El constitucionalista Andrés Gil Domínguez denunció este martes a los integrantes del Congreso, incluyendo a los presidentes de ambas cámaras legislativas, la vicepresidenta Victoria Villarruel y Martín Menem, por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos debido a la falta de tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei, de acuerdo con el escrito al que accedió elDiarioAR.
“El procedimiento constitucional y legal previsto establece que cumplido el plazo de 10 días hábiles sin que la Comisión Bicameral Permanente eleve el pertinente despacho o dictamen, las Cámaras del Congreso de la Nación deben abocarse de oficio al expreso e inmediato tratamiento del DNU”, afirmó el jurista en su denuncia.
El caso quedó a cargo del juzgado federal número 11, que subroga el juez Julián Ercolini. El DNU deroga 41 leyes y decretos-ley de manera total; deroga parcialmente 7 leyes; y modifica 33 leyes abarcando materias diversas como la reforma del Estado, la desregulación económica, el trabajo, el comercio exterior, la bioeconomía, la minería, la energía, la aerocomercial, la Justicia, el Código Civil y Comercial, la salud, la comunicación, el deportes y las sociedades, explicó el jurista en el escrito. El Congreso debe avalarlo o rechazarlo, según lo establece la Constitución.
No se trata de cualquier DNU. La norma interviene en un total de 81 leyes que terminan transformando de manera total el sistema normativo que regula las relaciones de las personas con el Estado y las personas entre sí, explicó Gil Domínguez.
Milei dictó el DNU el 20 de diciembre último. El decreto de necesidad y urgencia se publicó al día siguiente y entró en vigencia el 29 de diciembre. El 5 de enero, la Jefatura de Gabinete, a cargo de Nicolás Posse, comunicó a la Comisión Bicameral Permanente que la norma se había dictado. Fue recibida por la Dirección de Mesa de Entradas del Senado de la Nación y desde entonces tramita a través del expediente número 203/2023.
La normativa prevé un plazo de 10 días hábiles para que los senadores y diputados de la Comisión Bicameral dictaminen sobre la validez o invalidez del DNU.
Sin embargo, ya transcurrieron más de meses desde el arribo del DNU a la Comisión Bicameral Permanente y los legisladores a cargo de la revisión de la norma no elevaron despacho o dictamen sobre la misma. Tampoco se han reunido las cámaras para su tratamiento. Cuando dicho plazo venció, las Cámaras deben abocarse al expreso e inmediato tratamiento del decreto.
Gil Dominguez planteó ante la Justicia que “el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público busca preservar el correcto funcionamiento de la administración pública, garantizando que los funcionarios cumplan con sus obligaciones de manera adecuada y conforme a la ley”.
En este caso, explicó, se trata de la obligación que tienen los miembros de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores de cumplir con su mandato constitucional y legal, en una premisa que es “clara y precisa”: “Abocarse de forma inmediata al tratamiento del DNU Nº 70/2023 a efectos de su rechazo o aprobación (y en dicho caso nulidad absoluta e insanable)”.
En la presentación, el jurista también denunció a la vicepresidenta Victoria Villarruel y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por su responsabilidad en no convocar a las sesiones legislativas.
“No cabe ninguna duda de que la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores tiene pleno conocimiento respecto de la obligación constitucional y legal que deben cumplir y que están omitiendo en relación al inmediato tratamiento del DNU”, aseguró el penalista.
La norma de Milei sufrió varios embates judiciales ante la presentación de amparos contra determinados capítulos del DNU. Además, un grupo de senadores del radicalismo, el peronismo y partidos provinciales le reclamó a Villarruel que convoque a sesión especial para debatir el DNU. El reclamo ya había sido realizado por los senadores del Frente de Todos/Unión por la Patria.
El Diario Ar