La legisladora rionegrina Magdalena Odarda realizó una presentación ante la Procuración general por el otorgamiento de tres permisos a Harbour Energy, que exploró en Malvinas.
La Procuración General de la Nación deberá decidir si abre una investigación contra el gobierno nacional por el caso de la petrolera británica Harbour Energy, que opera de manera clandestina en tres provincias de la Argentina, pese a tenerlo expresamente prohibido por haber realizado exploración de hidrocarburos en las Islas Malvinas sin permiso del Estado nacional.
El fuero federal quedó a las puertas de intervenir en el escándalo gracias a la denuncia que realizó el jueves la exsenadora nacional y actual legisladora provincial de Río Negro, Magdalena Odarda, ante la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Lo hizo contra la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, por tres permisos que ese organismo concedió a Harbour Energy para operar en la Argentina.
La petrolera Harbour Energy es la continuidad jurídica, financiera y operativa de Premier Oil PLC, que entre 2012 y 2022 realizó exploraciones hidrocarburíferas en el yacimiento de Sea Lion, al norte de las Malvinas, con licencia ilegal emitida por administración colonial del archipiélago. El Estado argentino la sancionó con 15 años de prohibición de trabajo en el país, y la Justicia Federal de Tierra del Fuego la condenó y ordenó embargar sus plataformas y embarcaciones.
Premier Oil abandonó Malvinas en 2023 tras fusionarse con la alemana Chrysaor Holdings PLC y cambiar de nombre por Harbour Energy, según pudo comprobar Tiempo Argentino en documentos oficiales del Reino Unido y de la Argentina. Es simple: se trata de la misma compañía sancionada pero con otro nombre.
Gracias a su fusión con Chrysaor Holdings, la británica Premier Oil/Harbour Energy se quedó con dos bloques de shale oil en Vaca Muerta, Neuquén, y una participación significativa en explotaciones off shore en la Cuenca Marina Austral en inmediaciones de Tierra del Fuego. Tras su desembarco en Argentina, de la mano del régimen de los libertarios, en 2024, logró sumarse al consorcio Southern Energy que intentará exportar Gas Natural Licuado (GNL) desde el Golfo de San Matías, frente al balneario Las Grutas, en Río Negro.
Justamente por este último negocio ilegal es que la legisladora Magdalena Odarda denunció en la Procuración Federal a la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, debido a que la funcionaria le concedió a Premier/Harbour tres permisos: el 145, del 3 de abril de 2025; 165, del 24 de abril, y el 353 del 21 de agosto último.
Tettamanti es un cuadro dirigente importante de las empresas gasíferas extranjeras que operan en la Argentina. Formada en la ultraliberal Universidad UCEMA, desde 2004 se desempeñó en altos cargos ejecutivos de Albanesi Gas Natural; Gas Meridional; Metrogás, y Camuzzi Gas del Sur, de la que fue directora general hasta se alejó del cargo para sumarse al gobierno de Javier Milei en la Secretaría de Energía, desde donde debe controlar a quienes fueron por décadas sus empleadores.
Odarda explicó a Tiempo que el gobierno nacional extendió irregularmente a Premier/Harbour los certificados de autorización “de libre exportación de gas natural licuado por 30 años con dos buques de licuefacción en el golfo de San Matías”, y además la sumó al programa RIGI que concede generosos beneficios impositivos y aduaneros por tres décadas. Todo ello pese a que la empresa tiene taxativamente prohibido operar en la Argentina por sanción del mismo Estado nacional que ahora le concede beneficios extraordinarios.
Premier/Harbour se sumó al consorcio Southern Energy de Río Negro en sociedad con YPF, Pampa Energia, PAE y Golan LNG. Prometen traer desde África dos viejos buques de licuefacción, actualmente en reparación en astilleros chinos, que serán anclados a pocos kilómetros del balneario Las Grutas, y desde allí exportar el GNL a través de barcos metaneros.
También por este caso Odarda denunció hace un mes ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) de Río Negro al gobernador provincial, Alberto Weretilneck, y a su secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, por los permisos que concedieron a Premier/Harbour. De hecho, ayer la legisladora debió ampliar la denuncia y aportar nuevos elementos probatorios porque la FIA no había movido un dedo en el caso a lo largo de todo el mes.
En la FIA rionegrina, Odarda denunció a Weretilneck y a su funcionaria (y actual pareja) porque firmaron “un acuerdo con el consorcio Southern Energy que integra Harbour Energy y oculta a Premier Oil, sancionada y embargada en 2012 y 2015 por el estado Nacional por explotar hidrocarburos en forma ilegal en la cuenca de Malvinas”.
Río Negro: piden impugnar audiencias públicas
Mientras la Procuración General decide si interviene en el escándalo Premier/Harbour, en la Justicia provincial se dirimen los pedidos de impugnación contra el simulacro de Audiencia Pública que el gobierno de Río Negro intenta concretar el próximo martes 16 en la localidad de San Antonio Oeste.
Las impugnaciones se basan en que la Audiencia se realiza un día de semana en pleno horario laboral y en la ciudad muy alejada de los centros urbanos provinciales. Los denunciantes interpretan con fundamentos atendibles que son obstáculos que se interponen con el fin de impedir la participación ciudadana y de las organizaciones ambientales.
Uno de ellos, por ejemplo, es que el gobierno sólo permitirá intervenciones presenciales y no por vías remotas que permitirían saldar en parte las barreras que impiden la participación ciudadana en la Audiencia.
También revelaron que solo se discutirá un supuesto estudio de impacto ambiental presentado por Southern Energy, pero ninguno encargado por el gobierno provincial a una entidad independiente y competente que permita prever las verdaderas consecuencias que tendrá la iniciativa. Además, Weretilneck deberá afrontar allí preguntas incómodas sobre su firma personal en la habilitación de la ilegal Premier/Harbour.
Paralelamente, un nutrido conjunto de organizaciones sociales, ambientales y comunitarias realizaron el sábado una “contra-Audiencia Pública” en el balneario Las Grutas, de San Antonio Oeste, con el fin de acordar posturas y pronunciamientos en común entre todos los opositores a este negocio petrolero.