El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, reveló que las aperturas de concursos preventivos se dispararon más del 130% en el último año solo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pronosticó que el 2026 romperá el récord que se alcanzó en pandemia.
Ante este escenario, Daniel Rosato le reclamó al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, una intervención urgente ante la “crisis terminal” que atraviesan las pymes y exigió al Congreso nacional que ponga en tratamiento legislativo y apruebe “en lo inmediato” el proyecto de ley de emergencia económica para evitar un cierre acelerado y masivo de empresas.
“Habíamos alertado que este año íbamos a llegar con el cierre de más de 1.000 pymes, pero el ritmo que vemos de la degradación de la economía local y las presentaciones de concursos preventivos de cierre nos demuestra que el daño al entramado productivo es mucho peor. Porque estos son solo datos de Capital Federal, pero aún restan los del resto del país para medir la real magnitud de la crisis. Por eso no hay tiempo de debatir ideologías, sólo de salvar a las empresas y a sus trabajadores, que son los perjudicados ante tanta inacción”, afirmó el presidente de IPA.
Rosato dio precisiones del avance de la crisis junto con el titular del Departamento de Legales de IPA, Germán Pizzano, quien alertó por el inminente colapso judicial y productivo del sector manufacturero, tras revelar que las aperturas de concursos preventivos se dispararon casi un 132% en el último año.
“La actual coyuntura empresarial se caracteriza por el cierre de 24.437 empresas entre noviembre de 2023 y principios de 2026”, detalló Pizzano a través de un documento elaborado por el área legal de IPA. Las consecuencias sociales de esta extinción de unidades productivas son dramáticas, ya que “327.813 trabajadores perdieron la cobertura del sistema de riesgos del trabajo”.
El informe de IPA advirtió que la contracción productiva desencadenó un grave proceso de desinversión, el cual “se cristaliza mediante la pérdida neta de la inversión extranjera directa”, arrojando un saldo negativo que resulta “histórico y sin precedentes, la primera vez en 22 años”.
En ese sentido, Pizzano explicó que, frente a la crisis, importantes firmas multinacionales abandonaron el país, mientras que otras empresas locales buscaron sobrevivir transformando su matriz productiva: “se adaptan con destreza darwiniana al modelo de dólar barato y apertura económica, reconvirtiéndose en importadores”.
Esta parálisis del entramado Pyme tiene un correlato judicial alarmante que satura a los tribunales. El documento del Departamento de Legales puntualizó que, según datos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante 2025 se registró “la apertura de 190 concursos preventivos, contra 82 en el año 2023; es decir un incremento del 131,71%”.
La inercia destructiva empeoró en el arranque de este año: “durante el lapso transcurrido del primer trimestre judicial, es decir los meses de febrero, marzo y abril de 2026, se abrieron 92 procesos concursales”. De hecho, durante el ciclo pico de la pandemia se ejecutaron 106 concursos preventivos de crisis, en contraste con los 190 del año pasado.
La gravedad de la estadística radica en que “en el primer trimestre judicial se abrieron más concursos que los registrados durante los años 2021 a 2024 respecto de cada año”. Ante la impotencia patrimonial que empuja a las Pymes a un “fatal resultado falencial”, el informe de IPA subrayó la incalculable pérdida de capital que significa tener bienes de uso inactivos, en un marco donde existe una “capacidad ociosa del 40,2%”.
Sin embargo, Pizzano aclaró que lo peor del cierre de fábricas no es el costo contable, ya que “más trágica resulta la pérdida de la fuente de trabajo, directa e indirecta, y la afectación negativa a los stakeholders, al macro y micro entorno de las empresas”.
Para evitar la quiebra definitiva de las compañías o la ejecución judicial de sus bienes, desde IPA plantearon una salida apoyada en el Derecho de la Emergencia. El objetivo es implementar un “remedio paliativo y transitorio de emergencia, para que las pymes puedan recuperar capital de trabajo”.
“Se encuentran en trámite varios proyectos de legislación de Emergencia, a modo de una nueva versión de la Ley 25.563, con suspensión de ejecuciones hipotecarias y prendarias, extensión del período de exclusividad, facilitación al acceso a la solución preventiva, etc. No se trata de modificaciones definitivas, profundas, necesarias y consensuadas del sistema concursal sino de un remedio paliativo y transitorio de Emergencia, para que las pymes puedan recuperar capital de trabajo”, señaló IPA.
Pizzano sostuvo que “el empresario pyme necesita tiempo para recuperar un capital de trabajo positivo y la única forma de conseguir ese tiempo valiosísimo es una legislación de emergencia”. Esta herramienta permitiría oxigenar las finanzas de las fábricas hasta lograr que “el ingreso por ventas totales resulte superior a los costos totales de producción”.
El documento institucional de IPA concluyó que este blindaje jurídico debe ir obligatoriamente acompañado de un viraje en el rumbo del país, debido a que “la espera que puede lograrse mediante una legislación de emergencia sería en vano si no mejoran las condiciones macroeconómicas propicias para el desarrollo del mercado interno que posibilite la recuperación productiva, niveles de empleo, salario real y consumo masivo”.
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