Al menos esa cantidad de integrantes de la comunidad Qom del pueblo ubicado en la “puerta del Impenetrable”, terminaron heridos por la represión policial del martes último en horas del mediodía. Así lo informó a Salta/12 la defensora adjunta del Poder Judicial de la provincia del Chaco, Gisela Gauna Wirz. La funcionaria precisó que hasta el momento la médica forense asignada a tal fin revisó a unas 33 personas.
El jefe de la Policía del Chaco reconoció que recibió una orden expresa de la autoridad política de “no permitir ningún tipo de interrupción del tránsito”. Sin embargo, la represión se desató a pesar de que se había acordado que solo se cortaría media calzada de la ruta provincial 3.
La intervención de la defensora adjunta se inició el mismo martes en horas de la tarde, cuando llegó hasta Villa Río Bermejito a casi 70 kilómetros de Juan José Castelli, cabecera del departamento General Güemes.
Al ver a las personas heridas, Wirz consultó si habían denunciado estas agresiones. Algunos le respondieron que no se las querían recibir. Otros, en cambio, sostuvieron que preferían no presentar denuncias por temor a represalias. “Les dije que estaba dispuesta a acompañarlos y que si iban conmigo iban a estar amparados”, contó la funcionaria.
La defensora fue acompañada por un perito traductor, entre otros funcionarios. Como ya señalaron otras personas que concurrieron a este pueblo cuando se desató la represión, señaló que le llamó la atención la cantidad de policías.
Wirz habló con las autoridades a cargo de la comisaría local, les dijo que las personas lastimadas querían denunciar, sorprendentemente, se escudaron en una supuesta “cuestión de imparcialidad” que les impedía recibir las denuncias. “Les dije que con mi presencia esa cuestión quedaba subsanada”, indicó la defensora, quien agregó que también se encontraba en compañía de la coordinadora de Pueblos Indígenas en el Superior Tribunal de Justicia del Chaco.
La reticencia a denunciar duró hasta que uno de los referentes, Laurencio Rivero, que está entre los primeros golpeados en la represión, decidió formalizar una acusación.
Un acuerdo irrespetado
Según la versión de Rivero, iniciaron la caminata en reclamo de la restitución de beneficios sociales como pensiones no contributivas (por Invalidez) y la asignación universal por hijo.
El referente dijo que al pasar por la Comisaría, llegaron a un acuerdo con los jefes policiales para cortar solo media calzada de la ruta provincial 3. Pero antes de arribar al punto en que iban a realizar la protesta, vieron que estaba la Policía y una persona que fue identificada como uno de los jefes de la fuerza “dio la orden de que comiencen a reprimir”.
Los uniformados fueron directamente contra Rivero y varios de los manifestantes decidieron poner su cuerpo para protegerlo.
La denuncia del referente se extendió y la jornada del martes terminó a las 23.30. Por esto, la comitiva de la Defensoría Pública volvió el miércoles a Villa Río Bermejito, día en que encontraron a las personas lastimadas en una asamblea. “Incluso, algunos manifestaron que había gente que no pudo ir porque estaba en cama” por las lesiones provocadas por la represión, contó.
La comitiva explicó que podían y tenían derecho a denunciar. Pero aún no se animaban, entonces Rivero les dijo que él había denunciado y los instó a hacer lo mismo.
Preocupación
Gauna Wirz dijo que siente preocupación porque supo que comunidades de distintos puntos del Chaco tienen la idea de “salir al costado de la ruta” en protesta por los acontecimientos en Villa Río Bermejito.
Por otro lado, vio que en Villa Río Bermejito continuaba habiendo “movimientos extraños y camiones con tráileres” que llevaban caballos, al parecer, de la Policía Montada. “No quiero ser mal pensada. Pero me parecía una provocación”, afirmó.
Por su parte, el también referente de la zona Roberto Díaz mostró a Salta/12 una foto con tres balines, parte de los que quedaron tras la represión del martes. Sostuvo que uno es de plomo.
Del otro lado, la información oficial del gobierno del radical Leandro Zdero apunta contra los manifestantes, a quienes describe como “piqueteros” que utlizaron “bombas molotov”, además de hondas y palos, y lastimaron a 41 policías.
Ante la criminalización, el Comité contra la Tortura del Chaco emitió un comunicado en el cual sopesó las versiones de los hechos.
“El Jefe de Policía del Chaco, Comisario General Fernando Javier Romero, junto con el Subjefe, Comisario General Manuel Victoriano Silva, quienes se encontraban en el lugar, informaron a los comisionados que la represión se produce a partir de una supuesta agresión a personal policial, lo cual a la luz de los videos viralizados en redes sociales y portales digitales no queda del todo claro”, afirmó antes de indicar que debería haber una investigación judicial “para ratificar o descartar esta hipótesis planteada por la máxima autoridad policial”.
El Comité destacó que “Romero expresó que tenía afectados a este operativo a 350 policías de toda la provincia, que se quedarían 3 días en la localidad, y agregó que la policía del Chaco no hace ningún tipo de mediación o gestiones ante organismos o ministerios, destacando que la orden expresa que tiene de la autoridad política es no permitir ningún tipo de interrupción del tránsito”.
“La represión a una protesta social pacífica constituye un hecho de extrema gravedad. El uso de la fuerza estatal debe regirse por los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad, especialmente cuando se trata de comunidades históricamente vulneradas”, señaló el presidente del Comité contra la Tortura del Chaco, Darío Gómez.
Por su parte, la vicepresidenta de este Comité, Romina Duarte, sostuvo: “nos preocupa la criminalización de la protesta y el despliegue de fuerzas policiales desmedidas en contextos donde se reclaman derechos básicos. Estamos acompañando a las víctimas y monitoreando la situación para garantizar que no haya nuevas vulneraciones”.
Página 12