El exsecretario de Transporte Franco Mogetta fue denunciado ante la Justicia por la adjudicación de un tramo de la autopista Rosario-Córdoba a una empresa de su familia. La concesión, por veinte años, dejó en manos de los hermanos del exfuncionario uno de los corredores viales más redituables del país, estratégico para la circulación del comercio.
La presentación realizada por la diputada Marcela Pagano plantea además que la firma familiar habría obtenido adjudicaciones millonarias por obras públicas en Catamarca.
Mogetta fue secretario de Transporte entre diciembre de 2023 y mayo de 2025. Antes se había desempeñado durante ocho años como secretario de Transporte de Córdoba. Llegó al Gobierno nacional a partir de un acuerdo entre Milei y el exgobernador Juan Schiaretti.
Durante su gestión nacional, estuvo a cargo de la privatización de Corredores Viales S.A., una empresa pública que dependía del Ministerio de Obras Públicas y de la Dirección Nacional de Vialidad. Su función principal consistía en operar y mantener las rutas, autopistas y autovías nacionales concesionadas por el Estado.
En ese período, el Gobierno dictó el Decreto N.º 97/2025, que habilitó la privatización de Corredores Viales S.A. También se prepararon los pliegos que luego se replicaron en las licitaciones para privatizar los peajes. Por ese motivo, aunque la adjudicación de la ruta Rosario-Córdoba se concretó cuando Mogetta ya había dejado la Secretaría de Transporte —apenas quince meses antes—, Pagano pidió a la Justicia que investigue si el exfuncionario utilizó su cargo público para estructurar un negocio multimillonario del que terminó beneficiándose la empresa de su familia.
“El programa fue anunciado, diseñado y estructurado durante la gestión del denunciado, y en ese período se prepararon los pliegos y la convocatoria de su primera etapa (Tramos Oriental y Conexión). En consecuencia, el denunciado tuvo intervención decisoria en la planificación y el desarrollo del esquema de concesiones que luego se replicó en las etapas siguientes, entre ellas la que adjudicó el Tramo Centro a su empresa familiar”, planteó Pagano en el escrito.
La concesión se concretó el 20 de agosto pasado. Abarca 681 kilómetros de rutas en las provincias de Santa Fe y Córdoba, con tres estaciones de peaje existentes y otras tres por construir. La sociedad ganadora, Covicen S.A., está integrada por Guido Mogetta S.A., Afema S.A. y Pablo Federico e Hijos S.A.
Otro aspecto señalado en la presentación judicial es la ausencia de objeciones por parte de los organismos de control del Estado. Por eso, la denuncia también puso en la mira a los funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación que intervinieron en la evaluación, el control de incompatibilidades y la adjudicación del denominado “Tramo Centro”.
La empresa bajo la lupa es Guido Mogetta S.A., creada en 1979 en Catamarca por el padre del exfuncionario y dedicada a la construcción de obras de ingeniería civil, principalmente viales. Tras la muerte de su fundador, en 2015, pasó a manos de su viuda y sus hijos. Entre ellos estaba el entonces secretario de Transporte, que vendió su participación a sus hermanos en 2024. Dos de ellos, Guido y Karina, integran actualmente el directorio de la sociedad que obtuvo la concesión de los peajes del Tramo Centro.
En Catamarca
Por otra parte, Pagano denunció que, durante la gestión de Mogetta, la empresa familiar ganó importantes licitaciones de obras públicas en Catamarca.
La sospecha es que esos trabajos se financiaron con fondos provenientes de Nación. Una de las hipótesis en danza es que las obras habrían sido negociadas entre el Gobierno nacional y el gobernador Jalil para asegurar el voto de los legisladores catamarqueños a las leyes impulsadas por Milei.
Los trabajos incluyeron obras en rutas y en una costanera. Se realizaron durante 2024, cuando Mogetta todavía era secretario de Transporte. Ese mismo año, el exfuncionario cobró utilidades de la empresa familiar.
“Corresponde a la Justicia determinar el origen de los fondos con los que se financiaron esas obras —en particular, si provinieron del Tesoro Nacional— y si el denunciado tuvo intervención, directa o indirecta, en su realización”, plantea Pagano. “De verificarse, el denunciado habría sido proveedor del propio Estado que integraba y se habría interesado en contrataciones en las que intervino por razón de su cargo”.
Los delitos en los que podrían encuadrarse las denuncias son utilización de información reservada con fines de lucro, violación al régimen de ética en el ejercicio de la función pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, falseamiento de datos en la declaración jurada patrimonial, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Página/12