La intención es desregular el sector eléctrico y reducir la participación del Estado. Sin embargo, el gobierno eligió un camino gradualista para evitar la disparada de tarifas y porque la macro genera dudas en el sector.
El Gobierno nacional avanza de manera discreta en una profunda reforma estructural del sector eléctrico que va a generar un cambio radical en el sector. La principal modificación tiene que ver con reducir lo máximo posible el rol del Estado y dejar que los privados (productores, generadoras, transportistas y distribuidoras) dinamicen al sector. Cammesa, la compañía mixta que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y es controlada por el Poder Ejecutivo, dejará de intervenir como lo viene haciendo desde hace más de 20 años.
La reforma tiene un período de transición de 24 meses para reducir el impacto en el precio de la energía en los usuarios, por eso culminará a mediados de 2027, en plena campaña presidencial.
Sin embargo, la gestión libertaria pretende ir dando pasos concretos hacia un mercado donde los contratos entre los privados reflejen el precio real de la energía. El plazo de dos años para es para evitar un salto significativo en las tarifas de los usuarios residenciales. La reforma implica no solamente la eliminación de los subsidios en la política tarifaria, sino que, además, elimina la participación del Estado en los contratos.
Conceptualmente, el plan implica una vuelta al rol que tenía Cammesa en los años ’90, cuando el mercado estaba desregulado y la compañía mixta tenía una participación marginal. La reforma está prevista en la Ley Bases aprobada el año pasado. Pero se vienen aplicando de manera gradual mediante resoluciones parciales.
El gobierno libertario aceleró la desregulación a partir de julio con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 450, que modificó aspectos centrales de la ley de energía eléctrica 15.336 y la 24.065, que otorga el marco regulatorio al sector.
El área energética del gobierno, a cargo del viceministro de Energía y Minería, Daniel González, y la secretaría de Energía, María Tettamanti, lidera la reforma y aplica la velocidad justa para evitar un salto en las tarifas (menos en un año electoral). Además, la macro todavía no acompaña para que las generadoras y distribuidoras firmen un contrato de abastecimiento, sobre todo si persiste el riesgo que se dispare el dólar y las tarifas queden atrasadas, explicó a El Destape una fuente del sector de generación.
De todos modos, la definición para avanzar en la desregulación del sector está y el Gobierno quiere avanzar en la reforma que les permita a los privados firmar contratos de compraventa de energía sin la intervención estatal. Es decir, que los privados actúen sin la necesidad de que Cammesa participe de la compra de combustibles para generación, ni la adquisición de energía eléctrica para venderla a las distribuidoras, como ocurre desde la salida de la convertibilidad, ni en las importaciones.
En la primera etapa de la reforma, el gobierno pretende controlar el precio de la energía para que no haya un pasaje a las tarifas en el caso de que el costo de generación se incremente. El sector que sí va a sentir una suba serán los grandes usuarios de la red de distribución.
La desregulación del sector pretende que las industrias y grandes comercios firmen contratos directos con las generadoras (sin intermediación de las distribuidoras). Esta liberalización del permitiría, luego, que las empresas realicen inversiones para ampliar las redes, la infraestructura y las líneas de alta tensión, al menos eso es lo que argumentan en el gobierno y en el sector.
Contratos del Plan Gas
Como parte del gradualismo y para evitar problemas mayores, el gobierno ya anticipó que respetará los contratos del Plan Gas, el programa que fija un precio para incentivar la producción local de gas natural que se implementa a partir de licitaciones. Esos contratos finalizan en 2028.
El programa lo lanzó originalmente Axel Kicillof en 2013 cuando era ministro de Economía y tuvo varios nombres formales, pero el sentido principal se mantuvo desde el gobierno de Cristina Fernández, de Mauricio Macri, de Alberto Fernández y también en el de Javier Milei. Una auténtica política de Estado, como tanto se reclama.
En este plan, que ya lleva más de una década de vigencia, el precio está fijado y el Estado es el único offtaker (comprador) comprador del gas de las productoras, para que -luego- las generadoras eléctricas se garanticen el abastecimiento. De no interrumpirse el plan, a partir del 1° de enero de 2029 el Estado dejará de participar.
El Destape