La titular del InSSSeP, Irene Dumrauf, se refirió en diálogo con CIUDAD TV a la denuncia penal promovida contra quienes integraron el Directorio del organismo previsional estatal durante la gestión anterior de Gobierno, en el periodo 2021- 2023, y contra el actual diputado provincial y exministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons. “Es una denuncia penal contra el exministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons.
Recordó que cuando asumieron la gestión avanzó en una auditoría de corte en el mes de diciembre “y anunciamos que nos encontramos con un gran desorden administrativo y con deudas muy importantes, millonarias, como por ejemplo una consolidada de 11.391 millones de pesos, una deuda flotante de 20 mil millones de pesos y una deuda en materia de seguros de más de 500 millones de pesos”.
Señalo que desde ese momento, comenzaron a realizar una auditoría. “Recibíamos todos los días acciones legales por el incumplimiento del pago de los seguros que referían de años atrás y, obviamente, esto demuestra que esos seguros que los afiliados debían haber cobrado en tiempo y forma, no lo habían hecho. No habían sido canceladas por la gestión anterior; seguros que se habían iniciado en 2021, 2022 y 2023”. “Y se tiene que justificar todavía ese valor porque es muchísimo dinero y hemos detectado casos a través de un trabajo que llevó adelante el síndico Juan Ignacio Cáceres que muestran que los intereses, entre intereses y honorarios, muchos de estos seguros tuvieron que ser abonados con un valor superior a 1.336% de su valor original”.
“Seguimos trabajando para poder cuantificar y vamos a tomar esos tres años anteriores porque entendemos que el no pago de estas acreencias de nuestros afiliados generó un daño patrimonial al InSSSeP. Alguien tiene que hacerse responsable de lo que pasó”, aseveró.
“Entendemos que como funcionarios tenemos, una vez detectada la irregularidad, la obligación de hacer la denuncia correspondiente. En este caso la denuncia penal. Y hemos solicitado también en esta presentación judicial un peritaje contable para calcular el impacto económico por omisión en trasferencias que incluyen intereses y costos judiciales. Esto es lo que queda por delante”, explicó.
“Cuando uno administra recursos ajenos lo tiene que hacer conforme a derecho, con mucha responsabilidad y seriedad y acá no solo se afectó al erario público sino a tantos afiliados que tuvieron que esperar hasta que lleguemos nosotros para empezar a cobrar estas acreencias”, manifestó.