Primero, hubo una gran pelea con el Banco Hipotecario, que es el que otorga los créditos. Ellos querían que se pagaran en UVAs, que hubiera sido un negocio enorme para ellos y nosotros lo impedimos, porque muchas familias se arruinaron con esa política del macrismo”.
Paso a paso
“La construcción, a diciembre de 2023, estaba prácticamente completa. Faltaba uno o dos por ciento, cosas como remplazar la luz de obra por la conexión definitiva, pero hay gente que en esas condiciones vive dos o tres años”, recuerda.
Durante todo ese año, el último de la presidencia de Alberto Fernández, se llevó adelante un pormenorizado proceso de selección. Primero se realizó una preinscripción, a la que acudieron alrededor de quinientas familias.
Cada interesado debió acreditar que no contaba con vivienda propia y que el grupo familiar reunía ingresos suficientes para hacer frente a la cuota sin exceder el treinta por ciento de ese monto.
De las quinientas originales, quedó poco menos de la mitad. Finalmente, las viviendas se sortearon entre los que completaban los requisitos. Las familias beneficiadas esperaban mudarse y empezar a pagar a principios de 2024, porque el plan comprendía que para las familias era prácticamente imposible abonar alquiler y cuota en simultáneo. Pero nada de eso ocurrió.
“En enero, ante la demora injustificada, pedimos explicaciones al gobierno nacional, no obtuvimos respuesta y al poco tiempo dieron de baja la página web de Procrear. Ahí era donde la gente subía la documentación, seguía el avance, etc.”, recuerda el dirigente renovador.
En estos 18 meses de gobierno libertario, Nación no continuó las obras que estaban en proceso ni, mucho menos, inició nuevas. Esta situación generó serios quebrantos a las empresas del sector, que a su vez demandan al estado nacional por figuras como lucro cesante e incumplimiento de contrato. También motivó una serie de marchas y reclamos de la UOCRA Regional Avellaneda- Lanús, que encabeza Héctor Villagra.
Bertolotto agrega un dato al respecto. “En todas esas construcciones hay un riesgo común que es la posibilidad de una intrusión. En otras, además, quedó maquinaria muy costosa de mover. Entonces, las empresas pagan servicios de vigilancia y se lo facturan al gobierno nacional. Hoy se acumulan facturas impagas, pero eso no va a seguir así para siempre”.
Hace alrededor de un mes, en Avellaneda empezaron a escuchar versiones de que Bullrich podía intentar alguna maniobra irregular, pero no creyeron que fuera a ocurrir tan pronto. Cuando supieron del acto de entrega, varios de los beneficiarios se presentaron para reclamar por sus viviendas, pero un fuerte cordón de efectivos federales les impidió acercarse.
No sólo de vulneraron los derechos de los beneficiarios del Procrear, sino que se avasalló al Procrear en sí mismo. El comunicado oficial sostiene que las viviendas serán entregadas a “cada fuerza, en una política de adjudicación directa sin intermediarios” y que “serán administradas por cada fuerza según sus reglamentos internos”. La entrega fue conjuntamente realizada por autoridades de las carteras de Seguridad y Hacienda, ya que esta última absorbió el Procrear.
Página/12