Decreto 70/23: la columna vertebral de un plan injusto y cruel

Una por una, las consecuencias del DNU fundacional del gobierno de Javier Milei. El daño provocado a consumidores, trabajadores, inquilinos y otros sectores. Y los beneficios otorgados a empresas, empresarios y a la concentración de la renta y el capital.

Por Adrián Murano

El DNU 70/2023 manifestó fuerte y claro que el gobierno que gerencia Javier Milei no solo pretendía ajustar cuentas: venía a reordenar el sistema de poder en favor de la élite que lo incubó. Viciado de origen -fue redactado por abogados externos coordinados por Federico Sturzenegger, un economista que ni siquiera tenía contrato con el Estado como asesor- el decreto de necesidad y urgencia retiró protecciones legales, redujo la intervención del Estado y amplió la libertad de contratación y comercialización en beneficios de los sectores más fuertes de la economía.

¿Quién perdió derechos o capacidad de negociación y quién ganó ventajas que se multiplicaron en más ingresos, más patrimonio y más poder de mercado? Lo que sigue es un resumen de los cambios y consecuencia provocados por un digesto normativo con pretensiones de reforma constitucional.

1. Consumidores: sin red frente a las empresas

• Normativa: derogación de la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y el Observatorio de Precios.
• Perjuicio: el Estado perdió herramientas para intervenir ante desabastecimiento y distorsiones de precios, y desaparecieron las reglas que limitaban la ocupación de góndolas por grandes proveedores.
• Beneficio y concentración: supermercados, fabricantes y cadenas ganaron libertad para fijar condiciones de venta. Las empresas con más escala y poder de negociación refuerzan su ventaja sobre los pequeños productores.
• Consecuencia: el consumidor quedó más expuesto los abusos del mercado.

2. Inquilinos: la estabilidad pasó al propietario

• Normativa: derogación de la Ley de Alquileres.
• Perjuicio: desaparecieron el plazo mínimo legal de tres años, la actualización anual obligatoria y otras condiciones protectoras para los contratos nuevos.
• Beneficio y concentración: los propietarios negocian plazos, aumentos, índices y moneda de pago. Con mucha demanda y pocas viviendas accesibles, la libertad contractual favorece a quien tiene el inmueble frente a quien necesita un techo. Los dueños de varias propiedades pueden ampliar sus ingresos, según precios, ocupación y costos.
• Consecuencia: más incertidumbre contractual y una porción creciente del ingreso familiar destinada a vivienda.

3. Trabajadores: la reforma laboral antes de la ley

• Normativa: capítulo laboral del DNU, afectado después por decisiones judiciales.
• Perjuicio previsto: ampliación del período de prueba, cambios en indemnizaciones y registración laboral, y restricciones a determinadas medidas de acción sindical.
• Beneficio buscado: menos costos de contratación, despido y conflicto para los empleadores, con más margen de decisión frente a trabajadores con poca capacidad individual de negociación. Si ese ahorro no se traduce en salarios más altos, más empleo o precios más bajos, engorda márgenes empresarios.
• Aclaración: el capítulo fue invalidado por la Justicia y varios de sus temas pasaron a formar parte de leyes específicas, como la Ley Bases y la Reforma Laboral. De todos modos, hay normas incluidas en el decreto que desde entonces están vigentes, como la eliminación de multas a la contratación de empleo informal. Consecuencia de eso, la informalidad laboral crece de manera sostenida durante el gobierno de Milei.

4. Salud: prepagas con precios libres

• Normativa: modificación de la Ley de Medicina Prepaga y eliminación de controles sobre las cuotas.
• Perjuicio: aumentos significativos, deterioro de la capacidad de pago y riesgo de perder la cobertura.
• Beneficio y concentración: las empresas ganaron libertad para fijar precios y trasladar costos, y una parte mayor del ingreso familiar fluye hacia ellas.
• Evidencia: en abril de 2024, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia halló indicios preliminares de coordinación de precios entre grandes prepagas. El Gobierno ordenó recalcular las cuotas de un grupo de empresas que reunía cerca del 75% de los afiliados.
• Consecuencia: liberar precios en un mercado concentrado expone a los usuarios y obliga al Estado a intervenir después.

5. Producción nacional y pymes: menos protección

• Normativa: derogación parcial del régimen de Compre Argentino y de promoción industrial, y cambios en el comercio exterior.
• Perjuicio: las pymes perdieron instrumentos que favorecían a proveedores nacionales en ciertas contrataciones y actividades.
• Beneficio y concentración: grandes compradores e importadores ganaron libertad para elegir proveedores. Las compañías con financiamiento, escala y redes internacionales aprovechan la apertura mejor que la pequeña industria.
• Consecuencia: el debilitamiento de los proveedores locales, junto a la apertura importadora, provocó un industricidio de más de 30 mil empresas en la era Milei.

6. Tierras rurales: el límite que detonó la calle

• Normativa: el artículo 154 deroga la Ley de Tierras 26.737.
• Perjuicio: se eliminan los límites específicos a la propiedad extranjera de tierras rurales y una herramienta de control sobre el territorio.
• Beneficio y concentración: los grandes capitales pueden adquirir tierras sin esos topes, con riesgo de acumulación en pocos grupos y más dificultades de acceso para el productor chico.
• Situación actual: La Corte Suprema primero habilitó y diez días después suspendió de forma provisoria los efectos del artículo 154. En esa ventana de oportunidad, inmobiliarias y particulares pusieron en venta miles de hectáreas en todo el país. El miércoles 14, en la jornada previa a la sesión especial y la marcha convocada para reclamar la derogación del DNU, el gobierno giró a contramano de si mismo e incluyó un artículo que ratifica los límites de la Ley de Tierra. La intención: desinflar la marcha en contra. La trampa: quienes pretendan saltear la ley cuentan con dos mecanismo posibles, obtener por 350 mil dólares el Pasaporte de Oro que promociona el gobierno, o antedatar operaciones de compra a las fechas comprendidas por la ventana abierta por la Corte.

7. Empresas públicas: negocio llave en mano

• Normativa: transformación de empresas estatales en sociedades anónimas y eliminación de ciertas prerrogativas públicas.
• Perjuicio potencial: debilitamiento de instrumentos de gestión con objetivos sociales, territoriales o estratégicos.
• Beneficio y concentración: activos públicos sensibles y estratégicos, como la provisión de energía y el acceso al agua, pasaron a manos de grandes grupos económicos hiper concentrados, con ganancias garantizadas por subas de tarifas y condonaciones de deuda otorgadas por el Estado disminuido.

8. Tarjetas de crédito: libertad para la usura

• Normativa: modificaciones a la Ley de Tarjetas de Crédito y eliminación de ciertos límites y regulaciones.
• Perjuicio potencial: usuarios más expuestos a tasas, cargos y condiciones contractuales con menos regulación.
• Beneficio y concentración: las entidades financieras ganaron libertad para fijar condiciones. Los costos financieros pueden operar como una transferencia desde consumidores endeudados hacia bancos y emisoras.
• Consecuencia: más vulnerabilidad para los hogares que financian consumos cotidianos con crédito, sobre todo si sus ingresos no acompañan el costo de la deuda.

9. Producciones regionales: asimetrías en la cadena

• Normativa: derogación o modificación de normas de actividades como la vitivinicultura, la yerba mate y el azúcar.
• Perjuicio potencial: los pequeños productores perdieron mecanismos específicos de regulación y coordinación sectorial.
• Beneficio y concentración: los grandes operadores ganaron margen para organizar producción, comercialización y contratación, y las empresas integradas pueden imponer condiciones a quienes dependen de pocos compradores.
• Consecuencia: riesgo de que se profundicen las asimetrías dentro de las cadenas productivas.

Con las evidencia y la experiencia a la vista, los diputados tendrán este jueves la oportunidad de darle punto final al DNU, que ya cuenta con derogación parcial del senado. Quienes no lo hagan, deberán ser considerado cómplices activos y a conciencia de un plan injusto y cruel.

El Destape