Los abogados del empresario se presentaron en el incidente de nulidad que tramita a raíz del planteo de otro imputado, Mario Rovella, quien entregó un acta firmada ante escribano de manera previa a ser indagado, en la cual anunciaba que “confesaría” bajo coacción para evitar quedar detenido, según los escritos a los que accedió Télam.
A raíz de la presentación de Rovella ante el Tribunal Oral Federal 7 que prepara el futuro juicio por supuesto pago de sobornos al gobierno kirchnerista por parte de empresarios se abrió un incidente de nulidad
En la causa también está enviada a juicio la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En el marco de ese incidente se presentó la defensa de Roggio para “adherir al planteo de nulidad” de Rovella y pedir a los jueces que se disponga prueba vinculada” para que pueda advertirse la secuencia entre las declaraciones, detenciones y libertades, de cada una de las personas” involucradas.
Los abogados de Roggio, Jorge Valerga Aráoz y Jorge Valerga Aráoz (hijo), reiteraron que las causas en las que está procesado el empresario, derivadas de la central que investiga los cuadernos del remisero arrepentido Oscar Centeno, “habían nacido con un vicio imperdonable consistente en que el juez Bonadío había interrogado a Aldo Benito Roggio por fuera del objeto procesal y que había excedido en creces sus facultades como juez, abusando de su posición y subrogando al fiscal en la actividad persecutoria”.
También aludieron al “contexto ilegal” de su declaración, similar al mencionado por los abogados de Rovello y del que “surgía que Aldo Roggio se había visto compelido a declarar del modo en que lo hizo porque, de lo contrario, quedaría detenido”.
“Antes que nuestro asistido habían declarado 17 empresarios, de los cuales 6 quedaron detenidos y 11 fueron liberados; los 6 detenidos no se acogieron a la ley del arrepentido, y los 11 liberados previa homologación del acuerdo por parte del Juez, sí se acogieron a ella”, resumieron.
En su escrito, la defensa de Rovella advirtió que su “confesión” se obtuvo “bajo la intimidación -expresada en concretos actos procesales irregulares (arbitrarios) previos llevados a cabo por el juez instructor (inquisidor)-, que consistía en que los imputados que no admitían y validaban las anotaciones efectuadas por Clarens (o, en su momento, por Centeno), perdían su libertad ambulatoria”.
“Es decir, el Sr. Rovella debió ‘confesar’ coaccionado por la amenaza de sufrir un mal grave e inminente, como lo era la privación arbitraria de su libertad y, para dejar constancia de que su voluntad se encontraba viciada, asentó en un instrumento público la situación ilegítima a la que se hallaba sometido”, agregaron en relación al acta suscripta en una escribanía y entregada al Tribunal.
Télam