Flavia Fernández Brozzi lleva 22 años actuando como abogada querellante en las causas por crímenes de lesa humanidad. Acusó a represores de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), del circuito Atlético-Banco-Olimpo (ABO) y del Plan Cóndor, entre otros. Es, además, empleada estatal desde hace 20 años. Desde hace 16 años trabajaba en la Secretaría de Derechos Humanos (SDH), ahora degradada a Subsecretaría. En los últimos seis años, se dedicó a casos de violencia institucional. Sin dar explicaciones, el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, la echó el 9 de junio pasado pese a que tiene fueros sindicales como delegada e integrante de la comisión directiva de la Asociación de Trabajadores del Estado de la Capital Federal. Este jueves, organismos de derechos humanos, referentes políticos y dirigentes sindicales se congregaron frente a la sede de la Cámara Nacional del Trabajo (CNT) para pedir que los tribunales ordenen su reincorporación.
Fernández Brozzi ha sido en los últimos meses una de las caras visibles de los trabajadores que denuncian que el Gobierno de Javier Milei está decidido a desmantelar las políticas de derechos humanos. Ella trabajaba en el Ministerio de Justicia desde 2009. Lo hizo durante diez años en lo que se conoce como el Registro Nacional de Personas Extraviadas.
Desde 2019, se desempeñaba en la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional. Como tal, debía acompañar a las familias de quienes son víctimas del accionar de las fuerzas de seguridad. Entre otras funciones, tenía la de hacer el seguimiento de la aplicación y de la adecuación normativa de los fallos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) dictó contra el Estado argentino. Por ejemplo, los casos Walter Bulacio y Carlos Fernández Prieto sobre detenciones arbitrarias.
En paralelo con su actividad profesional en la exSDH, Fernández Brozzi es abogada querellante en los juicios por crímenes cometidos durante los años del terrorismo de Estado. Lo hace de manera ad honorem, y desde hace muchos años. En 1999, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) la designó para intervenir en los juicios por la verdad que se hacían en la jurisdicción de La Plata.
Cuando empezaron a reabrirse las causas, se integró al colectivo Kaos, que representa a distintos sobrevivientes y familiares. No era abogada penalista. Aprendió para acompañarlos con las investigaciones, tal como destacó Graciela Daleo, sobreviviente de la ESMA.
En los primeros días de junio, Fernández Brozzi y su colega Rodolfo Yanzón hicieron distintas presentaciones en la megacausa ESMA. Por un lado, pidieron que no se cediera un edificio para que se mudaran los fiscales, como pretendía el ministro Mariano Cúneo Libarona. Por otro lado, le advirtieron al juez federal Ariel Lijo que no se estaban tomando los recaudos necesarios para proteger lo que en dictadura fue el casino de oficiales de la ESMA, por donde se estima que pasaron unos 5000 prisioneros. El lugar es actualmente el museo sitio de memoria ESMA, reconocido como patrimonio de la humanidad por parte de la Oficina de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Después de esas presentaciones, llegó la represalia del Gobierno. El 9 de junio, Baños le pidió a la directora de Recursos Humanos del Ministerio de Justicia, Jimena Desperes, que dispusiera el cese de la contratación de Fernández Brozzi. Al subsecretario de Derechos Humanos no le importó que tuviera fueros sindicales hasta 2027. En lo que va del año, ya echó a 18 delegados de la exSDH.
Ante la justicia del trabajo, Fernández Brozzi está pidiendo su reinstalación. La causa está en manos de la jueza Adriana Fabiana Centonze, titular del Juzgado Federal 70. En la demanda, denuncian que se trata de un despido discriminatorio y en represalia por su activismo sindical.
En la causa se presentaron más de 18 organizaciones como amicus curiae (amigos del tribunal). Entre otras se encuentran Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), H.I.J.O.S Capital, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), Liberpueblo, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte y el colectivo de abogados y abogadas querellantes Mario Bosch.
Crónica de una persecución
“Es una persecución política porque ya hace más de 30 años que milito en derechos humanos y hace 22 que soy abogada querellante ad honorem en el colectivo Kaos”, señaló Fernández Brozzi en una conferencia de prensa que se hizo frente a la Plaza Lavalle.
Sol Hourcade, coordinadora del área de Memoria, Verdad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), comparte con Fernández Brozzi los estrados como querellantes. “Es una gran abogada. Todo lo hace con mucho laburo y mucho compromiso. Su despido es arbitrario, discriminatorio e ilegal”, afirmó.
“Flavia fue despedida por ser abogada en los juicios de lesa humanidad y por lograr, entre otras cosas, que 1200 genocidas estén condenados”, opinó, por su parte, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S Capital. “Es una medida disciplinadora para que dejemos de pelear”, añadió.
Hugo Yasky, diputado nacional y secretario general de la Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Argentina (CTA), denunció que la destrucción de las áreas de Memoria, Verdad y Justicia no solo tiene que ver con el ajuste sino también con un ejercicio de negacionismo que se pone en práctica desde el Gobierno nacional. “Es el negacionismo de esa clase dominante que fue el núcleo central de la dictadura, que no fue de (Jorge Rafael) Videla sino de (José Alfredo) Martínez de Hoz”, insistió.
A su lado, escuchaba Victoria Montenegro, presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, que se acercó para solidarizarse con Fernández Brozzi. Mario Manrique, diputado nacional y secretario gremial de la Confederación General del Trabajo (CGT), reclamó que el Poder Judicial se expida rápidamente. “Este caso no tiene muchos vericuetos. Debe ser rápida su solución”, destacó.
Los compañeros de Fernández Brozzi tuvieron palabras muy elogiosas para ella. “Para nosotros, Fafi es un símbolo de todo lo que queremos ser. Para nosotros, esto es un compromiso de vida”, dijo Agustina Panissa, secretaria general adjunta de la Asociación de Trabajadores del Estado Capital. “Fafi es muy querida en la SDH. A pesar de los embates, sabemos que ella siempre está de pie”, sumó Octavio “Pilo” Rampoldi, delegado y trabajador del Archivo Nacional de la Memoria (ANM).
En la calle, no faltaron los cánticos que acompañan las movilizaciones por derechos humanos. “Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”, se escuchó mientras el tránsito por la calle Lavalle al 1200 se volvía más intenso.
“Esta pelea la vamos a ganar entre todos”, dijo Fernández Brozzi, emocionada. “Voy a volver a trabajar”.
Página/12