La senadora es acusada de orquestar un plan para instalar ese mito y coaccionar a profesionales de la salud para que no atiendan a víctimas de abuso sexual.
Un amplio arco de referentes de derechos humanos, juristas y profesionales de la salud denunciaron penalmente a la senadora Carolina Losada por orquestar un plan para instalar el mito de que existen falsas denuncias contra abusadores sexuales de niñas, niños y adolescentes, y por coaccionar a profesionales de la salud para que no atiendan a víctimas de abuso sexual. “Las denuncias falsas no existen. Lo que hay es falta de denuncias y esto es porque denunciar es un laberinto cruel, caro y en general muy poco exitoso”, apuntó una de las denunciantes.
La denuncia fue presentada ante la justicia federal y alcanza también al senador Juan Carlos Pagotto y al exministro Mariano Cúneo Libarona. Está encabezada por el exjuez de Cámara Federal Carlos Rozanski, la psicóloga y periodista Liliana Hendel y la profesora consulta de la UBA Dora Barrancos, y fue firmada por una larga lista de referentes en derechos humanos, entre ellos, Nora Schulman, Nelly Minyersky, Taty Almeyda, Francisco “Paco” Olveira. Mónica Macha, Susana Toporosi, Diana Maffia y Alberto Kornblihtt.
Se acusa a Losada de liderar una operación sistemática destinada a intimidar a profesionales que asisten a niños víctimas de abusos sexuales y de realizar apología del crimen al ensalzar a condenados por pedofilia. Específicamente, los delitos son: coacciones, encubrimiento agravado, apología del crimen, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La maniobra, dice la denuncia, opera simultáneamente en la ciudad de Buenos Aires y en Santa Fe, pero tiene efectos en todo el país. El epicentro es el despacho de la senadora santafecina, que impulsa un proyecto de ley que ya fracasó dos veces, basado “en un fenómeno inexistente en la República Argentina”.
“Hay dos situaciones muy concretas que impulsan la presentación de esta denuncia. Una tiene que ver con detener el proceso que llevaría a convertir en ley un instrumento legal al servicio de castigar, disciplinar y volver a invisibilizar las violencias contra mujeres, niñas, niños y adolescentes”, dijo Hendel, secretaria de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidades de La Matanza, a Página/12. “En segundo lugar, esta denuncia invisibiliza a quienes están promoviendo esta ley lo que buscan es garantizar la impunidad de los violentos, algo que el sistema judicial desde su profunda misoginia viene demostrando desde hace mucho tiempo. Primero con los femicidios denominados en expedientes como crímenes pasionales. Y en las últimas décadas con las madres protectoras a las cuales invisibilizan y castigan legalmente sacándoles la posibilidad de maternar y cuidar. El mayor delito de ellas ha sido creerles a sus hijas e hijos, no denuncian falsamente”, agregó.
“Carolina Losada está llevando adelante un plan de coacción e intimidación a profesionales de la psicología y otras disciplinas para disuadirlas de atender a niñas, niños y adolescentes víctimas de abusos sexuales de todo tipo (intrafamiliar, en un ámbito institucional, trata de personas, explotación sexual infantil y pornografía infantil)”, dice la denuncia. Además, “la operación se dirige a presionar a los tribunales” que tienen que resolver casos que todavía no están firmes en el ámbito penal o que están en trámite ante los fueros de familia.
Las y los firmantes recuerdan que las llamadas “falsas denuncias” en el exterior del país son estadísticamente insignificantes; que en España, por ejemplo, las investigaciones del Consejo de Estado de ese país informó entre los años 2009 y 2021 la posibilidad de falsas denuncias sobre violencia de género sobre 1.055.912 casos el resultado es del 0,0084%. Es decir sin incidencia estadística alguna. Además, explican que en Argentina, las falsas denuncias ya están previstas en la ley desde 1949. “Es importante destacar que, sobre falsas denuncias de toda clase de delitos, si bien no se cuenta con estadísticas oficiales, en términos generales se manejan cifras por debajo del 1 por ciento. La característica de esa estimación es que se refiere mayormente a delitos económicos. Respecto de la falsa denuncia de abusos sexuales contra las infancias y adolescencias, no hay un solo caso”, apuntan.
Acusan a Losada también de hacer un “inédito desfile de pedófilos” por el Senado, “a quienes atribuyó la calidad de héroes que resultan víctimas del ‘hembrismo’”. Entre ellos, Diego Guacci, exentrenador de la Selección Argentina de fútbol femenino. Ninguno de esos casos resultó ser una falsa denuncia.
También la denuncian por haber fomentado revictimizaciones públicas. Se destaca el caso de Jazmín Carro, una joven que fue llevada al estrado del Senado en noviembre del 2024 para retractarse de haber denunciado a su padre, quien en realidad ya estaba condenado a 15 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante e incesto. También el de jugadoras de fútbol que fueron expuestas como paradigma de las falsas denuncias por haber denunciado a Guacci por diversos “hechos delictivos contra su integridad sexual y psicológica”. El 29 de abril pasado, en el Salón Auditorio del Senado de la Nación, varias de las afectadas testimoniaron sobre la maniobra y dieron a conocer las agresiones de todo tipo incluidas exigencias de contenido sexual de parte de Diego Guacci. “Quedó al descubierto en especial la intención de disciplinar y disuadir a toda aquella jugadora de fútbol o practicante de deportes a fin de que ante agresiones sexuales se abstenga de denunciar”, se lee en el documento. En esa jornada, Camila Gómez Ares, una de las jugadoras que se animó a denunciar, dijo: “El mensaje que están dando es triste y peligroso: si hablás vas a terminar peor de lo que estabas. Quieren que las futuras generaciones de jugadoras vean nuestro caso y digan: mejor me callo. Si el resultado de denunciar es quedar más desprotegida que antes, la impunidad va a seguir ganando. No podemos permitir que el futuro del fútbol femenino sea el silencio por miedo.”
–¿Por qué fue necesario recurrir a la justicia en este caso? -preguntó Página 12 a Rozanski.
–Siempre han existido los discursos mendaces sobre cuestiones de género y edad, en especial sobre abusos sexuales y violencias. Los levantan por supuesto los pedófilos, y todos los que los defienden y quienes hacen negocio con los abusos, la pornografía infantil, la trata. En este momento especial de nuestro país, el retroceso es sin precedentes y la persecución a madres protectoras y profesionales es siniestra. La finalidad del proyecto Losada es la intimidación de las profesionales que atienden niñeces abusadas, y está logrado. No denunciamos un proyecto de ley, denunciamos una operación simultánea en varias ciudades para generar terror en psicólogas, trabajadoras sociales y funcionarios judiciales. Es la mejor forma de defender a los pedófilos. Sin informes técnicos, nadie puede ser condenado. Con psicólogas atemorizadas no hay atención ni informes. La necesidad de ir a la justicia es porque los mecanismos tradicionales de control están desarticulados intencionalmente por la gestión Milei. Por ejemplo, Martín Menem bloqueó la posibilidad de la comisión de juicio político en la Cámara de Diputados durante dos años. Además, y por sobre todo, la maniobra de Losada y sus cómplices, es delito.
Página/12