El juez federal de Orán, Gustavo Montoya, hizo lugar ayer a un pedido del fiscal federal Marcos Romero y remitió un oficio al Ministerio de Defensa de la Nación requiriéndole información sobre la Operación Presidente Julio Argentino Roca, que posibilita la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior.
El fiscal dictaminó que el Juzgado Federal de la ciudad de Orán es competente para entender en la acción de habeas corpus colectivo preventivo presentada el 26 de mayo por organismos de derechos humanos de Salta pidiendo que se prohíba la aplicación de esta Operación hasta que se resuelva el planteo de inconstitucionalidad que hicieron en contra de los decretos de necesidad y urgencia 1107/24 y 1112/24 y de la resolución ministerial 347/35, dictados por el gobierno de Javier Milei y el ministro de Defensa, Luis Petri, para habilitar la participación de las fuerzas armadas fronteras adentro.
En el dictamen el fiscal pidió que el Ministerio de Defensa dé detalles sobre la operación militar que prevé desarrollar en las zonas inhóspitas de la frontera norte, según indicó en su momento el ministro Petri. Esta Operación Roca es parte del Plan Güemes, se refuerzo del control en la zona de frontera.
El juez le requirió a Defensa que informe si la Operación Roca “se encuentra actualmente en su faz operativa en la frontera norte de la provincia de Salta y se precise en qué ciudades/localidades se efectúa el despliegue del personal de las Fuerzas Armadas”.
Asimismo, le requirió que precise “el alcance y sentido de las reglas de empeñamiento que conforman el Anexo I” de la resolución 347 de la cartera de Defensa. Estas reglas, las directivas que indican cuándo y cómo pueden usar la fuerza durante operaciones, permanecen secretas por ahora.
El juez también pidió que Defensa “explique en caso de detención de personas por parte del personal de las Fuerzas Armadas, cuál sería el protocolo contemplado para la comunicación y puesta a disposición de las autoridades judiciales”. En este punto, el magistrado recordó que en la provincia de Salta se encuentra vigente el Código Procesal Penal Federal que contempla el sistema acusatorio adversarial, al que debería ajustarse el protocolo.
El Plan Güemes, y más aún la Operación Roca, vienen siendo cuestionados por la profundización de la represión y la respuesta punitiva del Estado en la frontera. En ese sentido, organismos de derechos humanos de la provincia consideran que estas acciones van contra los trabajadores de frontera, cuyo rasgo característico es la informalidad, y por otra parte, no cumplen con el objetivo de controlar el narcotráfico, la trata de personas y el crimen organizado, las razones que el gobierno nacional y el de Salta esgrimen para sustentar el Plan y el Operativo.
De hecho, ocho días después de iniciado el Plan Güemes, en diciembre del año pasado, el bagayero Fernando Gómez fue asesinado en Aguas Blancas, un hecho por el que están acusados cinco gendarmes. En febrero, en la ciudad jujeña de La Quiaca, fue asesinado, también por gendarmes, el comunero Ivo Rodrigo Torres.
Las organizaciones que presentaron el amparo afirmaron que ambos operativos “ponen de manifiesto que la intención del gobierno nacional no es prevenir ni erradicar el narcotráfico, sino reprimir y castigar a migrantes y a trabajadores informales de la frontera, disponiendo inútilmente recursos del Estado, y con el consecuente incremento de la violencia institucional y social”.
En la acción de hábeas corpus, cuestionan que los decretos presidenciales modifiquen leyes aprobadas por el Congreso, y flexibilizan “de manera exagerada los supuestos en que las Fuerzas Armadas podrían intervenir, colocando en riesgo a toda la población tanto nacional como extranjera que pretendiera ingresar al país, sea con fines de tránsito o permanente”.
También hacen un llamado de atención sobre la posibilidad de que se produzcan detenciones ilegítimas o arbitrarias.
Asimismo, cuestionan el carácter de reservado de las Reglas de Empeñamiento, lo que “genera un estado de inquietud ciudadana, zozobra e inseguridad respecto al alcance de las eventuales acciones que pudieran realizar las fuerzas armadas respecto de los individuos”, y piden precisamente que la Justicia ordene la “inmediata desclasificación” de estas directivas.
Página/12